Por: Guillermo Fárber.
Nunca arruines tu presente por un pasado que no tiene futuro. (Concluyo con el texto del doctor Camba sobre la ilegalidad de los “programas ambientales”). “Quiero dejar claro que en este artículo no estoy discutiendo si existe o no la contaminación ambiental. No. Estoy aclarando que el Gobierno (todos los involucrados), no ha emitido la ley y su reglamento correspondiente.
Por el contrario, emitieron ‘programas’ (los que no estamos obligados los ciudadanos a cumplir). No es cosa menor. En otro documento ya expliqué que la ‘verificación vehicular’ carece de fundamento científico o, siquiera técnico. Aquí aclaro que el mecanismo legal que utilizan, para aplicar la norma oficial mexicana en la materia (la que carece de fundamento científico), carece también de fundamento legal. Vamos, que peor no se puede hacer.
“Los programas no son formas jurídicas que tengamos que acatar los ciudadanos. Con mucho, son elementos ‘abstractos’ a los que tienen que adecuarse los gobiernos. La Constitución hace referencia al Plan Nacional de Desarrollo (antigualla tomada de los planes quinquenales de la extinta Unión Soviética) como guía gubernamental, no como obligación ciudadana. Los programas son eso, una forma de planeación, de marca de rumbo; a partir de ellos, los
gobiernos buscan promover nuevas leyes, modificar las existentes, emitir algún reglamento pendiente o solicitar un presupuesto determinado. Los programas son guías para los políticos, no instrucciones para los ciudadanos.
“Más de un climatofílico dirá que la forma no importa mientras cumpla su objetivo. A él, le contesto que en Derecho no existe el fondo sin la forma. En materia legal, lo que no tiene forma carece de fondo. Este es el caso. Es un asunto legal que carece de forma y, precisamente por ello, de fondo. De ahí que existan los principios legales: para protegernos de los abusos de poder. Este es el caso: un claro abuso de poder convertido en supuesta norma ambiental,
cuando carece de fundamento científico y legal indispensables para ser impuesto a los ciudadanos.
“Existen leyes en la materia, pero los programas no son reglamentarios de estas. No. Por cierto que están hechos bolas sobre la competencia (ya no saben si es federal o local). Como sea, debo insistir en que para imponerle obligaciones a los ciudadanos o restringir su forma de vida, debe hacerse a través de leyes (en este caso, debo aclarar que han de ser federales -es su competencia[1]-) y si acaso con reglamentos. Todo un proceso legal que, aunque suele
hacerse al vapor, nos da la posibilidad de combatir en los tribunales.
“Ahora bien, ¿cómo nació esta estulticia jurídica? Los gobiernos federales entendieron, desde el 2006, que la ‘verificación vehicular’ es una forma de financiamiento local que desahoga la petición de recursos federales. En octubre de ese año, la Semarnat realizó una Guía para Establecer Programas de Verificación Vehicular en los Estados y Municipios” (uno de los cuatro participantes en su elaboración fue la Asociación Mexicana de Verificentros, A. C.); en la guía
se calcula la cantidad de dinero que cada municipio puede obtener si aplica un ‘programa’ de estos (lo divide en tres: ingresos por verficaciones, ingresos por multas, e ingresos por rechazos). Es una guía (de la A a la Z) para sangrar a los propietarios de vehículos[2].
“De este modo, los estados con mayor parque vehicular hicieron sus cálculos y vieron que era una enorme fuente de ingresos; y visto que el mismo Gobierno federal les recomendaba que no pasasen por procedimiento legislativo alguno, pues establecieron sus ‘programas’. Y así hasta hoy. Cada vez que se les antoja, modifican su programita o emiten uno nuevo, según sus necesidades de dinero.
“Claro que darle la forma legal que merece el asunto requiere poner a la luz lo que no es más que obscuridad pura y llana: tanto la ‘verificación ambiental’ como la ‘contingencia ambiental’ carecen de fundamento alguno. No lo tienen en la ciencia y tampoco en la ley. Puros inventos de intelectualoides que ocupan espacios de poder vacíos. Por un lado, el de los científicos sin voz y, por otro, el de los abogados sin conocimientos científicos.
“Voy a terminar con repetir lo fundamental de este escrito: los ‘programas’ no son vinculatorios para los ciudadanos, lo son sólo para los funcionarios. Los ciudadanos estamos vinculados a las leyes y a los reglamentos. Nada más”.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















