Por: Ricardo Alemán.
Más allá de especulaciones, dimes y diretes, supuestas y engañosas “exclusivas periodísticas” —sacadas de la moderna chistera política que son las “chabacanas” secciones del corazón—, lo cierto es que todos los servidores públicos; de los tres órdenes de gobierno, de los tres Poderes de la Unión, y de los partidos políticos, están obligados a transparentar no sólo sus bienes,
sino sus ingresos y los de su familia.
Pero también están obligados a transparentar el origen de milagros bíblicos como “la multiplicación de los panes y los peces”, que ha permitido a no pocos políticos y “líderes sociales” vivir como reyes, cuando tienen años sin trabajar; cuando nunca han pagado un peso de impuestos.
Por esa razón no existe duda de que la casa presidencial tiene la obligación ética, moral, social y legal de transparentar los bienes del propio Enrique Peña Nieto, sus ingresos y negocios, lo mismo que los bienes, ingresos y propiedades de su esposa —incluida la hipoteca de la casa del escándalo—, si es que el mandatario mexicano es congruente con sus promesas de campaña y con la transparencia de su gobierno.
Y debe hacerlo rápido, de manera puntual y clara, por la simple y sencilla razón de que Peña Nieto es mucho más que el Presidente de los mexicanos. En realidad es el mandatario mexicano, es decir, aquel a quien mediante el voto depositado en las urnas, una mayoría de ciudadanos le entregó el mandato de conducir los destinos del país. Y es que Peña Nieto no puede olvidar que más allá de malquerencias, rencorosas infamias y locuaces señalamientos, lo cierto es que los ciudadanos todos, incluidos aquellos que no votaron por él, son los mandantes —los jefes del Presidente—; aquellos a quienes debe responder por sus actos.
Y no hay duda que si los mexicanos aspiramos a una democracia consolidada, de instituciones fuertes y servidores públicos honestos y confiables, todos los ciudadanos debemos ser los más activos exigentes de la transparencia de los hombres del poder; pero de todos, no sólo de aquellos a los que algunos odian o malquieren. Y es que como sociedad no podemos solapar a los políticos de nuestro credo, preferencia o de nuestra iglesia y/o militancia, sean políticos, gobernantes, ex gobernantes, líderes de presunta superioridad moral, que dicen caminar sobre los pantanos sin enlodarse, pero que en el fondo no conocen la transparencia y menos la decencia.
Sí, Peña Nieto y su esposa deben exhibir todos los bienes y los males, en tanto pareja presidencial. Pero lo mismo deben hacer gobernadores —sean del PRI, del PAN o del PRD—; lo mismo deben hacer ministros de la Suprema Corte, consejeros del IFE, jefes de partidos, diputados y senadores, además de sus respectivos líderes. Sí, los ciudadanos debemos conocer los bienes y los males de todos aquellos que ostentan y/o han ostentado un cargo de elección popular.
Y un caso emblema —y al que sus fieles no tocan ni con el pétalo de un reclamo—, es el de Andrés Manuel López Obrador, el político y líder social emblema del populismo, el engaño, la mentira, la doble moral y que, por nada del mundo se atreve a transparentar el origen de los millones de pesos gastados a lo largo de décadas sin trabajar y sin pagar impuestos. El mesías cree que los ciudadanos creen el cuento bíblico de “la multiplicación de los panes y los peces”.
Pero lo más curioso del tema de la transparencia de los gobernantes y políticos es que cuando surge algún escándalo de corrupción —como el de AMLO, Bejarano y Ahumada—, los fanáticos del tabasqueño justifican por todos los medios las pillerías de su mesías. Pero cuando el escándalo alcanza a los gobiernos de Calderón y/o de Enrique Peña Nieto —sólo por citar dos casos—, entonces se convierten en predicadores del bien y dedos flamígeros que condenan el mal. Y claro, a toda prisa dictan sentencia mediática.
Vale recordar que la exigencia de transparencia, honestidad y rendición de cuentas a los servidores públicos no es y no puede ser una acción de contentillo, de temporal y menos de doble moral. La transparencia y la rendición de cuentas debe ser ejemplo de democracia cotidiano; que obliga a todos los servidores públicos por igual, sean políticos, gobernantes o líderes; empezando por Peña, sin olvidar a jefes de partidos, ex gobernadores, ex jefes de Gobierno —como AMLO— y gobernadores en activo como Graco Ramírez y Rafael Moreno Valle, por citar casos emblema.
Y es que a pesar del odio maniqueo y la desinformación malintencionada, lo cierto es que el “¿quién pompó?”, aplica para todos. Y todos son todos. Al tiempo.
Fuente: Azdiario.mx
















