Por: Vidal Garza Cantú.
El Congreso de la Unión, sin mucha iniciativa, y siguiendo instrucciones de un Poder Ejecutivo visionario y un Pacto por México que alineó a los partidos políticos, ha logrado 54 reformas a la Constitución en dos años.
Como en otros periodos presidenciales, esta cantidad de cambios a la Constitución suena cada vez más abultada.
Sin embargo, aún está por verse su impacto en la vida ciudadana.
En el debate político hay inconsistencias sobre los momentos en los que se pueden impulsar reformas y cuándo se pueden esperar los resultados de las mismas.
No es lo mismo una reforma que nacionalice la Banca de un día para otro, que una que impulse la apertura comercial y tarde años en sentirse.
En España, después del Franquismo, en la democracia de la monarquía constitucional impulsada por el Pacto de La Moncloa, se suscribió un acuerdo para alinear los esfuerzos de la sociedad socavados por el régimen autoritario.
La democracia que daba esperanzas a la España de aquel momento logró que la sociedad cumpliera con lo que su gobierno buscaba reformar. Es este elemento ciudadano el que no encuentro hoy en nuestro país para hacer que las reformas se materialicen de manera equitativa y efectiva.
Hablemos de la reforma educativa en México, o mejor dicho, de la resistencia que un sindicato y su millón de agremiados sostienen, sin mencionar la fracción de maestros disidentes de la CNTE. Una reforma que, sin duda, busca mejorar la calidad educativa, pero que se encontró con una ciudadanía docente intolerante y una sociedad de padres poco convencida de los beneficios para abanderarla.
Hablemos de la reforma fiscal que aumentó los ingresos públicos de manera significativa este año, y dirigida a los que ya pagamos impuestos y no a aumentar la base de contribuyentes. Una reforma resultante distinta a lo que señalaba su exposición de motivos que buscaría eliminar privilegios y excepciones e incluir a más contribuyentes.
Los partidos políticos y los sindicatos, por ejemplo, siguen disfrutando de privilegios fiscales sin que nada ni nadie los toque. No tributan el ISR y no están obligados a llevar contabilidad. ¿Será acaso la nueva tónica del régimen?
¿Dónde quedan la equidad y la igualdad de las reformas para todos los mexicanos?
Ahora bien, es difícil discutir sobre la dirección y la pertinencia de las reformas. Pocos estarían en desacuerdo con la misión de las mismas: mejorar la calidad educativa, permitir la inversión privada en el sector energético, mayor competencia en telecomunicaciones para reducir el rezago y los costos, aprobar la reelección de senadores, diputados y alcaldes a partir del 2018, mejorar la forma en que los bancos dan créditos, mayores ingresos públicos vía impuestos simplificados, etcétera.
El problema radica en otra parte: la manera en que se harán realidad.
Hay tres elementos ausentes en las reformas que obstaculizarán su implementación en México.
La transparencia: si en el pasado los debates sobre las mismas reformas eran mucho más abiertos, hoy encontramos que la política de la reforma es una sin discusión, sin posicionamientos disímbolos, sin mucho ruido. Hay un enorme desconocimiento de los detalles de las mismas.
La debilidad institucional: una parte muy importante de las reformas radica en cómo se cumplirán y qué instituciones públicas les darán seguimiento. Aquí la confianza no aparece por ningún lado. ¿Qué tan efectivas serán las comisiones de energía y de hidrocarburos? ¿El INE será mejor que el IFE?
La ausencia ciudadana: estas reformas no valoraron la participación ciudadana como elemento fundamental para cumplirlas. Ya definidas es difícil convencer a la sociedad de que ninguna reforma funcionara a cabalidad si no la cumplen y construyen los ciudadanos.
Otra historia sería si desde su definición la sociedad hubiera sentido la misma urgencia de las mismas que el actual gobierno.
Fuente: Reforma.
















