Por: Alfredo Ríos Camarena.
La lucha de la insurgencia obrera ha sido una constante en la etapa postrevolucionaria en nuestro país; en 1958 establecimos una alianza obrero estudiantil.
El Estado de Derecho implica un orden jurídico generalmente aceptado y un Sistema Constitucional que, cuando menos, tenga un capítulo dogmático,
que garantice los Derechos Humanos y otro orgánico, que establezca la Separación de Poderes.
Si el Aparato Estatal funciona de manera ineficiente, el gobierno puede convertirse en un ente autoritario o caer en la anarquía y el desorden.
La lucha de la insurgencia obrera ha sido una constante en la etapa postrevolucionaria en nuestro país; en 1958 establecimos una alianza obrero estudiantil que demandaba la democracia sindical y así surgieron los liderazgos en las secciones novenas de la SNTE de Othón Salazar, en el Sindicato Ferrocarrilero de Demetrio Vallejo, y también liderazgos independientes en el Sindicato Petrolero, en el de Telegrafistas y en el de Telefonistas. La tirantez que generaron sus demandas laborales y políticas produjo una represión en 1959 que concluyó con el encarcelamiento de los lideres del Partido Comunista, del Partido Obrero Campesino y de las dirigencias del Sindicato Ferrocarrilero y la dirigencia Magisterial.
Pasaron muchos años y el magisterio cansado de la dirección esclerótica de Carlos Jonguitud Barrios, al que sustituyó Elba Esther Gordillo iniciaron movimientos de rebeldía sindical particularmente en Chiapas y en la Sección 22 de Oaxaca. La ideologización de los liderazgos estaba vinculada con la doctrina marxista-leninista, y sus objetivos que provenían de la Revolución Cubana, en el fondo eran la Revolución y la destrucción del régimen capitalista. Este concepto teórico explica la terquedad del liderazgo de la CNTE, al que ninguna respuesta oficial le será suficiente porque su esencia está en el cambio radical, esto explica la actitud de hostilidad permanente de la CNTE y sus consecuencias en la vida social de la República.
Actualmente, desabrigados del manto protector que les ofreció López Obrador a todas sus acciones, han enfrentado frontal y equivocadamente a la Presidenta Sheinbaum, impidiéndole de manera grosera la participación de medios y funcionarios en una mañanera, por lo que la reacción presidencial ha sido correcta al cancelar el diálogo que estaba ofrecido.
Sin embargó, la operación política del gobierno ha sido deficiente, y si bien nadie pide la represión, si es necesaria una contención por parte de las fuerzas de seguridad pública, frente a los actos violentos que tienen secuestrada a la Ciudad de México. Que se respeten por supuesto los artículos 6º, que establece la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información; el artículo 7º, que establece la libertad de escribir y publicar, así como la libertad de difundir opiniones, información e ideas, y el artículo 9º de la Constitución, que establece que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Pero que también se respete la libertad de tránsito que otorga el artículo 11 constitucional, y que hoy ha sido afectada.
El tema no deja de ser complicado, no es nuevo, no de fácil solución; no obstante, el apoyo y la popularidad de la que hoy goza la Presidenta le debe permitir negociar, sin reprimir, pero aplicando la fuerza del Estado en defensa de la República.
POR ALFREDO RÍOS CAMARENA
CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM
PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)
VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA
Fuente: Índice Político.
















