Por: Miguel B. Treviño.
Necesitamos “definir quién es el patrón en materia educativa”.
No, no es la opinión de algún comentarista planteando los retos al inicio de una gestión gubernamental. Es la respuesta de un secretario de Educación a la mitad del camino.
Tres años después de tomar la responsabilidad de echar a andar una reforma educativa -en el papel- ambiciosa, quien creíamos que era responsable de su concreción anuncia su impotencia frente al encargo.
Los antecedentes inmediatos a la confesión hacen evidente la falta de capacidad de mando: una parte de los maestros de Oaxaca, Michoacán y Chiapas no querían ser (y no fueron) evaluados; el gobierno federal suspende de manera indefinida la aplicación de una norma por cuya promulgación trabajó; organizaciones de la sociedad demandan que se cumpla con la ley; la Corte resuelve a favor de éstas, y finalmente la SEP es orillada a cumplir con obligaciones que ella misma creó.
Al final de esta historia bizarra, Chuayffet entra en crisis existencial y, como si se lo preguntara a sí mismo, les dice a los senadores: y a todo esto, ¿quién manda?
La pregunta y su circunstancia pueden ser trágicas, pero también relevantes.
El senador Juan Carlos Romero Hicks le responde y sintetiza el vacío de poder que todos vemos frente a la responsabilidad de educar a la infancia de este país: “Los gobernadores ni pagan ni mandan, y el gobierno federal sí paga y no manda”.
¿Por qué arrastramos este vacío de poder desde 1992?, ¡hace 23 años!
La respuesta es pertinente para ésta y otras materias.
El último cuarto de siglo se distingue por iniciativas que han buscado desmantelar los mecanismos autoritarios de nuestro sistema político. El lenguaje correcto ha sido: “descentralizar”, “ciudadanizar”, “equilibrar”, “federalizar”, “poner contrapesos”.
Tal vez la medicina ya se administra en sobredosis. Y el químico que cura contra el ejercicio autoritario del poder también diluye las responsabilidades individuales en la implementación de un proceso de cambio.
La educación no es la única materia en la que nadie responde por el resultado final.
Para la reforma al sistema de justicia penal ya nos llegó el 2016, la fecha fatal, y lo que tenemos son nuevas leyes, pero las mismas prácticas. El gobierno federal se justifica: “Somos un sistema federal, cada estado puede avanzar a su ritmo”. Las procuradurías y las judicaturas locales se excusan: “Me obligan a cambiar, pero no me dan dinero”.
Lo mismo ha sido, hasta el momento, con la transparencia. El INAI -hasta ahora- ha dicho: “la Corte tiene la última palabra”. En los estados los órganos de transparencia locales se lamentan: “nadie nos hace caso”. Los jueces se excusan: “la falta de dientes no es nuestra culpa”. Los legisladores locales se justifican: “no podemos ir más allá de lo establecido a nivel federal”.
Para acabar con nuestros círculos viciosos de ineficacia, lo primero es reconocer que el péndulo ya llegó en algunos casos al extremo en el que se desconoce quién manda.
Hay que reivindicar en el diseño de nuestras instituciones: las responsabilidades unipersonales, los castigos sin mediación, la coerción como recurso -último, pero a la mano- para el cumplimiento de la ley, y la existencia de normas formales que se acatan y están por encima de la protesta.
Ha llegado el momento de revalorar al gobernante que le gusta mandar; que se toma en serio la obligación de hacer que la ley se acate por impopular que sea y que esté dispuesto a pagar el precio.
Al final necesitamos que cada dependencia y cada funcionario de primer nivel se conviertan en unidad de entrega de resultados y dejen de ser la ventanilla que reparte excusas.
Un buen propósito será que toda ley, para estar completa, permita poner un letrero en el escritorio de una sola persona: “the buck stops here”, en esta silla está el responsable.
@miguelbtrevino
Fuente: Reforma.
















