Por: Vicente Bello.
Sobre la materia de revocación de mandato, este jueves fue presentada la primera iniciativa de Reforma Constitucional, en lo que va de la 64 Legislatura incipiente. La diputada federal de Morena Merary Villegas Sánchez, dijo en la tribuna que “la revocación de mandato es la manifestación plena de la voluntad social que permite a la ciudadanía sustituir democráticamente a sus gobernantes. La revocación de mandato es un instrumento presente en varias de las democracias y regímenes de estos tiempos”.
La reforma de marras, según Villegas, tendría que ser a los artículos 35, 36, 41, 73 y 108 constitucionales.
He aquí lo que se argumenta:
“El artículo 35 constitucional. Para establecer que la consulta o las consultas populares se realizarán una vez al año el primer domingo de julio y no solo coincidentes con las elecciones cada tres años como está en la actualidad. Así como establecer como un derecho a votar en las consultas de revocación de mandato del Presidente de la República en los términos que disponga la ley correspondiente.
“El 36 constitucional. Será reformado para plasmar como obligación ciudadana, votar en los procesos de revocación de mandato del Presidente de la República, así como en las consultas populares en los términos que señala en la ley.
“El 41 constitucional. Para que los mexicanos tengamos el derecho de la revocación de mandato y el derecho de la consulta como un mecanismo de participación ciudadana.
“El 108 constitucional. Para que el Presidente de la República pueda ser removido de su cargo en los términos de esta Constitución y leyes aplicables, independientemente de las responsabilidades en las que haya podido incurrir durante el periodo en su cargo”.
Llamó la atención porque la revocación de mandato fue una propuesta insistente en el discurso del ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien decía, reiteradamente, que los mexicanos ya no tienen por qué soportar a un servidor público si éste no cumple con lo que promete. O peor aún: si ejerce el poder para afectar los intereses del pueblo de México.
Con esta figura de participación política, propia de la democracia directa, la gente ya no tendría que esperar a que concluya un sexenio o un trienio para decidir si se queda o no un funcionario, sea éste el Presidente de la República, un gobernador o un presidente municipal.
Esta figura, conocida desde hace muchos años en el mundo de las universidades y de los centros de estudios del derecho constitucional, ha sido considerada siempre por el sistema político mexicano que ha liderado el ahora moribundo PRI como una muy irritante amenaza.
En los regímenes como el nuestro afincados en el sistema de representación (los ciudadanos solo deciden a través de sus representantes populares y, una vez cada seis años o cada tres, cuando se trata de elegir presidente o senadores o diputados), los servidores públicos se han transfigurado en unos auténticos tiranos, a pesar de que deberían ellos asumirse como servidores públicos. O sirvientes de la nación. O, mejor aún, sirvientes de la gente, del pueblo.
El saber un presidente de la República que está por ley intocable en un lapso de seis años, ha alentado sin duda la impunidad y la corrupción. Y el abuso.
El sistema presidencialista del PRI creó, desde sus orígenes, los mecanismos jurídicos para fortalecer la institución presidencial en detrimento del constreñimiento de la participación política de la gente.
En la medida de que la ciudadanía se quedaba varada, sin participar, verbigracia, en elecciones, en esa medida se fueron conformando grupos delincuenciales en las esferas del poder público.
Esto mismo sucedió y sucede todavía a nivel municipal, estatal y, por supuesto, en el nivel de presidencia de la República.
Con la revocación del mandato, la gente estaría en condiciones –mediante la participación directa, expresada a través de la consulta popular- de mandar a la calle a sus gobernantes, inclusive desde el primer año de gobierno, si éstos se comportan como suelen acostumbrar en estos tiempos: con cinismo, deshonestidad o ineptitud para ejercer el cargo.
Lo curioso de esta iniciativa no fue la argumentación de la misma, sino el hecho de quien la presentó: una diputada de Morena que si se sometiera a la revocación de mandato es muy probable que enfrentaría problemas para su permanencia en el encargo.
Merary Villegas Sánchez es diputada federal por el distrito 7 de Sinaloa y ha sido cuestionada acremente en su entidad por el hecho de que ella, su hermana, su mamá y, cuando menos, uno de sus primos, están en este momento con cargos populares, luego de que se agandallaron las candidaturas por ese partido, en Sinaloa.
Acaso fue un lapso…, pero llamó la atención cuando Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y presidente de la sesión ordinaria, que comenzaba, intentó no darle, al parecer, la palabra a Merary.
He aquí: “Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Merary Villegas Sánchez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. Túrnese a la Comisión… Ah, perdón”.
Y al final se la daba. Merary Villegas Sánchez presentaba al Pleno entonces la iniciativa de una de las reformas que trae, por antonomasia, la chapa de histórica, y que bien hubiera merecido haber llegado aupada en la voz de algún diputado o diputada con mayores méritos sociales y políticos.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















