Por: Miguel B. Treviño.
Todo es táctica: deslinde de la Administración anterior, nombrar enviados especiales para emergencias, amansar gobernadores para que se sujeten al Centro, dar escenografía a los mensajes, hacer malabares para evitar que los problemas se desborden, patear para después las definiciones sobre la raíz de los problemas.
¿Y de la apuesta de fondo de Enrique Peña Nieto para recuperar la paz?, ¿cuál sería la crítica? Ninguna. No hay apuesta. Estamos frente a un equipo que domina el arte de driblear coyunturas.
El contraste con la forma en que abordó la crisis el presidente Felipe Calderón es dramático. Hay mucho que aprender de sus errores, pero sería injusto decir que no se hizo de una visión y una estrategia propias. Tal vez quien mejor verbalizaba la visión calderonista era el ex guerrillero salvadoreño, ahora académico de la Universidad de Oxford, Joaquín Villalobos: tras la alternancia, una de las herencias de la hegemonía del PRI fue un país sin policías. El Estado no estaba preparado, según su visión, para enfrentar la crisis y nunca lo estaría a menos de que se le forzara a ello. La “guerra” contra el crimen organizado, con toda la violencia que provocó, era la única manera de presionar a todos los órdenes de gobierno a construir la fuerza pública y meter al redil a municipios, estados y la Federación en el reclutamiento, depuración y remuneración policiacas.
Las críticas al enfoque calderonista son interminables: los 100 mil muertos, provocar más violencia de la que había, abusos de policías y militares, desapariciones, los costos económicos y sociales de una agenda monotemática. Pero también hay que decir que tener una visión y una estrategia abre la posibilidad de cosechar avances, más allá de sortear la coyuntura. El lugar que llegó a ocupar la profesionalización policiaca en la agenda de gobernadores y alcaldes a partir del sexenio anterior fue fruto de una política de seguridad que era más que mercadotecnia.
En el faro desde el que Enrique Peña Nieto y su equipo ven al país hay tableros de control, pero todos tienen que ver con la política. No se ve por dónde se construyan los pilares de la seguridad democrática con la paciencia y perseverancia que esto supone. El mejor ejemplo es la manera en que se desaprovecha el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) como manija desde la que se puede dar dirección a los esfuerzos de seguridad de municipios y estados. El abandono de esa palanca presupuestaria lo explica de manera concisa el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (ciep.mx): en 2014, el 87% de los 8 mil millones de pesos del FASP se van a repartir por inercia de acuerdo a lo gastado antes por cada entidad. Importa poco si han depurado, si implementan la reforma de justicia, si transparentan la información. Nueve de cada 10 pesos tienen como único propósito evitar pleitos con los gobernadores. El 13% restante se distribuye administrando premios y castigos, dependiendo de si se trabaja en depuración, transparencia, reforma de justicia. Y, sin embargo, no hay forma de vigilar que así sea. Quienes formamos parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública tampoco sabemos cómo se justifica la entrega de estos recursos, por más que pedimos que se abran las evaluaciones de los estados.
Los municipios son el orden de gobierno que más ha contribuido a recuperar seguridad pública en las ciudades azotadas por la violencia. La Ley de Coordinación Fiscal habla de recursos que tendrían que distribuirse de acuerdo a la efectividad de los esfuerzos emprendidos desde el municipio. En la práctica, la fórmula del FASP ignora este criterio.
Para la Administración de Peña Nieto gobernar es recolectar símbolos de avance. En materia de seguridad, los símbolos están en el abordaje de emergencias: actuar rápido, comunicar con contundencia, apagar fuegos.
Si el presidente Calderón le dio la seguridad a los soldados, Peña Nieto se la encargó a los bomberos. ¿Qué estará peor?
@miguelbtrevino
Fuente: Reforma.
















