Por: LUIS ACEVEDO.
@lusacevedop
El sistema de seguridad social de los mexicanos enfrenta una de sus peores crisis en muchos años. Y esto sucede a pesar de la cobertura en materia de salud y educación, ya que las expectativas para el retiro digno de los trabajadores son, en general, mediocres e inciertas.
Diversos factores presionan sobre este problema creciente.
Los mexicanos en edad de trabajar transitan entre el sector formal y el informal, lo que reduce el periodo de cotización y el monto de recursos acumulables para el retiro. Actualmente, 6 de cada 10 trabajadores que forman parte de la población ocupada subsisten en la informalidad y, en consecuencia, no tienen acceso a la seguridad social ni un futuro asegurado.
En efecto, las aportaciones que en promedio pueden generar los trabajadores a sus fondos para el retiro es de solamente 6.3 por ciento de su salario siendo que en otros países, similares o incluso más pequeños que el nuestro, el promedio es de 15 por ciento.
A este factor hay que agregar el incremento en la esperanza de vida que presiona, por una parte, a los sistemas de pensiones tradicionales, entre los que sobresalen el IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE, universidades públicas, banca de desarrollo y estados, que deben que ser financiados con recursos fiscales. Pero, por otro lado, el creciente envejecimiento de los mexicanos ha propiciado que la tasa de reemplazo (que correspondiente a la proporción del último salario que recibiría un trabajador al momento de jubilarse) se ubique apenas en 30 por ciento, muy abajo del promedio prevaleciente entre los países de América Latina, en donde llega a 62 por ciento.
Información oficial indica que durante 2016 cada día en México 1, 834 personas alcanzarán los 65 años (la edad de jubilación) en nuestro país y para 2050 se incorporarán 4,116 diariamente, población para la que su futuro es incierto y en buena medida sin cobertura social.
Hoy la probabilidad de que un anciano de 65 años o más enfrente exclusión social, entendida como la no participación en los recursos económicos, sociales, políticos y culturales de los que dispone el resto de la sociedad, es muy elevada.
Entre las causas de esta exclusión está el retiro obligatorio del mercado de trabajo con lo que automáticamente se le coloca en los umbrales de la pobreza, ya que una persona inactiva generalmente ve reducidos sus ingresos a menos de una tercera parte, lo que se agrava si la salida del mercado laboral se da con alguna forma de deterioro.
Y esto no es privativo para el anciano sino, en su caso, también para su familia.
En la Encuesta Intercensal 2015, el INEGI advierte que, en los próximos años, la razón de dependencia a nivel nacional será de 10 personas de 65 o más años por cada 100 en edad laboral. Y para empeorar el panorama, el 82 por ciento de los ancianos mexicanos vive algún grado de pobreza, ya sea monetaria o alimentaria; siendo peor entre las mujeres, especialmente en el medio rural.
Con ello, la reforma del sistema financiero y, en especial el de pensiones, con elevadas utilidades para las instituciones, pero escasa calidad y rentabilidad para los trabajadores, ha contribuido a perfilar desconfianza en el ahorro para el retiro.
El problema de los pensionados y jubilados tiene que ver con la corrupción de autoridades y patrones, la falta de competencia entre las instituciones encargadas del ahorro para el retiro, la ausencia de políticas públicas que promuevan la contratación y permanencia en el sector formal, además de la falta de estímulos fiscales que premien la reinversión productiva en empleos duraderos y salarios remunerativos para poder ahorrar en favor del retiro con una vejez digna.
@lusacevedop
Fuente: Sdpnoticias.com
















