Por: Aurelio Ramos Méndez.
Ya sin el endeble Pacto por México y con acuerdos intracamerales aún más frágiles, en el Poder Legislativo se exacerban, de manera paulatina y probablemente irreversible, las diferencias partidistas en torno a las inminentes iniciativas de leyes secundarias, en un proceso que puede conducir del gozo al pozo.
El excepcional curso de las reformas estructurales concretadas en 2013 se halla ahora envuelto en claros desencuentros entre bancadas, con el grave riesgo no de dejar las leyes secundarias atoradas entre los escaños y las curules –su aprobación requerirá apenas mayoría absoluta, no calificada—, sino de desteñir el amplio respaldo político logrado a favor de los cambios constitucionales.
La semana próxima se vivirá en el Senado la primera refriega de importancia con la presentación y debate en el pleno de la Ley Federal de Consulta Popular, aprobada ya, tras enconadas discusiones, en comisiones. Una ley en cuyo trasfondo se perfila, nítido, el tema no de la etérea democracia participativa, sino del petróleo y la energía.
Será sólo la primera de varias batallas en las cuales los senadores y diputados propensos a las reformas –sobre todo las mayorías priistas— deberán preservar no nada más el espíritu de éstas, sino también su legitimidad política, la manera no tersa pero sí consensuada, mayoritaria y democrática que las hizo posible.
Esta difícil circunstancia requerirá, de nuevo, la aplicación a fondo, con todos los recursos políticos a su alcance, de los coordinadores de los grupos pro-reformas. En particular los priistas Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones, quienes aun con su dilatada experiencia y retorcido colmillo, deberán demostrar eficiencia y refrendar su condición de jefes de sus bancadas.
No se avizora despejado el horizonte de las leyes secundarias. A la falta de canales formales de diálogo y acuerdos extra-camerales, como el Pacto por México, ahora muerto y sin perspectivas de resurrección, se añade la dificultad para diseñar instrumentos internos de entendimiento y compromiso político en las cámaras del Congreso.
El madruguete ensayado por el sedicente coordinador de los senadores panista –lo es apenas de una facción de un grupo partido en tres—, Jorge Luis Preciado, al anunciar el Pacto del Senado, mediante el cual supuestamente se intentaría sacar adelante 79 temas, a cual más trascendente, mereció sonora rechifla y abortó sin remedio.
La atmósfera legislativa, además, está cada vez más espesa y revuelta con intereses políticos y electorales, mientras los cambios de 2013 a la Carta Magna aún carecen de traducción en la realidad y los bolsillos de los ciudadanos.
Por si fuera poco, la concreción de las reformas constitucionales, a despecho de la copiosa y costosa propaganda en medios electrónicos, y del optimismo desaforado de algunos políticos tras la aprobación de las mismas, sufre constantes retrasos.
Si el improbable lector escuchó por allí en voz de algunos de nuestros más conspicuos políticos que los resultados de la reforma energética –por ejemplo— se verían este mismo año con una reducción de tarifas de la energía eléctrica, lo más probable es que haya experimentado una ilusión auditiva.
¡Cómo que por qué! Pues porque el jueves pasado los mexicanos conocimos, por voz del presidente Enrique Peña Nieto, la noción de la realidad que se percibe en la más alta instancia de mando del país, en torno de los tiempos de maduración de las celebradas reformas.
“Tienen una apreciación equivocada quienes suponen que los cambios hechos en materia legislativa el año pasado van a registrar beneficios de la noche a la mañana”, dijo el Jefe del Estado. Precisó que “esto se irá dando en forma gradual”, y puso luego los puntos sobre las jotas:
“Se espera que en los próximos años se acrediten de manera fehaciente, firme y muy clara ante los mexicanos, los beneficios que tendrá esta administración”.
El Primer Mandatario explicó que 2014 “es un año de concluir el proceso legislativo de varios cambios que en el orden constitucional se tuvieron, y por otro lado, de implementar varias de las políticas públicas que derivan ya de las propias reformas que se hicieron el año pasado”.
Frente a esta realidad inexorable, el panorama tiende a oscurecerse poco a poco para el gobierno y su partido.
Porque, de cara al proceso electoral de 2015 —en los hechos inicia el presente año— la cúpula del tricolor presidida por César Camacho Quiroz tiene cifrada gran parte de sus esperanzas, por una parte, en el mejoramiento de la seguridad pública, y por otra, en los resultados concretos, prácticos, de la reformas.
La dirigencia del otrora partido casi único le apuesta a la mejoría económica, el empleo y el consiguiente aumento de los ingresos familiares, al arranque del gasto público y la aplicación de inversiones –“¡que suene la caja!”, suele decir Camacho Quiroz— en programas y políticas derivados precisamente de las cacareadas reformas constitucionales.
Sin leyes reglamentarias bien diseñadas y mejor avaladas en términos políticos, sin embargo, las reformas estructurales podrán seguir cosechando la admiración mundial y hasta dejar boquiabierto al mismísimo Barck Obama; pero su utilidad para atraer inversiones y detonar el desarrollo será la misma que la de un paraguas en una tormenta.
La batalla de la próxima semana en la Cámara alta será decisiva para el futuro de la reforma energética, la más ambiciosa de la temporada.
No se requiere conocimiento de las prácticas senatoriales para anticipar que los perredistas encabezados por Miguel Barbosa, junto con sus aliados de la izquierda, y aun del PAN –Javier Corral más los que se acumulen—, intentarán construir un muro en la ruta de la consulta popular en los términos negociados por priistas y panistas.
Más allá de los votos y la indiscutible legalidad de la mayoría, por precaria que ésta resulte, así sea de la mitad más uno, es imprescindible robustecer la legitimidad política de la reforma energética, única vía para inspirar confianza a los inversionistas extranjeros en quienes el gobierno ha cifrado las esperanzas de desarrollo nacional.
En la cumbre de Toluca, aun entre el alud de temas internacionales dominantes del encuentro, Obama, Peña Nieto y Stephen Harper sacaron adelante el que era quizá el único tema de genuino interés para los visitantes, en especial Obama: la definición de que la energía es la prioridad trinacional y el anuncio —andando y hablando— de un encuentro urgente, este mismo año, de ministros de Energía, con miras a acordar el trabajo conjunto en este campo, teóricamente ya sin escollos constitucionales en nuestro país.
Así y todo, de la Ley Federal de Consulta Popular que debatirán los senadores bajo la batuta de Raúl Cervantes Andrade podría depender que los ministros hicieran maletas de inmediato para viajar a México, o prefieran entretenerse jugando golf y demorar su llegada.
La cosa es simple. No inspiraría confianza la perspectiva de una reforma energética quebradiza, que en 2015 pudiera trocarse en frustración.
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Fuente: Crónica.
















