Por: Ricardo Bernal.
En la década de 1840, pensadores tan disímiles como Proudhon, Cabet o Lamartine coincidían en un mismo diagnóstico: la situación de miseria que se vivía en Francia era insostenible. Vistos en retrospectiva, los resultados del proceso revolucionario de 1789 eran poco alentadores. La igualdad política que supuestamente acabaría de tajo con la fuente de la inequidad jamás dio paso a una igualdad social.
En realidad no era ya la diferencia de sangre la que definía el acceso al poder y la influencia en la toma de decisiones, sino la posesión de riquezas.
Palabras como éstas de Agricol Perdiguier, trabajador francés, eran el pan de cada día en esos años turbulentos: “Deberíais entender que no estamos hechos de ninguna sustancia menos delicada o menos pura que los ricos, que nuestra sangre y nuestra constitución no es de ninguna manera diferente de la que vemos en ellos. Somos hijos del mismo padre y debemos vivir junto como hermanos”.
El proyecto revolucionario de 1789 había expresado claramente sus limitaciones en las barricadas de junio de 1848; esas barricadas eran el símbolo de una población empobrecida hasta el hartazgo que, paradójicamente, se levantaba contra el mismo gobierno republicano que apenas meses atrás había ayudado a erigir con su sangre.
La situación era clara: no bastaba una declaración de ciudadanía universal para acabar con las desigualdades materiales. Por sí misma, la promulgación de derechos no terminaría con la impresionante pobreza que aquejaba a la mayoría de los parisinos. No sólo eso: a pesar de que, en el papel, todos los hombres poseían los mismos derechos, la realidad mostraba que la división jerárquica entre quienes influían en la política y quienes eran ignorados, no sólo no disminuía, sino que aumentaba.
Los republicanos más sensibles, como Victor Hugo, lo sabían; los socialistas también y, por ello, desde los tiempos de Saint Simon y Fourier habían diseñado e imaginado formas de organización capaces de eliminar esas diferencias. Para Marx esas imaginerías no eran otra cosa sino utopías; él, en cambio, se dedicó a mostrar las razones profundas que explicaban por qué las sociedades organizadas bajo el modo de producción capitalista generaban de forma inevitable una distinción entre dos clases sociales: los poseedores de los medios de producción y quienes, al no poseerlos, debían vender su fuerza de trabajo. ,
Con ello, Marx no sólo mostraba que la tendencia de las sociedades capitalistas generaba una división definitiva en lo que respecta al nivel económico, también hacia patente que, en última instancia, esa distinción explicaba los desequilibrios estructurales en las posibilidades de acceso al poder, en la influencia en la toma de decisiones políticas y en la dirección de las mismas.
Para algunos pensadores liberales el siglo XX le dio la espalda por completo al diagnóstico marxista. Las desigualdades sociales parecían no limitarse a la llamada división de clases; por el contrario, el sexo, la raza, la etnia y las preferencias sexuales, fueron blancos de prácticas de poder de igual o mayor magnitud que las sufridas por la clase trabajadora en el siglo XIX. Así, durante los últimos 30 años, el discurso de las minorías suplantó el análisis marxista en las trincheras de la izquierda.
Las décadas recientes vieron surgir un sinnúmero de grupos de activistas que, no sólo buscaban nuevos caminos de lucha, sino que, al hacerlo, despreciaban abiertamente la perspectiva marxista, tildándola de anacrónica o totalizante. De manera más o menos general se afirmaba que la división de clases era cosa del pasado, que sólo interesaba a teóricos incapaces de renovar su discurso o a jóvenes trasnochados.
Para estos grupos Marx no era más que un pensador totalizante, un determinista o un fundamentalista económico, un filósofo decimonónico que reduciría la realidad a uno sólo de sus aspectos, olvidando que nos encontramos en un mundo plural y complejo. Así, una corriente cada vez más extensa hegemonizó la idea de que la única vía de lucha legítima por la dignidad humana se hallaba en garantizar –como hicieron los republicanos en el siglo XVIII- un paquete de derechos universales, el cual tendría la ventaja de cubrir todos los frentes e involucrar a todos los grupos sin la necesidad de acudir a ningún meta-relato ni de encumbrar a una sola clases como sujeto providencial.
Desde luego que el énfasis en las luchas de las minorías abrió campos de resistencia inimaginables hasta entonces; sin embargo, en más de una de sus versiones, alejó por completo la mirada de la contradicción entre la fuerza de trabajo y el capital; contradicción que, a pesar de las importantes victorias de aquellos movimientos, sigue perpetuando y acrecentando las desigualdades sociales y, por lo mismo, continúa restringiendo el acceso y la injerencia en las decisiones políticas a la gran mayoría de la población.
La forma en que se han venido impulsando las reformas estructurales en México da cuenta de ello de manera clara. Sin movilizaciones, sin marchas, sin ningún exabrupto, los grupos empresariales lograron echar por tierra aquellos impuestos que, en última instancia, significaban un obstáculo para el proceso de acumulación de capital. En el mismo sentido, la Reforma Energética avanzará por las vías institucionales sin barrera que se le oponga: tal Reforma no hará otra cosa que legitimar y facilitar eso que Marx llamaba “transferencia de valor” hacia los grandes capitales internacionales. Como contraparte, la resistencia a aquellas reformas tendientes a flexibilizar el trabajo, disminuir los derechos laborales y facilitar la extracción de “plusvalía relativa” a través del incremento de productividad y el modelamiento de las subjetividades para su adecuación a las transformación del capital gerencial, ha sido ignorada de principio a fin.
Tanto la Reforma Laboral como la “Reforma Educativa” han sido impuestas sin importar las voces disidentes ni las amplias manifestaciones de desapruebo. Sin duda, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce por igual al empresario y al trabajador, pero para el proceso de acumulación de capital esa igualdad es irrelevante.
Con todas sus fallas, el Estado de Bienestar Europeo mostró que, para aminorar los estragos de la lógica interna del capitalismo -una lógica basada en “el aguijón del interés privado”, según palabras de Marx-, era necesario establecer un pacto entre el Estado y la fuerza de trabajo. Dicho pacto significaría una barrera al desmedido afán de extracción de plusvalor consustancial al proceso capitalista, extracción que sólo puede provenir de la apropiación de trabajo ajeno.
Ante lo que nos encontramos hoy, en cambio, es ante un pacto generalizado entre el Estado y el Capital. En términos concretos, este acuerdo se nos presenta como un proceso de deglución del mercado sobre las instituciones políticas. Pero, de la misma manera que engullir algo no significa hacerlo desaparecer por completo, sino asimilarlo a un organismo, no debemos entender el neoliberalismo como la desaparición del Estado, sino como su asimilación a las necesidades del Capital.
De ahí que, en México, el PRI pueda embanderar sus políticas bajo la portentosa idea de una “rectoría del Estado”. Lo que debemos entender es que ese Estado ya no es producto de un pacto social originario expresado en una constitución, ni de un pacto con la fuerza de trabajo, sino de un pacto con el empresariado y el Capital. El ejemplo más claro es la Reforma Educativa: el Estado seguirá manteniendo la propiedad del sistema educativo, pero sólo para obedecer las directrices de la OCDE y grupos empresariales como “Mexicanos Primero”.
Durante mediados del siglo XX el pacto entre la fuerza de trabajo y el Estado permitió sostener la ilusión de que el conflicto entre Capital y Trabajo había sido solucionado. Hoy, el proceso de neoliberalización global nos desvela esa ilusión. Si algunos movimientos sociales fueron presa de ese velo, es el momento de quitárselo por completo, es el momento de regresar a Marx.
@RHashtag
Fuente: SinEmbargo.
















