Por: Francisco Valdés Ugalde.
La situación política nacional es grave y no parece haber perspectiva de mejora inercial. No todo ha sido causado por el debilitamiento progresivo de las instituciones del Estado, pero es posible asegurar que este proceso es uno de los motivos sobre los que se han montado diversos oportunismos, desde el crimen organizado hasta las pandillas que medran en los partidos.
El régimen político constitucional es una estructura que perdió la capacidad de cohesionar, coordinar y controlar a los gobernantes en un conjunto gobernable de acuerdo con la legalidad. No son la democracia y el pluralismo que la caracteriza en México los causantes de este debilitamiento, sino la persistencia de modalidades de gobernanza caducas que corresponden a tiempos ya pasados. Podemos mencionar varias de ellas: la penuria fiscal que postra al municipio, la hipertrofia del poder de los gobernadores, la irrelevancia de las legislaturas estatales, la corrupción de jueces y magistrados, la ineficiencia del Ministerio Público, la corrupción e ineficacia de las policías. La lista puede completarse también por arriba: una Jefatura de Estado que no lo puede dirigir por caminos de gobernabilidad, un Legislativo que emite leyes cuyo destino y eficacia es por lo menos incierto, una Corte Suprema rebasada en su capacidad para constitucionalizar el orden jurídico y poner orden en la impartición de justicia. A ello hay que sumar violencia e impunidad que agravian a millones de personas sometiéndolas a la zozobra y el desamparo.
No habrá salida fácil de la presente situación. Se requieren decisiones políticas de fondo para sentar las bases de una mejoría, y la primera es empezar por cumplir y hacer cumplir la legalidad de manera tangible. El gobierno nacional debe marcar el paso y sentar el ejemplo. El Presidente ha comprometido esta decisión en respuesta a los crímenes de Iguala. Sin embargo, debiera extenderse hacia todos los ámbitos del gobierno, incluidos los gobiernos de los estados y los municipios. En estas instituciones se ceban las acciones ilegales y criminales que explotan como minas de fragmentación y cimbran todo el edificio político. En el cumplimiento de esta decisión puede jugarse la suerte del sexenio, y más nos valdría a todos que esa suerte sea exitosa. Apostar por lo contrario además de mezquino es suicida.
Pero las cosas no pueden parar ahí. A los sectores de la sociedad movilizada debe responderse con un claro propósito de modificar los impedimentos a la gobernabilidad democrática. Algunos de ellos son resistencias sociales injustificables y violentas, como las de la CNTE o modalidades de violencia como la de los grupos anarquistas o la de la CETEG en Guerrero. Pero esos grupos no representan el sentimiento de la mayoría que, si bien está indignada, espera respuestas a la altura de las circunstancias.
En el corazón de esta respuesta debe estar un deseo sincero de acometer las reformas del Estado, específicamente del sistema de gobierno y sus diferentes subsistemas para que funcione a favor y no contra la sociedad, como ocurre y se le percibe actualmente. No es exagerado decir que podemos estar ya en una carrera de las instituciones contra el tiempo. Si quienes las encabezan no admiten con rigor que han evadido o que su accionar ha sido insuficiente para la reconstrucción del edificio, podríamos atestiguar un deterioro de la legitimidad política cuyas consecuencias pueden ser desastrosas. Debemos mirarnos en el espejo de Venezuela y de Ecuador en las que el derrumbe de las clases gobernantes dio paso a experimentos populistas que revirtieron la democratización de sus estados nacionales. La crisis por la que atraviesa el país tiene un mal aspecto, pero toda crisis es a la vez oportunidad para que iniciativas oportunas puedan encauzarla. La señal debe ser contundente para recuperar la credibilidad desplomada.
Fuente: Azdiario.mx
















