Por: Armando Salinas Torre.
El PVEM hace de la ilicitud su forma de campaña, bajo un esquema de rentabilidad y cálculo de beneficios y multas con las prerrogativas que provienen del erario.
En los últimos meses, el PVEM ha sido multado en seis ocasiones, en total suman alrededor de 170 millones de pesos con motivo de la campaña publicitaria que ha desplegado en cines y medios masivos de comunicación.
A sus dirigentes no les importa el monto de las multas porque hacen un cálculo del beneficio de violar la ley. El PVEM pretende obtener un beneficio mayor con su campaña, a pesar de que sea ilegal, obteniendo mayor número de votos y, por tanto, mayores prerrogativas económicas para solventar las multas impuestas por la autoridad.
El PVEM pretende ganar votos, a como dé lugar, para incrementar sus prerrogativas electorales, con independencia de que todos en este país continuemos sufriendo las consecuencias de la cultura de la ilegalidad.
La conducta por la que se sancionó al PVEM no es la única conducta ilegal que ha cometido, si acaso es la única que se le ha logrado comprobar y logrado que se le sancione, sin embargo, es el reflejo de lo que sucede en una empresa que en lugar de promover la formación de ciudadanos que ejerzan y defiendan sus derechos, se trata de una empresa familiar que sigue generando recursos a costa del erario.
Más allá de que se logre hacer un análisis para diseñar mecanismos legales que impidan la comisión de la misma infracción legal en sucesivos procesos electorales, lo verdaderamente relevante es que una vez más estamos ante la reciente aprobación de una Reforma Político-Electoral que resulta intrascendente para lograr modificar la cultura antidemocrática en nuestro país.
Seguimos sin modificar los valores que determinan la actuación en nuestra sociedad. En este momento, el PVEM se encuentra cuestionado en la agenda temática, pero en forma similar han desfilado otros partidos políticos, gobernadores, presidentes municipales, al igual que otros servidores públicos y empresarios que pretenden mayores beneficios económicos, políticos o de cualquier otra índole, sin importar la forma en que se obtengan dichos beneficios; en contrapartida, millones de doctores, maestros, policías, bomberos, en general servidores públicos, al igual que trabajadores y empresarios realizan su trabajo día a día en forma honesta, y todos ellos se ven afectados en forma directa o indirecta por los primeros.
A pesar del desprestigio que padecen los partidos políticos y de la política en nuestro país. Los actuales dirigentes políticos continúan esforzándose por hundirnos en lo profundo de las causas de nuestros problemas; en este caso, la cultura de la ilegalidad.
Nuestros hospitales públicos se encuentran sin los doctores bien pagados y los recursos necesarios para hacer frente a las apremiantes necesidades de los pacientes que día a día requieren de sus servicios. Miles o millones de alumnos en el país se encuentran sin clases o padecen de las deficiencias de nuestro sistema educativo. Miles de delincuentes se aprovechan de nuestros sistemas ineficaces para generar millones de víctimas cada año, y muchos problemas más están directa o indirectamente, relacionados con la cultura de la ilegalidad.
En tanto ello sucede, los dirigentes partidistas que debieran generar liderazgos que transformen nuestra realidad, reproducen los esquemas de ilegalidad que producen rentabilidad, sin importar que sus ejemplos se reproduzcan exponencialmente, al grado de matar, robar o defraudar, incluso por votos.
*Abogado postulante
Twitter: @salinastorre
Fuente: Excélsior.
















