Por: Ximena Peredo.
La crisis humanitaria que atraviesa México, otrora vivida por sus víctimas como una realidad alterna, difícil de comunicar, hoy está siendo acreditada por millones de personas.
La desaparición de 43 estudiantes normalistas ha terminado de correr el velo. Detrás de él estamos nosotros mismos llorando de rabia,
decididos a gritar: ¡Fue el Estado!
Hoy el reclamo popular ya no es hacia un gobierno en particular, ni contra un partido. La denuncia generalizada es contra todas las redes criminales que nos gobiernan y que tienen licencia para saquear el territorio nacional.
Este clamor nos convierte en un foco rojo que amenaza la estabilidad del sistema político global: la columna vertebral de un Estado moderno, que se sostiene de la fe de su pueblo, se desploma.
La razón es fundamental: no se puede acusar de criminal al mismo gobierno del cual se espera justicia.
O (hacemos como que) creemos sus discursos y entonces les seguimos reclamando que nos cumplan, o los desobedecemos como gobiernos. El “momento mexicano” reclama de nosotros un ejercicio de lógica crítica.
La realidad está construida de explicaciones. Así, por ejemplo, las versiones oficiales sobre la desaparición de los normalistas siguen apostando -es el caso del procurador general Murillo Karam- a responsabilizar de la tragedia a grupos delincuenciales, en este caso, a Guerreros Unidos.
En la misma línea, el lunes el Presidente hizo un llamado para evitar que en las instituciones se infiltrara el crimen organizado.
Sus declaraciones, es de obviarse, no están dirigidas hacia nosotros, que conocemos de primera mano la realidad del país y que somos rehenes de las sociedades corporativas entre cárteles y grupos políticos.
Están dirigidas a “los mercados” y a la comunidad internacional que se contenta con los discursos democráticos del corte buenos contra malos.
Bajo la misma tónica, ayer, por ejemplo, los alcaldes de Nuevo León y el gobierno estatal anunciaron un convenio para, en colaboración con la iniciativa privada -¿quiénes, con qué legitimidad?-, crear una Policía Militar en ese estado.
Así, en medio de protestas y movilizaciones contra el terrorismo de Estado, se impone otro nuevo modelo policiaco. Raya en lo ridículo sentirnos presos en una jaula invisible.
Los 100 mil mexicanos asesinados y los 30 mil desaparecidos contabilizados a finales del sexenio de Felipe Calderón ya eran razones inequívocas para dar por agotado el contrato con nuestros gobiernos. Hoy estamos pagando la factura de una parálisis que tiene mucho que ver con nuestra identidad de “ciudadanos”.
El papel de “sociedad civil” fue diseñado para obedecer con temor a su creador, representado en 1651 por el Leviatán, de Thomas Hobbes.
Fuera del amparo del Estado sólo habría muerte y rechinar de dientes. Inspirados en esta ficción, los sistemas políticos modernos no contemplan salidas de emergencia. Sólo un loco querría volver al “estado natural”, a la barbarie. Hoy ésa parece nuestra gran alternativa.
Si bien las instituciones siguen siendo indispensables para que se sostenga cualquier proyecto de organización, éstas deben ser capaces de responder a los problemas que las sociedades van encarando, cuando no responden o peor aún, cuando se convierten en la principal fuente del problema, más vale desobedecerlas.
¿De qué tipo de desobediencia estoy hablando? En principio de una desobediencia informada que ponga en duda las explicaciones que no explican.
Pero demostrar cuán ridículo y decadente es el espectáculo democrático también obliga a decisiones: suspender el voto, movilizarnos y hacer públicas nuestras razones es una forma de comenzar a reconstruir un nuevo marco de credibilidades.
Sin pánico, pero aprisa, si no existen salidas de emergencia, las inventaremos.
Fuente: Reforma.
















