Por: Jorge Alcocer V.
La fracción VIII del artículo 73 de la Constitución dice: “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29”.
Si los gobernantes hubiesen respetado el texto de ese librito la deuda pública, federal y de los estados y municipios, sería no solo mucho menor sino además autofinanciable. No fue así. La deuda del gobierno y sus empresas crece de manera acelerada, en tanto que la de estados y municipios motivó, por el exceso, reforma a la Constitución e iniciativa presidencial al respecto.
La reforma que otorga al Senado facultades para intervenir en la deuda de estados y municipios fue parte del Pacto por México. El lunes de la semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto firmó la iniciativa de ley reglamentaria. Si el asunto ameritó reformar la Carta Magna y nuevas leyes cabe suponer que es grave; pero al parecer no es así.
De manera que llama la atención, el secretario de Hacienda opina a contrapelo de la información conocida por todos; en el evento en Palacio Nacional aseveró que la deuda de estados y municipios no es problema; que en otras naciones, incluyendo Estados Unidos, están igual, o peor. Cabe entonces preguntar si de lo que se duelen varios gobernadores electos, como Jaime Rodríguez en Nuevo León, o Claudia Pavlovich en Sonora, es puro cuento.
El todavía gobernador de Guerrero hace días se sinceró y pidió que se adelante la entrada de Héctor Astudillo, y el de Michoacán ya no tiene queso ni ratonera; en Oaxaca el gobierno de Gabino Cué está -técnicamente- en quiebra; dicen que en Veracruz los proveedores del gobierno estatal llevan meses esperando que algo les paguen; en cientos de municipios grandes, medianos y pequeños, sus respectivos ayuntamientos, endeudados hasta el cogote, no tienen ni para pagar la luz, aunque algunos tuvieron la cachaza de pedir préstamos para cubrir el pago de marcha de presidentes municipales, síndicos y regidores que terminan su encargo.
Quizá lo que quiso decir Luis Videgaray es que, vista de bulto, la deuda de estados y municipios no es problema, pero caso por caso sí. De todo hemos visto, desde la falsificación de diarios oficiales en Coahuila, cuando Humberto Moreira era todopoderoso, hasta el ocultamiento de datos en Sonora. La otra cara de esas deudas locales es el despilfarro y saqueo de miles de millones de pesos durante el festín petrolero en los años del gobierno de Fox y parte de los de Calderón.
Vuelvo al librito.
Lo fundamental del texto arriba citado fue promulgado el 30 de diciembre de 1946, hace casi siete décadas; el Decreto lo firmó Miguel Alemán Valdés. Siendo yo asesor de la diputación comunista, a fines de los años setenta del siglo pasado, un diputado del PRI me platicó la historia de esa norma, de la que aseguraba haber sido redactor. Era don Antonio Carrillo Flores.
Si a la historia atendemos, el crecimiento desmesurado de las deudas de estados y municipios se presenta a partir del decenato panista en Los Pinos; es una consecuencia de la federalización a que condujo la primera alternancia y de la incapacidad de los gobiernos de Fox y Calderón. La segunda alternancia no cambió ese estado de cosas, incluso en algunos estados la situación empeoró.
Todo indica que las deudas de gobiernos locales han financiado gasto corriente, aumentos de sueldos, en algunos casos de escándalo, y más burocracia, además de financiar la creación de numerosos organismos públicos que replican, de manera casi caricaturesca, la expansión de autonomías que hemos visto en el ámbito federal.
Se abusó por años, hasta que la cuerda se rompió. La insolvencia afecta a varios gobiernos estatales y numerosos municipios. No es remoto un rescate federal.
El que viene atrás, que arree, o que cierre la puerta y tire la llave.
Fuente: Reforma.
















