Por: Yuriria Sierra.
Razón.- Así, con mayúsculas. Su concepción (la acuñada porRichelieu, primero, perfeccionada por Maquiavelo, después) ha sufrido muchos embates intelectuales sobre todo en el último medio siglo, por el desafortunado uso (y, claro, abuso) discursivo que muchas dictaduras militares hicieron del término para justificar sus respectivos excesos.
Afortunadamente hoy hemos llegado al consenso de que la “Razón de Estado” (esas medidas excepcionales que el o los gobernantes deben tomar para conservar la unidad, la fuerza y la eficacia del Estado, un “bien” que en sí mismo es mayor a los intereses de individuos o grupos en particular) debe estar, en todo momento, circunscrita a las leyes bajo las que opera el Estado mismo. Las democracias también tienen, en muchos momentos, que atender a la “Razón de Estado”, en determinadas circunstancias. Lo acaba de hacerBarack Obama apenas hace dos días, al decretar una ley de amnistía para los indocumentados en EU. Lo hizo en su momento, por ejemplo, Ernesto Zedillo, creando el Fobaproa como remedio (exitoso, le pese a quien le pese) a la peor crisis económica que ha atravesado México en fechas recientes. Y ejemplos como estos sobran en la historia reciente del mundo.
México atraviesa en estos días circunstancias excepcionales. Circunstancias que hoy lamentamos y que apenas estamos tratando de identificar en el debate, pero que, al suceder en el primer tercio del gobierno de Enrique Peña Nieto, paradójicamente representan una ventana de oportunidad para sanar heridas históricas y reencauzar, así como retomar debates que han quedado pendientes. ¿O nos debemos detener —como si no nos funcionaran las conexiones neuronales— en el muy rupestre (pero conocido y para muchos lucrativo) ejercicio de culpar al gobierno de todo lo que no funciona en el país?
Tratemos de ver más lejos y con más inteligencia que la crisis que atraviesa México está profundamente relacionada con un histórico pendiente, en que, si bien hemos dado pasos importantes en las últimas tres décadas, todavía tiene mucho camino por andar: la construcción de un verdadero Estado de derecho. Comprender que lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa es la cereza de un milenario pastel de impunidad. Misma que facilitó el crecimiento de esa otra enorme madeja de corrupción entre autoridades y criminales que hoy ha provocado una tragedia más, misma que, por alguna extraña razón, ha dolido como si fuera casi la primera —habiendo vivido tantas otras de similares proporciones—.
La alternancia política sí trajo un sentido mucho más crítico entre los ciudadanos y también nos empoderó. Porque de eso se trata la democracia. Así, pues, que las calles se llenen cada vez más de personas que piden por un mejor país, es también síntoma de salud democrática. Aunque la exigencia de “presentar con vida” a los 43 normalistas suena a la exigencia de un imposible. Y ahí es donde la inteligencia tiene que invertirse en desmontar, con la ley en mano, ese grito de guerra que, en un ejercicio de completa honestidad intelectual, ni este ni futuros gobiernos podrán atender con resultados efectivos. ¿Cuándo y cómo se hará “justicia” en el caso Ayotzinapa? En los términos que los padres y los activistas lo exigen, nunca. ¿Quién o cómo o cuándo podría resucitar a los normalistas que los culpables ya confesaron abominablemente ejecutados? ¿Cómo se va a resolver esta crisis? ¿Con la renuncia de Peña Nieto? Qué estupidez. Eso lo único que traería sería un clima de inestabilidad política y social que provocaría una crisis económica como las que hace 20 años no vivimos.
Así como hoy se señala al gobierno de Enrique Peña Nieto, así también se señaló al de Felipe Calderón. Y al de VicenteFox. Y al de Ernesto Zedillo. Y de Carlos Salinas, ni hablamos. Y así, históricamente, sólo hemos sabido señalar con dedo flamígero al Ejecutivo en turno, de nuestras pequeñas o grandes desgracias nacionales. Si LópezObrador se hubiera convertido en Presidente, habría tenido que enfrentar exactamente las mismas condiciones: no existen varitas o trucos mágicos que lo compongan. Y como en el caso de Fox, la decepción y la desilusión con el rayito de esperanza, hubieran sido de enormes proporciones.
Son demasiados los factores que han convertido a México en el país que vemos ahora. La pobreza, por principio de cuentas. Pobreza que, además, alimenta al terrible leviatán electorero, que se nutre de sindicatos, tribus, clientelas, etcétera, y a la cual recurren todos los partidos políticos cada seis, cada tres años. Un sistema educativo tan deplorable, comparable sólo a los peores del mundo. Una total cesión del campo a los capos de las drogas. Un Poder Legislativo que apenas empieza a entender que la construcción de consensos también da rendimientos. Un pastel empresarial en el que han cabido muy pocos y que ha cerrado durante muchas décadas el emprendedurismo y a la competencia. Una lamentable inequidad de género que sólo merma las posibilidades de crecimiento económico en el país. Pero sobre todo, la tolerancia a la cultura de la ilegalidad en todos los niveles, sectores, frentes de nuestra vida cívica, política y social. Como lo dije más arriba: la terrible falta de un verdadero Estado de derecho.
La detonación de los varios hechos que hemos visto en las últimas semanas obliga al gobierno a un profundo ejercicio de autocrítica que, inevitablemente, deberá traer cambios en sus estrategias. Y ahí es donde debe imperar la Razón de Estado. Enrique Peña Nieto y todo su gabinete deben entender que México llegó a una frontera irreversible: de no comenzar a limpiar la casa (empezando por la propia), todos los esfuerzos de sus primeros dos años (las reformas, claro) no sólo no estarán en capacidad de dar los frutos prometidos, sino que podrían quedar sepultadas en el más terrible de los mundos posibles: el de una ingobernabilidad que se vuelva caldo de cultivo para otras crisis igualmente indeseables. El peligroso “efecto dominó”. Y la Razón de Estado hoy es ponerse, con sensatez y autoridad, del lado de los ciudadanos. Y enfrentarse, con decisión y autoridad, a todos aquellos que violan la ley y vulneran la seguridad de esos mismos ciudadanos.
Fuente: Excélsior.
















