Por: Gabriel Regis López.
La implementación del uso de la tecnología en el juicio de amparo es uno de los aspectos más positivos.
El 16 de octubre pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina, el decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Amparo, el cual ha ocasionado distintas reacciones y levantado voces en torno al impacto negativo que supuestamente causará al juicio de amparo,
medio de control constitucional de los DDHH y orgullo de los mexicanos; incluso se ha sugerido que podría incidir en las negociaciones del tratado de libre comercio que estará en revisión en 2026.
Como defensor de los derechos humanos de los gobernados, conozco de manera directa el funcionamiento del juicio de amparo, por lo que considero no debe darse continuidad a críticas desinformadas o mal intencionadas que sólo dañan la imagen de nuestro país, sino analizar de manera objetiva cuáles podrían ser las principales repercusiones que podría tener la mencionada reforma a la Ley de Amparo, sin tintes partidistas o políticos.
En ese cometido, advierto que el decreto de reformas en análisis puede segmentarse en cuatro ejes rectores, a saber: actualización tecnológica del amparo, interés legítimo, procedencia contra créditos fiscales firmes y reglas de suspensión.
La implementación del uso de la tecnología en el juicio de amparo es uno de los aspectos más positivos, pues si bien ya se había introducido previamente la figura del juicio en línea, existen muchas reticencias para transitar hacia lo digital. En el caso de los justiciables es entendible por las situaciones de vulnerabilidad que aún existen en nuestro país, pero no es el caso de las autoridades responsables, a quienes ya se les obliga a generar un usuario dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como a notificarse en la mayoría de los casos de manera electrónica, lo que generará mayor celeridad en la tramitación de los juicios.
Es el rubro del interés legítimo el que ha generado muchas críticas en torno a una supuesta regresividad de la reforma en comento, pero no advierto que exista limitación alguna para defender derechos difusos o colectivos, pues lo único que se hace es incorporar criterios jurisprudenciales que se habían emitido para clarificar en qué casos debía reconocerse ese interés, y sobre todo diferenciarlo del interés simple, de tal forma que una eventual sentencia estimatoria produzca un beneficio cierto y no sólo hipotético.
Por cuanto a la procedencia del juicio de amparo indirecto, se han realizado diversas críticas en torno a que la reforma restringe la impugnación de créditos fiscales; lo que no es acertado, pues sólo se implementó una regla para no entorpecer los procedimientos administrativos de ejecución con la impugnación de actos intraprocesales, pero sólo cuando se trate de resoluciones liquidatorias que hayan sido impugnadas previamente y quedado firmes, lo que de suyo implica que el contribuyente ya tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de audiencia y no obtuvo resolución favorable, actualizándose la figura de la cosa juzgada.
En el capítulo de suspensión del acto reclamado se hicieron más modificaciones, las cuales también han generado reacciones negativas; sin embargo, la mayoría de los cambios se relacionan con la implementación de una metodología conforme a la cual deben resolverse las suspensiones, así como establecer más supuestos en los que debe considerarse que se causen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, los que principalmente se relacionan con operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, por lo que estaría justificada su inclusión en el mencionado listado, aunque el juzgador debe analizar que efectivamente tengan esa naturaleza jurídica para negar la medida cautelar solicitada.
Con base en el análisis realizado al decreto de reformas a la Ley de Amparo, considero que no tiene un impacto negativo en el funcionamiento del juicio constitucional, pues incluso se pretende actualizarlo para hacerlo más eficiente, quizá solo en la figura de la suspensión es en la que los órganos jurisdiccionales tendrán que ir fijando criterios en torno a la aplicación de los nuevos supuestos de orden público e interés social. Además, la reforma no es retroactiva, pues en sus artículos transitorios se explica claramente que se aplicará a las actuaciones procesales posteriores a su entrada en vigor, al tratarse de modificaciones de naturaleza adjetiva.
GABRIEL REGIS LÓPEZ
COLABORADOR
@GABRIELREGISL
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
















