Por: Germán de la Garza Estrada.
En días pasados la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la minuta enviada por el Senado para expedir la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, que regula la posible suspensión de derechos y garantías individuales de los mexicanos, en caso de que exista una amenaza excepcional a la seguridad nacional,
como “perturbación pública provocada por fenómenos naturales… así como revueltas internas de gran calado, incursiones de grupos armados internos, graves afectaciones a la paz o a la estabilidad del Estado”, lo que llevaría al “sacrificio temporal de derechos a la manifestación, asociación, circulación, libertad de expresión, patrimonial, de crédito o de autor…”, como señala el texto reglamentario.
Para llegar a ese escenario, el procedimiento jurídico a seguir involucra a los tres Poderes; inicia facultando al Presidente a expedir un proyecto de decreto que determine los sucesos que pudieran representar una amenaza para la nación y que ameriten la suspensión de nuestros derechos. Acto seguido, éste deberá ser aprobado por el Congreso en un plazo no mayor de 48 horas. Al mismo tiempo, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, deberá informar a la OEA y a la ONU el plazo perentorio por el que se suspenden dichas garantías. Por su parte, la Suprema Corte tendrá la obligación de pronunciarse de oficio sobre la constitucionalidad y validez de dicho proyecto de decreto y en caso de considerarlo anticonstitucional ordenará el restablecimiento inmediato de nuestras garantías, mediante la anulación de dicho proyecto.
Con esta ley reglamentaria se construye un entramado jurídico que impide y acota la tentación del autoritarismo, toda vez que su aprobación requiere el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas del Congreso, además de otorgarle al Poder Judicial la posibilidad de anularla de inmediato y, a la vez, faculta al Ejecutivo para tomar decisiones delicadas en materia de seguridad nacional.
Un Estado de excepción es una herramienta de carácter político-jurídico utilizada en las democracias occidentales para enfrentar acechanzas externas e internas. Apenas en noviembre de 2015, el presidente francés, François Hollande, recurrió a este peculiar mecanismo para hacer frente a la crisis que supuso para su gobierno los atentados perpetrados en París por el Estado Islámico (EI).
Concebido en la Roma republicana como una herramienta para someter a sus súbditos, el Estado de excepción o régimen de excepción ha devenido en un instrumento jurídico para afrontar diversos tipos de crisis nacionales, y la pregunta que debemos hacernos es: ¿México está sometido hoy a algún tipo de amenaza que ponga en riesgo su seguridad nacional? ¿El gobierno cuenta con información clasificada que lo haya llevado a promover una ley reglamentaria como ésta?
No, necesariamente. Sin embargo, hay que recordar que recientemente el EI publicó una lista de las naciones a las que consideraba sus enemigas, y México se encontraba entre ellas. Tenemos más de tres mil kilómetros de frontera con Estados Unidos, principal enemigo del EI, y nuestro territorio se puede convertir en campo de operaciones para los yihadistas. En la era de la globalización en la que vivimos, en la que un atentado terrorista puede ser un escenario posible en cualquier parte del mundo, al aprobarse la ley reglamentaria del artículo 29, el Ejecutivo cuenta hoy con un instrumento jurídico que lo faculta para tomar decisiones en condiciones excepcionales, pero controlado por los Poderes Legislativo y Judicial.
Y este hecho es relevante, ya que la suspensión de garantías deberá ser el último de los escenarios posibles a los que un gobierno tenga que recurrir, sobre todo si consideramos que dicha suspensión atenta de manera directa, así sea por un bien superior, contra los Derechos Humanos de los individuos.
Fuente: Excélsior.
















