Por: Ana Laura Magaloni Kerpel.
En la visita al Reino Unido del presidente Enrique Peña Nieto quedó claro que las violaciones a los derechos humanos en México están en la mira de la comunidad internacional. En la visita del Presidente al Parlamento y en su entrevista con el primer ministro, David Cameron, este asunto salió a colación. Queda claro, tanto afuera como adentro,
que el discurso de las reformas estructurales pierde fuerza ante hechos como los de Ayotzinapa. Se trata de dos Méxicos irreconciliables: uno que ve al futuro y otro atorado en su pasado. Para resolver esta esquizofrenia, el Presidente tiene que construir una agenda de derechos humanos innovadora y que esté a tono con un país que se moderniza y se transforma.
El primer paso es ampliar la agenda. Los derechos humanos no deben quedar circunscritos, como hasta ahora, a los casos de horror: desaparecidos, tortura, abusos de las instituciones de seguridad. Si bien es cierto que hay que tener respuestas contundentes a estos graves problemas, la agenda de derechos humanos es mucho más amplia. En particular, estos derechos están estrechamente vinculados con la eficacia del Estado para proveer un conjunto de servicios públicos a la población más vulnerable, los cuales son una plataforma mínima para tener acceso a una vida digna y productiva. Tal es el caso de los servicios de salud, educación, transporte, vivienda, agua, entre otros. Un país que se moderniza y se transforma es aquel que puede ir resolviendo sus deficiencias institucionales para proveer estos servicios, y la agenda de derechos humanos puede ser un instrumento eficaz para este objetivo.
El caso de Colombia es un buen ejemplo. En ese país, la política social y el acceso a servicios públicos se convirtieron en un asunto de derechos humanos. Para ello, se derribaron las barreras de acceso a la justicia de los más vulnerables. A través de lo que se conoce como la acción de tutela, cualquier ciudadano puede presentarse ante un juez a pedirle que investigue y resuelva lo que estima es una violación a sus derechos humanos. No necesita un abogado. El juez tiene que solicitar información a la autoridad y en un plazo de 10 días máximo resolver su petición. Más de 70% de las acciones de tutela las gana el ciudadano. Se trata de asuntos simples y cotidianos en su inmensa mayoría: el médico no me atiende, el maestro no asiste, el policía me pide sobornos, el MP está vendido, etcétera. Lo importante es que los ciudadanos tienen mecanismos jurisdiccionales ágiles y baratos para corregir el mal funcionamiento de sus instituciones. En México, el único mecanismo jurisdiccional para reclamar violaciones a derechos humanos es el amparo, cuyo tecnicismo lo hace inaccesible para la mayoría de la población.
Al mismo tiempo, en Colombia se creó la Defensoría del Pueblo, que es una mucho mejor versión de nuestras comisiones de derechos humanos. El defensor ha generado un conjunto de estrategias interesantísimas para atender los sentimientos de injusticia y malestar con la autoridad que enfrentan los usuarios de determinados servicios públicos. La lista de problemas es muy similar a la mexicana: no tener acceso a un médico, la negligencia de las instituciones para hacerse cargo de la violencia infantil, padecer la corrupción de los inspectores de la vía pública, no contar con un servicio de transporte público digno y seguro, entre muchos otros. El defensor utiliza un gran abanico de mecanismos, algunos jurisdiccionales y otros políticos, para buscar soluciones viables y concretas a quienes padecen estos abusos.
No quiero decir que con la acción de tutela y el Defensor del Pueblo todas las deficiencias de los servicios públicos se solucionan. Lo que es importante es que a través de estas instituciones los ciudadanos tienen poder para defenderse y obligar a las autoridades a corregir su actuación. Este poder de los ciudadanos es una condición básica para que las instituciones mejoren. En este sentido, la agenda de derechos humanos bien entendida es una forma de construir ciudadanía y un motor de cambio y mejoría institucional. Ambos son atributos de un país que se moderniza y que tiene futuro.
Fuente: Reforma.
















