Por: SANTIAGO LÓPEZ ACOSTA.
El INE se encuentra en el limbo jurídico, pues ya existe pero no puede ejercer plenamente sus atribuciones constitucionales
Durante los últimos años hemos tenido una vorágine de reformas a la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (CPEUM),
con todo y la pluralidad imperante desde hace casi dos décadas, pues para ello implica alcanzar la votación aprobatoria de por lo menos dos tercios de las cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de las 31 legislaturas de los estados.
La relativa facilidad con que las principales fuerzas políticas (PRI, PAN y PRD) han podido acordar modificaciones a la CPEUM no se ha continuado en las leyes reglamentarias, nuevas o para reformarse, derivadas de las realizadas a la Carta Magna, las cuales solo requieren la mayoría relativa simple de las Cámaras de Diputados y Senadores, y sistemáticamente se han incumplido los plazos que los propios legisladores se han puesto para emitir o cambiar la legislación secundaria correspondiente.
Dan cuenta de lo anterior los más de 20 casos de omisión legislativa federal, algunos por varios años, en que el Poder Legislativo no ha aprobado reformas o nuevas leyes, estando obligado a ello.
En la coyuntura presente se encuentran en proceso en el Congreso Federal las iniciativas de legislación secundaria de las reformas constitucionales recientes en materia de telecomunicaciones y político-electoral, y en la imaginaria y a punto de presentarse, las correspondientes en materia energética.
Las 3 materias son sumamente importantes y trascendentes para la vida nacional y ha generado gran debate entre los actores políticos partidistas y parlamentarios, principalmente, pues muy poco se a abierto a la sociedad, lo cual es un serio déficit democrático que se tendrá que saldar, más temprano que tarde.
Sin embargo, de las 3 materias mencionadas la político-electoral es la más urgente y apremiante, puessi no se aprueban las leyes secundarias a la brevedad se ponen en grave riesgo las elecciones federales de diputados y las locales en 17 entidades federativas (dentro de las cuales 9 son para gobernador) a celebrarse el primer domingo de junio de 2015.
El 30 de abril fue el término que los mismos actores se impusieron para realizarlas, y a unos días de esa fecha no se advierte que lo consigan. Las diferencias al interior del PAN, en pleno proceso electoral para renovar su dirigencia nacional, y entre las principales fuerzas políticas y el Gobierno Federal, sobre algunos temas como la fiscalización de las campañas, la regulación de las candidaturas independientes y las facultades del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos electorales locales, parecen ser el motivo del retraso.
Se han anunciado periodos extraordinarios de sesiones, que no pueden pasar del mes de mayo, que ese sí es plazo fatal, por disposición del artículo 105 constitucional, para efectuar reformas electorales.Ya veremos si son capaces los actores políticos involucrados.
Por lo pronto el INE se encuentra en el limbo jurídico, pues ya existe pero no puede ejercer plenamente sus atribuciones constitucionales porque está supeditado a las leyes que todavía no se emiten, y tiene que funcionar con el marco jurídico del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y su normatividad derivada, la cual en muchos casos no se ajusta o se contrapone a las reformas recientes a la CPEUM en la materia.
El peor de los escenarios posibles es que no tengamos leyes reglamentarias a tiempo y bien hechas, y que se tengan que iniciar los procesos electorales con un marco constitucional novedoso y una legislación que no es acorde con el mismo para comenzar con un periplo de problemas de aplicación e interpretación, no solo para las autoridades, sino también para los partidos y candidatos, con una gran incertidumbre jurídica que a la postre puede provocar también problemas políticos.
Situaciones similares las hemos tenido como cuando se reformó la CPEUM el 6 de junio de 2011 en materia de la importantísima institución jurídica del Amparo, cuya vigencia inició el 6 de octubre del mismo año, junto con una nueva Ley de Amparo, pero resulta que esta nueva ley se expidió hasta el 2 de abril de 2013. O sea que durante año y medio se tuvo un moderno marco constitucional, conjuntamente con la vieja Ley de Amparo de 1936. Esto desde luego provocó problemas de aplicación, que los jueces y magistrados federales resolvieron como pudieron cada uno por su cuenta, como me lo expresaron algunos de ellos, pero sin que se manifestaran inconformidades de los directamente afectados, esto es los juzgadores, litigantes y personas involucradas en los litigios.
Hemos mencionado que existen muchas omisiones legislativas, pero la materia político-electoral es especialmente sensible ante una incertidumbre de tal magnitud, por lo que una irresponsabilidad de los legisladores en ese sentido podría incluso ser motivo de juicio político y generar una crisis de enormes proporciones; esperemos que no ocurra así.
Fuente: sdpnoticiascom
















