Por: EDUARDO BACKHOFF ESCUDERO.
@EduardoBackhoff
** El autor es Presidente del Consejo Técnico de Métrica Educativa AC y ex presidente de la Junta de Gobierno del INEE
Antes de la implementación de la reforma educativa (RE) de 2013, un grupo de docentes sindicalizados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuya influencia sobre el magisterio es mayor en los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero,
se opuso tajantemente ante lo que ellos llamaron una reforma impuesta por los organismos de financiamiento internacionales, encabezados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial. Su principal argumento era (sigue siendo) que la intención atrás de la RE era privatizar a la educación pública, correr a los docentes en ejercicio e implementar un modelo educativo neoliberal, cuyos valores se oponían a los valores nacionales y regionales del país. Asimismo, se opusieron frontal y violentamente contra todo tipo de evaluación docente, ya fuera para el ingreso, la promoción, el reconocimiento o la permanencia. Calificaron a dicha evaluación como “punitiva”, reforzando la idea de que su “verdadera” intención era despedir a los docentes.
Sin embargo, con el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la RE se implementó. Las nuevas plazas al servicio educativo público y las promociones a cargo de director y de supervisor se otorgaron, principalmente, a través de concursos de oposición abiertos y en 29 estados de la República los docentes, directores, supervisores y asesores técnicos pedagógicos se evaluaron con propósitos de permanencia.
AMLO compró la idea de que la reforma educativa era en realidad un mecanismo de control del magisterio y adoptó el eslogan combativo de la CNTE: “la evaluación punitiva”. Igualmente, quien será secretario de educación ha hecho lo mismo, calificando de mala a la RE y de punitiva a la evaluación de los docentes. En consecuencia, ambos han declarado que la RE se va a derogar (sin especificar si se trata de toda la RE, de la evaluación docente o de alguna de sus partes).
La necesidad de revisar la RE, especialmente lo que concierne a la evaluación para la permanencia ya lo preveía el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), quien en todo el proceso de la implementación de la evaluación docente acompañó a la Secretaría de Educación Pública. Por ello en 2017, contrató a la empresa Consulta Mitofsky para conocer la percepción de los maestros de educación básica del país en torno al Servicio Profesional Docente. Los resultados son muy reveladores.
La encuesta tuvo un alcance nacional y estuvo conformada por 2 mil 112 docentes, que trabajan en 423 planteles de preescolar, primaria y secundaria. Entre 80 y 86% de los docentes encuestados tenían una plaza definitiva. 94% de ellos se encuentra satisfecho o muy satisfecho con su labor docente. Sin embargo, 85% dijo que elegiría otra profesión si tuviera oportunidad de hacerlo. 14% ha pensado en dejar la docencia, de los cuales la mitad lo atribuye a las nuevas formas de evaluar el trabajo docente, el salario insuficiente, el agotamiento y el desprestigio de la profesión. Seis de cada 10 profesores están de acuerdo en que las plazas sean vitalicias y una proporción muy similar simpatiza con la idea de que los docentes ganen sus plazas a través de concursos de oposición. Seis de cada 10 profesores consideran que es conveniente que el sindicato intervenga en asuntos académicos, como en la definición de los planes y programas de estudio. Dos terceras partes de maestros piensa que “la mayoría o la gran mayoría” de lo profesores está en contra de la RE, mientras que una tercera parte estaría a favor de la reforma. Entre 84 y 90% de los docentes considera que la RE es superficial y con una orientación político-laboral, por lo que debería de modificarse; especialmente, en lo que respecta a la evaluación del desempeño.
Esta encuesta no es el único cuerpo de información que el INEE tiene sobre la RE. También existen varios reportes que la UNESCO está elaborando sobre el mismo tema. Uno de ellos a cargo del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE), con sede en Buenos Aires, y otro que coordina el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PENUD), con sede en la Ciudad de México.
Sería recomendable que el próximo secretario de educación se acercara al INEE para conocer esta información y la pueda utilizar para orientar las políticas públicas que desea implementar durante su gestión.
Fuente: Sdpnoticias.com
















