Por: Carlos Matute González.
El debate público y legislativo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas casi se ha reducido a la publicidad de las tres declaraciones que deben presentar éstos, a saber, la patrimonial, la de conflictos de intereses y la fiscal. Incluso mediáticamente se conoce como la ley 3 de 3. Tal y como lo preveía en una colaboración del 15 de abril pasado, el debate ha sido caluroso.
La primera cuestión era determinar si la publicidad debe quedar a voluntad del servidor público o debe ser obligatoria. La segunda cuestión es qué datos pueden divulgarse sin que exista previo consentimiento del servidor público, que no pongan en riesgo su integridad, seguridad o que sean propios del ámbito privado, es decir, que tenga derecho a que no sean públicos. Lo cual se soluciona con la remisión que el legislador hace al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para que este órgano sea el que emita los formatos respectivos, que garanticen los derechos de los sujetos obligados a presentar las declaraciones.
El debate se había centrado en estos dos asuntos, hasta que durante esta semana se puso en la palestra, ¿quién debe ser obligado a presentar declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés? Lo anterior exige determinar las obligaciones de los dos sujetos a que se refiere el Título IV de la Constitución, reformado en 2015, que es el sustento del combate a la corrupción. Los sujetos son los servidores públicos y los particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción.
¿Quién es servidor público? Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, según la Ley General aprobada. Esta definición es distinta a la que establece la Constitución, que en su artículo 108 dice que son “los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión DE CUALQUIER NATURALEZA en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía”. La diferencia es sutil, pero importante en un procedimiento de fincamiento de responsabilidades.
Sin embargo, esta cuestión técnica no es tan trascedente como la extensión de la obligación a todos los servidores públicos. Me explico: en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos vigente (artículo 36) sólo mandos medios y superiores, así como los responsables del manejo de recursos, inspectores, auditores y policías, entre otros, estaban constreñidos a presentar la declaración patrimonial y de intereses. Con la nueva ley se incluye a todos los servidores públicos, lo que implica, salvo que haya un acotamiento posterior, que un maestro, un doctor, un investigador o cualquier persona que trabaje en un ente público bajo el régimen de salarios u honorarios estén obligados. Es posible, pero complejo. Afortunadamente hay un plazo de un año para que sea vigente.
¿Quién es el particular obligado a presentar declaraciones? Aquél que recibe recursos públicos, que era responsable en los términos de la ley actual, aunque no estaba obligado a presentar las declaraciones. Además los contratistas de los entes públicos en los términos de las leyes de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; obra pública y servicios relacionados con la misma, así como Asociaciones público privadas, entre otras (remito al lector a mi colaboración del 15 de abril pasado).
En este punto, el debate subió de tono –apareció la palabra venganza- hubo posicionamientos partidistas identificables y manifestaciones en El Ángel de la Independencia. Esto suele ser el resultado cuando el debate en la opinión pública se reduce, como sucedió con la 3 de 3.
Una lectura cuidadosa de las leyes aprobadas muestra un panorama más rico y avances formales significativos. Evidentemente, falta la instrumentación que, en una primera etapa, requiere de un año y durante el mismo se irán precisando, mediante el diálogo en instituciones que se integrarán para ese propósito, la aplicación del principio de máxima publicidad de los datos contenidos en las declaraciones, respetando los derechos a la privacidad de las personas, quiénes deben presentar declaraciones y cómo deben hacerlo determinando los formatos y reglas de conformación de las bases de datos de la plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción.
Profesor del INAP
cmatutegonzalez@yahoo.com.mx
Fuente: Crónica.
















