Por: Redacción.
Hasta principios de este año, cuando el Gobierno Federal destapó su estrategia para mejorar la calidad y la educación en México con dos programas: “Escuelas Dignas” y “Escuelas al Cien”, la inversión del sector educativo en infraestructura -4 mil millones de los casi 50 mil millones de pesos presupuestados para todo el sexenio de Enrique Peña Nieto- no había rendido frutos.
De las 3 mil 382 escuelas que en 2015 recibieron cuando menos un millón de pesos para mejorar sus instalaciones,
únicamente 494 [14.6 por ciento] fueron certificadas como “escuelas dignas”, refieren datos de la Cuenta Pública de la Secretaría de Hacienda. Esto representa una mejora del 0.2 por ciento del total de los planteles educativos [257 mil 334].
Entre 2015 y 2018, el Gobierno federal buscará beneficiar a un total de 33 mil 722 institutos educativos. Hasta septiembre de este año, fueron invertidos más de 26.1 mil millones de pesos para mejorar 17 mil 883 planteles, refieren los datos del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED).
No obstante la millonaria inversión, los resultados en materia de combate al rezago educativo hablan solos: en la actualidad hay cuando menos 30.3 millones de personas que sufren de rezago educativo, lo que implica que el 25.4 por ciento de la población en México no tiene la secundaria terminada, refieren datos del INEGI. Desde 2010, 1.5 millones de mexicanos han salido del rezago educativo, un avance menor al cinco por ciento en los últimos años. Asimismo, en ese mismo periodo, 310 mil 362 personas dejaron atrás su incapacidad para leer y escribir, una mejora de casi 12 por ciento.
El contraste de grandes erogaciones y sutiles resultados es el vivo reflejo de políticas mal diseñadas y aplicadas, refieren los especialistas consultados por SinEmbargo. Para el doctor Angel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, la administración del Presidente Enrique Peña Nieto “heredará problemas al siguiente gobierno”.
Existen dos razones principales para ello: primero, que “bajo los actuales esquemas educativos no podremos esperar mejor calidad en las aulas [porque] el nuevo sistema de evaluaciones no sirve”, explicó el académico. Ello debido a que no contempla el establecimiento de una “relación pedagógica entre el docente y el alumno” –el “gran error de la Reforma”, como él lo llama-.
En segundo lugar, porque en nuestra nación, que presenta “una gran desigualdad social”, no existen “proyectos educativos diferenciados” para atender a los grupos más vulnerables de México -como lo son las comunidades indígenas y rurales-. En la opinión del investigador, “no hemos logrado que la escuela, en su plan de estudios, se acerque a la vida cultural de estos sujetos de la educación. Tenemos planes de estudio que responden más a la lógica académica, cuando tendrían que responder más a las inquietudes de los alumnos”.
Sin embargo, “no se puede echar abajo una Reforma Educativa sin conocer en su integridad qué implicaciones tuvo en todo el proceso educativo […]. Falta hacer un balance detallado en función de qué cambios ha generado y cuáles de esos cambios son favorables y no favorables al fin último, que es el mejoramiento de los aprendizajes”, afirmó la doctora Gloria Del Castillo Alemán, profesora-investigadora de tiempo completo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México.
En su opinión, la enmienda “no va a tener resultados en el corto plazo en términos de aprendizaje”, aunque sí es significativa por los cambios estructurales que implica para el sistema educativo.
Para el próximo Presidente de la República [2018-2024] habrá muchos retos qué superar, según los analistas: un mejor manejo del millonario presupuesto que la SEP recibe año con año; el aterrizaje de la Reforma Educativa que plantea un nuevo sistema de aprendizaje -pero que más bien se ha centrado en una enmienda de tipo laboral-; la calidad de la educación y los docentes que la imparten; además de resolver el problema que implica negociar con el sindicato educativo; entre otros.
Pero no todo son malas noticias. Hoy, el 71 por ciento de la población de 4 a 24 años [32 millones de personas] asiste a la escuela, de acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Y a pesar de que esto implica que por lo menos 13 millones de personas en ese rango de edad no van a clases -según datos del INEGI-, la información del INEE arroja que, de 2010 a 2015, el promedio de escolaridad de la población de 15 a 64 años y más aumentó en 0.5 puntos porcentuales. Esta diferencia implica que más gente haya superado la educación secundaria y haya llegado al primer año de preparatoria.
Una revisión de los presupuestos de egresos de los últimos 10 años, realizada por esta Unidad de Datos, arrojó que, en promedio, menos del uno por ciento del presupuesto para la educación es para gasto educativo, mientras que un 97.5 por ciento forma parte del gasto corriente. Dichas cifras concuerdan con las que México Evalúa lanzó en 2016, que indican que de cada 100 pesos en gasto educativo, 83 iban destinados a servicios personales; ocho a subsidios; cinco a otros gastos corrientes; y dos, respectivamente, a gastos de operación y de inversión.
El gasto desbalanceado “nos dice que es un sistema que no tiene prioridades para impulsar un proyecto de trabajo en el aula, que sólo se puede realizar con los docentes”, refiere Díaz Barriga. Por eso, a pesar de que México es el país miembro de la OCDE que más invierte en educación, tiene los peores resultados educativos.
Fuente: Por Esto.
















