Por: Isabel Turrent.
El orden y la gobernabilidad en tiempos de globalización se han convertido en una preocupación en todas partes. El balance mundial de posguerra se ha resquebrajado y muchos países, México incluido, enfrentan la amenaza del derrumbe de los cimientos institucionales y democráticos que los gobiernan.
La diferencia entre esos otros países y México es que allá la preocupación por los tropiezos de la democracia liberal y por el desorden mundial se ha convertido en una ocupación de tiempo completo para pensadores de todas las tendencias que han publicado libros y artículos buscando soluciones.
Aquí, por el contrario, estamos inmersos en una polarización política que alimenta la inestabilidad, en la manifestación de demandas y soluciones inmediatas y en un vacío de propuestas sobre una estrategia a largo plazo para resolver nuestros problemas y, peor aún, para construir un proyecto sólido de país para el futuro. Nos hemos vuelto el perfecto modelo para el modelo ideal de la carga negativa que conlleva toda democracia (según Francis Fukuyama). A saber, de la quejumbre rijosa como modo de ejercer la ciudadanía, a espaldas de la cara positiva de la democracia: la dignidad, y las obligaciones que implica vivir en democracia, como el respeto ciudadano a la ley y la rendición política de cuentas.
Ni caso tiene reflexionar sobre el papel que México podría jugar para restablecer un equilibrio de poder en un mundo convulsionado por guerras cruentas, desafíos de movimientos cuyo ideario es la masacre de los otros, o de países que pretenden revivir órdenes geopolíticos que yacen donde deben estar, en el basurero de la historia.
Cascos azules o no, México tendrá peso en el mundo hasta que ponga su casa en orden. Así que regresemos a Fukuyama. No es el único pensador que ha condicionado el éxito de una democracia al cumplimiento de otros requisitos, pero tiene el mérito de resumirlos en tres. Cualquier democracia funcional necesita vivir bajo un estado de derecho (y no bajo el estado delincuencial que padecemos), con rendición de cuentas por parte de quienes ejercen el poder (lo que hubiera mandado a su casa, entre otros, a los gobernadores de Guerrero y Oaxaca hace un buen tiempo), y, antes que nada, bajo la batuta de un Estado fuerte y legítimo. Si la existencia de un Estado poderoso no precede a la democracia, la democracia difícilmente echará raíces. El crecimiento económico depende también de un Estado eficaz.
Los tiempos de globalización del siglo XXI regalan al menos dos ejemplos de órdenes políticos que funcionan cuando están encabezados por un Estado fuerte: las democracias liberales, o Estados autoritarios como Rusia y China, ese par de híbridos que han crecido gracias al intercambio global de bienes y servicios, pero que se empeñan en mantener monopolios represores del poder.
Autoritarios o democráticos, ningún país ha tenido éxito sin un Estado fuerte. China o Japón tuvieron la ventaja, como México, de tener un Estado poderoso antes de emprender la modernización. Ellos lo conservan, nosotros lo perdimos. La pregunta fundamental es ¿qué ha pasado aquí?, ¿por qué un Estado fuerte se ha convertido en rehén de intereses regionales, corporativos, delincuenciales o burocráticos?
El largo sendero a la ingobernabilidad empezó, tal vez, con Salinas de Gortari. Después de una elección dudosa, Salinas logró sumar el apoyo consensual de los ciudadanos para aplicar las reformas que México necesitaba, pero sacrificó el futuro del país en aras de sus ambiciones personales. En los albores del siglo XXI, Vicente Fox debilitó aún más al Estado porque cometió el peor pecado político: no ejercer el poder. Y la oposición puso también su grano de arena: López Obrador deslegitimó no sólo al Estado, sino al sistema democrático, cuando desconoció el triunfo de Calderón y ocupó Reforma y el Zócalo pasando por encima de la ley y la legitimidad institucional.
A partir de ahí, la cara negativa de la democracia empezó a funcionar y a debilitar paulatinamente al Estado mexicano: las demandas de la sociedad lo rebasaron porque rompieron los límites de la ley con el apoyo de una buena parte de la ciudadanía. El vandalismo, el cierre de carreteras, el robo y los plantones, se volvieron vías “aceptables” de presión política.
México no cumple con ninguno de los tres requisitos que garantizan la gobernabilidad democrática. El precio de no (re)construirlos es la anarquía y la violencia y su ejemplo más triste, lo que sucede en Guerrero.
* Political Order and Political Decay.
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Fuente: Reforma.
















