Por: Sergio Elías Gutiérrez.
Después de mucha polémica, asumió el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia el recién designado Eduardo Medina Mora Icaza.
Desde 1995, cuando se aplicó la reforma constitucional a la Corte, ninguna de las designaciones había levantado tanta inconformidad.
La reforma de ese año prohibió designar como ministros a secretarios de Estado, diputados y senadores a menos que se separen un año antes de sus cargos. La prohibición no incluía a embajadores, quienes dependen del Ejecutivo tanto como un secretario de Estado.
Valga un poco de historia de la evolución de la Suprema Corte como contexto.
La Constitución de 1917 señalaba que la Corte se compondría de 11 ministros, y funcionaría en pleno. La elección la hacía el Congreso con la asistencia de dos terceras partes y por mayoría absoluta. La propuesta surgía de las legislaturas de los estados.
En 1928 se reformó la Constitución para establecer la facultad del Presidente para designar a los ministros con aprobación del Senado.
Se exigía para ese cargo, además de la edad, un título profesional y haber residido en el país los últimos dos años, salvo servicios a la nación en el extranjero que no excedieran de seis meses. Dicha condición subsiste, pero se eliminó el término de los seis meses.
En la reforma de 1994 se cambió el método de nombramiento de los ministros. Ahora, el Presidente propone y, previa comparecencia, los senadores los designan con dos tercios de los votos.
Salvo contadas y afortunadas excepciones se ha designado a personajes con carrera jurisdiccional.
Cuatro presidentes de la República han ejercido esa facultad desde que Zedillo propuso a 25 candidatos para integrar los primeros 11.
La reforma del 94 amplió las facultades de la Corte al crearse nuevas formas de defensa de la Constitución: las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales.
En 2012 se reformó el juicio de amparo para ampliar la tutela de los derechos humanos.
Con todas estas reformas, el Presidente dejó el papel de árbitro único (informal, por cierto) de los conflictos políticos. La Corte adquirió por su actuación un prestigio que trasciende fronteras por la defensa de los derechos humanos.
En 1996 se creó, en el Poder Judicial, el Tribunal Electoral para resolver cuestiones electorales y de los derechos políticos de los ciudadanos que carecían de medios de defensa.
Se permite así un nuevo equilibrio de poderes y el pluralismo en el Congreso y la Suprema Corte son pilares en la democratización del país.
Al margen de las facultades presidenciales para proponer a quien juzgue con méritos para ello, al final de cuentas contó con la docilidad con que los senadores avalaron la decisión presidencial en el caso de Medina Mora. Esta decisión va en contra del propósito de consolidar el desarrollo institucional de México.
Lo de menos es la biografía del nuevo ministro. Como todas las de los hombres de poder es de claroscuros: no todas las culpas que le atribuyen le son propias. Ha sido sólo un engranaje de un sistema político que se resiste a cambiar.
Desde el porfiriato hasta 1995, la Corte tuvo prohibido intervenir en conflictos políticos y electorales. Ahora este tribunal máximo, con todo y sus divisiones internas y a veces con visiones encontradas propias de los órganos colegiados, hace contrapeso a los poderes políticos.
En medio de la crisis política e institucional que afrontamos, la de Medina Mora se trata de una mala decisión en un peor momento.
Como telón de fondo, está el temor de que se trate de regresar a los viejos tiempos porfiristas cuando la Corte no jugaba ningún papel en el control del poder político y se limitaba al control de la legalidad y no a la defensa plena de la Constitución.
Fuente: Reforma.
















