Por: LUIS ACEVEDO.
@lusacevedop
Con las manifestaciones en contra del gasolinazo surge la pregunta ¿Cuál será el papel que jugará la Suprema Corte de Justicia de la Nación: dejar que las cosas sigan como hasta ahora y permanecer sometida a los dictados de la Presidencia de la República o cumplir con su responsabilidad constitucional?
De la resolución que emita la Segunda Sala respecto del amparo interpuesto por PEMEX para beneficiar a su sindicato,
en contra de una resolución de 2013 del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, la CFC que presidió Eduardo Pérez Mota, en la que se planteaba como prerrequisito para cualquier acción de cambio estructural del país en materia petrolera, sea modernización, reforma, privatización o como se le quiera llamar, que se le quitara al sindicato el privilegio monopólico en el transporte de combustibles.
Eso y el acceso de los amparos populares a la medida impuesta por el gobierno federal, marcarán si el máximo órgano de justicia popular tiene interés por hacer valer el espíritu social que le confirió la Constitución o si es simplemente un despacho más de la Presidencia de la República.
La resolución de la Suprema Corte es esencial porque si se falla en favor de la resolución de hace tres años, se estaría actuando en beneficio de la economía nacional y al abrir uno de los cauces más importantes de la competencia económica y se le daría sentido a buena parte de los argumentos técnicos que, a destiempo, han pretendido dar soporte a una decisión que golpea directamente a los bolsillos de todos, pero mucho más a los quienes menos tienen, por sus efectos colaterales.
De acuerdo a la resolución del Pleno de aquella CFC, el gobierno federal le había otorgado de manera privilegiada a su sindicato para que exclusivamente ellos transportaran las gasolinas y el diésel entre las terminales de almacenamiento y las gasolinerías.
Esa operación se estimaba, en aquel entonces, en una ganancia neta para el sindicato del orden de los 280 mil a más de 300 mil millones de pesos al año, que no se canalizarían a las arcas de PEMEX sino a las del sindicato petrolero.
Lo peor de todo, es que esos recursos que han enriquecido a la dirigencia de un gremio, de por sí privilegiado, los seguimos pagando los consumidores de gasolinas. Ni siquiera es un gasto de inversión o de ganancia para los empresarios gasolineros.
Todavía más, el transporte de los combustibles se hace con vehículos que no necesariamente son propiedad del sindicato, sino que son propiedad de la nación. Así es que el negocio es redondo para un pequeño sector de la población.
Así pues, es difícil no estar molesto y confiar en la autoridad cuando a lo largo de cuatro años fue omisa y simuladora, que plantea como necesidad de establecer un proceso de liberalización de precios, tal como lo establece la economía de mercado, pero manteniendo privilegios económicos a un sector que forma parte de su estructura política y del que se vale no solo para financiar campañas sin para promover el voto a su favor, claro.
Por eso es importante ver qué papel jugará la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este que será un tema crucial para la credibilidad y la justicia.
@lusacevedop
Fuente: Sdpnoticias.com
















