Por: Redacción.
El sector privado de México dijo este viernes que la falta de Estado de Derecho y la inseguridad han provocado que los costos por la corrupción lleguen al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en una reunión con Luis Videgaray, Secretario de Relaciones Exteriores.
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
que es el mayor sindicato de los hombres del capital el México, explicó que el robo al transporte se ha incrementado de manera importante.
“Las pérdidas de mercancías, las pérdidas de inversiones o desincentivo para las inversiones son inminentes y hay regiones que tienen que ser atendidas urgentemente. El robo al transporte, el daño a los choferes, está siendo cada vez mayor. Y es éste el principal problema que debe atender tanto el Gobierno federal como los estatales”, mencionó a medios Castañón después de una reunión con el Canciller Videgaray Caso.
El 88.8 por ciento de los mexicanos considera que la corrupción es una práctica que ocurre de manera muy frecuentemente entre los servidores públicos o empleados del gobierno, quienes son percibidos de abusar de sus funciones para obtener beneficios personales, así lo reveló hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a propósito del Día Internacional contra la Corrupción que se celebra este 9 de diciembre.
Pero al salir del encuentro con Videgaray, Castañón Castañón habló acerca de la propuesta económica del líder de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador, que ayer lanzó a los empresarios de México.
El empresario consideró que el planteamiento de López Obrador es “un buen inicio de conversación” que les gustaría profundizar, según difundió un medio de circulación nacional. Castañón agregó que los empresarios participarán en el proceso electoral de 2018 discutiendo y haciendo propuestas a los diferentes abanderados a fin de tener un análisis profundo sobre el modelo económico del país.
Al ser inquirido sobre la promesa de López Obrador de cero déficit y autonomía del Banco de México (BdeM) y no aumentar los impuestos en términos reales, Juan Pablo Castañón, presidente del organismo dijo que es importante que todos los actores políticos se comprometan con la estabilidad macroeconómica, porque brinda una plataforma que genera confianza para alcanzar el desarrollo.
Si bien calificó las declaraciones del dirigente de MORENA como un “buen inicio de conversación” que hay que profundizar, acotó que ahora hay que discutir cuales son las variables de cada plataforma política, “los objetivos a donde llegaríamos en cada una de las variables macroeconómicas”.
Consideró que el sector empresarial busca un plan de reforzamiento de las instituciones, de las policías, un mando coordinado entre las policías federales y locales, la voluntad política de los gobernadores de preparar mejor a sus policías
Insistió en que el Senado apruebe la Ley de Seguridad Interior, la cual dijo no significa militarizar al país, sino regularizar lo que ya opera con cupos o límites para que cada año se renueve la presencia del Ejército en las labores de seguridad. Pero dijo que debe estar complementado con la ley de coordinación policiaca, así como los nombramientos de los fiscales anticorrupción, de delitos electorales y de justicia.
Aunque no señaló específicamente, Castañón dijo que a la IP le preocupa las posiciones de los partidos políticos que puedan desviar el modelo del país y que las propuestas no tengan fundamentos.
Por su parte, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) prefirió no opinar por quienes buscan contender a la presidencia del país hasta que ya sean candidatos oficialmente. Agregó que las campañas deben convertirse en un espacio para que las propuestas puedan ser debatidas, contrastadas y analizadas.
Ayer, Andrés Manuel López Obrador reconoció la opinión de la calificadora Standard & Poor’s, la cual aseguró que no habrá ningún desequilibrio económico en México si él llega a la Presidencia.
En un video publicado a través de sus redes sociales, el líder tabasqueño se comprometió con inversionistas y empresarios a que de ganar la elección presidencial habrá cero déficits, permanecerá la autonomía del Banco de México (Banxico) y combatirá la corrupción para liberar fondos y financiar el desarrollo del país.
Mexicanos, hartos de la corrupción
De acuerdo con la información analizada de diferentes proyectos estadísticos del Inegi en 2015, la entidad con más cantidad de eventos de corrupción fue el Estado de México con 62 mil 160 episodios por cada 100 mil habitantes mayores de edad que tuvieron contacto con algún servidor público, seguido por Sinaloa con 58 mil 232 hechos de corrupción.
En contraparte, en Colima y Nayarit se presentaron menos de 10 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes que solicitaron algún trámite o servicio público. Lo que indica que en el Estado de México o Sinaloa se presentaron seis hechos de corrupción por cada caso registrado en Colima o Nayarit.
Respecto a las tasas de prevalencia de corrupción más altas se encontraron en los estados de Morelos con 20 mil 92 víctimas por cada cien mil habitantes que tuvieron contacto con algún servidor público; en Sinaloa, 18 mil 144; en Chihuahua, 17 mil 621; en Michoacán, 16 mil 321 y en la Ciudad de México con 16 mil 167 víctimas de corrupción.
Los menores niveles se observaron en los estados de Zacatecas y Veracruz con 6 mil 810 y 6 mil 952 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Esto significa que una persona en Morelos que entra en contacto con un servidor público para la solicitud de un trámite o servicio tiene tres veces más probabilidad de ser víctima de corrupción que si el trámite fuera realizado en Zacatecas.
Empresarios ven corrupción en el Gobierno
En el año 2016 se publicó en México la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), la primera en su tipo que brinda información sobre la percepción, experiencia y satisfacción de las unidades económicas respecto a los trámites y servicios ofrecidos por el Gobierno.
Para el sector privado, la corrupción en el país se encuentra entre los cinco principales obstáculos para el crecimiento de las empresas. De acuerdo a la encuesta, 17.6 por ciento de los establecimientos la ubican entre los tres problemas más importantes que aquejan en la entidad donde radican, después de los problemas como la inseguridad, la delincuencia, el aumento de precios de los insumos o el entorno económico de la entidad.
Similar a lo manifestado por la población, a nivel nacional 82.2 por ciento de las unidades económicas consideraron que la corrupción ocurre con frecuencia o mucha frecuencia entre los empleados de gobierno o servidores públicos.
El 64.6 por ciento de los establecimientos consideraron que se ven orillados a participar en actos de corrupción con el fin de agilizar algún trámite; 39.4 por ciento señaló que otro motivo importante para propiciar un acto de corrupción es para evitar multas o sanciones, y 30.7 por ciento mencionó que el obtener licencias o permisos son también motivo de corrupción.
Por su parte, menos del 15 por ciento de las empresas consideraron que la corrupción se presenta para ganar contratos gubernamentales o para participar en licitaciones.
En el año 2016, la tasa de prevalencia de corrupción en el sector privado fue de mil 93 establecimientos partícipes de al menos un acto de corrupción por cada 10 mil unidades económicas que realizaron al menos un trámite o fueron sujetas a una inspección, sin incluir a las unidades económicas de tamaño micro.
Por entidad federativa, Quintana Roo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Puebla, Nayarit y Ciudad de México fueron los estados que presentaron las mayores prevalencias de eventos de corrupción en la interacción de las empresas con el gobierno, con tasas de más de mil 500 establecimientos por cada 10 mil habitantes.
En cambio, los menores niveles se observaron en Querétaro, Nuevo León, Durango, Tamaulipas e Hidalgo con menos de 700 establecimientos víctimas de corrupción por cada 10 mil.
De esta forma, una empresa en Quintana Roo tiene 3.7 veces más probabilidades de participar en algún acto de corrupción que una empresa que solicita trámites o servicios en el gobierno de Querétaro, por ejemplo.
Fuente: Por Esto.
















