Por: SANTIAGO LÓPEZ ACOSTA.
Las candidaturas comunes existieron en la legislación federal mexicana entre las décadas de los 50”s hasta los 80”s del siglo pasado
Siguen pasando los pocos días que quedan para que el Congreso de la Unión expida o reforme las leyes secundarias que se requieren para ser operable la reforma constitucional en materia político electoral publicada el pasado 10 de febrero,
sin que el Senado de la República pueda concretar los dictámenes que permitan a la Comisión Permanente convocar al periodo extraordinario de sesiones correspondientes.
Son varios los temas que tienen frenado el proceso de acuerdos, como el nivel de dolo y gravedad para hacer efectiva la causal de nulidad de la elección presidencial, los exorbitantes requisitos que se les quiere poner a los aspirantes a candidatos independientes, el voto de los mexicanos en el extranjero, algunos aspectos del modelo de comunicación y en los últimos días, la regulación o no de las candidaturas comunes.
Sin embargo, poco se ha dicho que el trasfondo de todo este andamiaje de negociación, donde se encuentra secuestrada la reforma político-electoral, está el futuro de las iniciativas presidenciales en materia energética, la cual como ha sido evidente, es la que más le importa al gobierno federal.
Recordemos que en diciembre pasado el PAN condicionó su aprobación de la reforma energética a que previamente se hiciera lo propio con la político-electoral, donde impusieron condiciones que se plasmaron en la constitucional correspondiente, como ahora lo están haciendo en la respectiva legislación secundaria.
No me cabe duda que al interior del PAN se encuentra en juego dos proyectos de partido, entre dos grandes grupos encabezados por Gustavo Madero y Ernesto Cordero, que se disputan la dirigencia nacional el próximo 18 de mayo, y que en no pocas ocasiones los senadores corderistas han desconocido lo acordado por los legisladores maderistas, y que la división intrapanista es real. Esta circunstancia ha impedido la construcción de acuerdos, con la manifiesta molestia de sus pares priistas y perredistas, además de los personeros del gobierno federal, el consejero jurídico del Presidente Peña Nieto y el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.
Sin embargo, me parece que en el fondo se encuentra la reglamentación de la reforma energética, donde el gobierno y el PRI necesitan los votos del PAN para sacarla adelante. De otra forma no se explica que hasta el momento no se haya aprobado la legislación secundaria en materia electoral, cuando es suficiente con la mayoría simple de los diputados y senadores presentes, y el PRI los podría obtener con sus aliados antiguos y presentes, como lo son el Partido Verde (PVEM) y Nueva Alianza (NA), además de unos pocos legisladores de otros grupos parlamentarios, o bien haciendo una negociación con el PRD. El PRI ya lo hizo por sí solo en la reforma electoral de 1996.
Pero para que haya reforma energética completa el gobierno federal y su partido requieren necesariamente el concurso del PAN en la reforma política, y es ahí donde estriba el poder de Acción Nacional, que está ejerciendo con la inclusión de temas que originalmente no estaban considerados, como el de las candidaturas comunes.
Las candidaturas comunes existieron en la legislación federal mexicana entre las décadas de los 50”s hasta los 80”s del siglo pasado, y consisten en que un candidato lo puede ser de 2 o más partidos sin necesidad de coalición, bastando solo el acuerdo de los partidos y el consentimiento del candidato. Estas fueron proscritas de la legislación electoral federal con la reforma de 1989, acordada entre el PRI y el PAN, debido al éxito de la candidatura común de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 con el denominado Frente Democrático Nacional.
Esta posibilidad se mantuvo en diversas legislaciones locales, pero se han ido eliminando por las mismas razones políticas, como ocurrió en los Estado de México y Guanajuato en 2009, donde los partidos imperantes, PRI en el primer caso y PAN en el segundo, lo han hecho para impedir el avance de sus respectivos opositores. El argumento en contra de las candidaturas comunes siempre es el mismo, y ahora lo vuelven a repetir, que no generan claridad y certeza de por quién votan los ciudadanos. Y quizá sea razonable, pero lo que no tiene raciocinio y congruencia es que los partidos cambien de posición según se encuentren en la oposición o en el gobierno. Desgraciadamente la memoria histórica de la sociedad es muy flaca como para premiarlos o castigarlos.
Los cálculos coyunturales del PAN, con el respaldo del PRD en este caso, hacen que aparezcan nuevos temas como el mencionado, porque es oposición a nivel federal, pero no así donde es gobierno como en Guanajuato.
Cómo explicar las declaraciones del senador Roberto Gil, corderista, de que no irán a ninguna reforma antes del 18 de mayo, o del coordinador Jorge Luis Preciado, maderista, de que si el gobierno federal acepta las candidaturas comunes, el PAN aprobará el paquete de iniciativas presidenciales en materia energética.
El PAN está haciendo su juego y jugando con fuego, pero no sé quién es más responsable, si el partido fundado por Manuel Gómez Morín, con ese secuestro y condicionamiento, o el PRI-gobierno que parece estar dispuesto a ceder lo que sea, con tal de sacar la reforma energética. Tal vez ambos.
Fuente: Sdpnoticias.com
















