Por: Raúl Contreras Bustamante.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, declaró —hace unos días— que alista una propuesta para aumentar el salario mínimo a partir del próximo año; y que éste se incremente paulatinamente durante una década.
Su argumento es que la política salarial en el país tiene 30 años de retroceso:
“De 1976 a 2014 los salarios se han reducido en 71% por ciento a nivel nacional y en 77% en el DF”, dijo entonces.
En respuesta inmediata, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, declaró que un arbitrario incremento al salario mínimo puede provocar tres reacciones “indeseables”: que las empresas decidan trasladar ese aumento en costos a los precios del consumidor final, lo que generaría más inflación.
Además, puede generar despidos o la no contratación de trabajadores adicionales; y por último, se “va a aumentar la informalidad”, pues al no poder cubrir el minisalario, lo más probable es que tampoco puedan mantener al trabajador en todas las instituciones de seguridad social.
En opinión de Carstens, lo que se debe hacer es implementar bien las recientes reformas estructurales, que son las que van a hacer que aumente la productividad.
Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, promovió un pronunciamiento conjunto de las principales organizaciones del sector empresarial y obrero, que exige que esta propuesta se resuelva dentro de los marcos legales e institucionales que señala nuestra Carta Magna.
El artículo 123 de la Constitución —que es al que se refiere el comunicado— determinó desde 1929, la supresión de la facultad que las legislaturas locales tenían para expedir leyes de trabajo. Es decir, facultó —en exclusiva— al Congreso de la Unión a legislar en materia del trabajo.
Otra reforma constitucional, promulgada en noviembre de 1986, modificó la fracción VI del apartado A, del propio artículo 123 constitucional, para establecer que los salarios mínimos se fijen por una Comisión Nacional, integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno.
Estas disposiciones constitucionales impiden al gobierno del Distrito Federal —y al de cualquier otro estado— a determinar —de manera unilateral— el tema del salario mínimo.
Pero lo interesante es que logró abrir al debate a este tema tan sensible. La misma Constitución señala que los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos.
Sería bueno que el gobernador del Banco de México explique cómo con 63.77 pesos diarios, se puede cumplir con el mandato constitucional.
Se calcula que el salario mínimo lo perciben actualmente 6.7 millones de mexicanos; y ya lo advirtió la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, que este tipo de ingresos paupérrimos, colocan a los trabajadores por debajo del “umbral de la pobreza extrema”. El salario mínimo se ha convertido en una unidad de medida para tazar multas, montos de interés de créditos hipotecarios, y hasta las participaciones que se otorgan a los partidos políticos.
Pero esa misma circunstancia, viene a demostrar que se convirtió en unidad de medida, porque se sabe que estará prácticamente inmovilizada por las políticas monetarias.
El momento es propicio para abrir una discusión para devolver la dignidad personal del trabajador, que le impide un salario que se fija mediante políticas insensibles. No puede simplemente esperarse hasta que las reformas estructurales den resultados.
Como Corolario, si bien el gobierno capitalino, no tiene competencia para resolver el tema salarial nacional, si puede hacer acciones de justicia social, dándole la seguridad en el empleo y prestaciones sociales, a miles de trabajadores que están a su servicio y tienen años laborando en condiciones deplorables.
Fuente: Excélsior.
















