Por: JUAN CARLOS SÁNCHEZ MAGALLÁN.
La Revolución Mexicana de 1910 fue para desplazar la dictadura porfiriana de 30 años. Los jóvenes fueron parte importante, los obreros soñaban con una legislación que les ofreciera un mínimo de protección contra el abuso de los poderosos, los campesinos querían tierras. Muchas causas la originaron: durante el gobierno de Porfirio Díaz, el 40 por ciento del territorio nacional era propiedad de tan sólo 840 hacendados.
Los latifundios eran tan extensamente desmedidos que, a veces, una sola persona era dueña de una extensión de terreno mayor que la superficie de varios países europeos.
Así, el general Terrazas poseía en el Norte de México un predio de 24 millones de hectáreas, o sea, el equivalente al área de Holanda, Bélgica, Dinamarca, Hungría y Suiza juntas. Otro gran propietario fue la Iglesia católica mexicana, integrada en su mayoría por un clero conservador y adicto al orden represivo imperante. Adicionalmente, los capitales extranjeros llegaron a ser dueños o administradores de los ferrocarriles, de las ricas minas de plata, los productos del suelo, del mar, la riqueza forestal y frutícola. Los españoles manejaban el comercio, los franceses, la lencería y botinería, y los alemanes, los cultivos especializados sin ninguna legislación que protegiera a obreros y campesinos, las huelgas estaban prohibidas, las jornadas laborales de doce horas, con sanciones severas a quienes osaban pedir mejores salarios, los cargos más altos los desempeñaban puros norteamericanos, los trabajadores ganaban 25 centavos diarios, igual que a fines de la Colonia.
La pirámide social mexicana estaba conformada por diversas clases sociales, entre las cuales existía una marcada diferencia. En los rangos más altos estaban los grandes latifundistas, los caudillos políticos, los miembros del alto clero y los empresarios extranjeros y nacionales. Seguían los pequeños burgueses, y en la base, se encontraban los campesinos y obreros. Porfirio Díaz llegó al poder en 1876, bajo el lema de la “no reelección”; en el transcurso de los años hizo caso omiso de esta promesa electoral y buscó una y otra vez su reelección presidencial.
Con astucia, seguridad y menosprecio de las aspiraciones ciudadanas logró gobernar durante siete periodos. La base de estas sucesiones no fue el Derecho, sino la fuerza; no fue la prosperidad de los 15 millones de habitantes, sino de un pequeño grupo de privilegiados, en nombre del sugestivo y engañoso lema: “Paz, Orden y Progreso”.
En sus más de 30 años de tiranía y centralismo porfirista, los poderes Legislativo y Judicial estuvieron subordinados al Ejecutivo. La división de poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos del ciudadano sólo existían escritos en la Carta Magna. Imperaba la ley marcial, la ley se usaba para despojar a los débiles, los jueces en lugar de encarnar justicia se convertían en agentes del ejecutivo. Las cámaras legislativas no tenían otra voluntad que la del dictador. Los gobernantes de los estados, nombrados por él, designaban e imponían a las autoridades municipales. La obligada reflexión es, ¿qué beneficios produjo la revolución después de 107 años de su realización?; sin duda, muchos, y faltaría espacio para mencionarlos.
¿Pero cuáles son los saldos que arrastramos?: La justicia es deficiente, pues si se tiene un buen abogado se puede evitar la cárcel, la pérdida de los bienes o ganar el pago de la indemnización del despido laboral. La política funciona en su poder legislativo, sólo que ésta es muy costosa y está sobrerrepresentada. No se justifican cuatro senadores por estado de la República. La administración camina en sus tres niveles de gobierno con las acechanzas del poder de los narcotraficantes y el otro demonio que se llama corrupción. La democracia es de buena calidad, sólo que las cúpulas partidistas nos postulan siempre como candidatos a sus inventarios políticos, a sus novias, hijos, yernos y nietos o se reciclan los gobernadores al dejar el cargo. No hay renovación y movilidad política. El gran déficit siguen siendo los más de 50 millones de pobres, sin calidad educativa y un país con su seguridad pública en el sótano. ¿O no, estimado lector?…
Fuente: Excélsior.
















