Por: Ana Laura Magaloni Kerpel.
Esta semana se celebró el Sexto Foro Nacional de Seguridad y Justicia. Este ha sido el foro más concurrido en seis años. Por primera vez la profesión legal está viendo que la reforma avanza: el recientemente aprobado Código Nacional de Procedimientos Penales estará en vigor en todo el país a lo largo de los próximos dos años.
A pesar de este nuevo impulso que la administración de Peña Nieto le está dando a la reforma penal, me parece que ésta sigue aislada. Es decir, la reforma penal no logra vincularse con el resto de las reformas estructurales con las que se busca reactivar la productividad del país. Dicho en otras palabras, no parecen estar construidos los vasos comunicantes entre justicia y productividad.
En efecto, el desafío mayor que tenemos enfrente es reactivar la productividad del México de la economía tradicional y familiar, la cual, de 1999 a la fecha, ha decrecido en 6.5% en promedio anual. Es este México el que genera más empleos. Y es este México el que puede lograr que crezcamos por encima del 4% anual. Sin embargo, las pequeñas empresas familiares y tradicionales no van a poder prosperar sin un sistema de justicia más accesible y menos corrupto, sobre todo en el ámbito local. Esto que pudiese parecer como una frase hecha -la igualdad y la justicia como condiciones de la prosperidad- es uno de nuestros mayores cuellos de botella.
Una de las funciones centrales de un sistema de justicia en un régimen democrático es precisamente hacerse cargo de las enormes desigualdades sociales a través de emparejar la cancha de los derechos. Es decir, a pesar de las enormes diferencias económicas de la población, la justicia se encarga de que exista un mínimo común denominador de derechos que nos haga a todos iguales en el ámbito jurídico. Esta igualdad jurídica pasa por dos factores: 1) la posibilidad de que todos, sin importar el origen social o la capacidad económica, podamos acceder a un tribunal cuando vemos afectados nuestros derechos y, 2) que una vez que llegamos a un tribunal, confiemos en que el resultado del juicio no va a depender de la capacidad económica o política de las partes para manipular al juez.
En el caso de México, hemos diseñado un sistema de justicia inaccesible para la mayoría: ¿cuántos pueden pagar un buen abogado para dirimir un conflicto jurídico con otra persona? No más del 10% de la población. ¿Quién puede tener la certeza de que el sistema de justicia no se va a corromper? Nadie, pero sobre todo los que no tienen dinero para acceder a la jurisdicción federal a través del amparo y se quedan atrapados en los débiles y corruptos tribunales locales, que son aproximadamente 80% de los litigantes del país.
Estas dos características de nuestro sistema de justicia -inaccesibilidad y corrupción- hacen que las empresas de la economía tradicional y familiar operen, con relativa frecuencia, con la ley del más fuerte: el mejor conectado, el que más dinero tenga o el que utiliza la fuerza va a ser el que se salga con la suya.
Es muy difícil proteger el patrimonio familiar, contratar un crédito o expandir el negocio si no se cuenta con las instituciones adecuadas para cobrar una deuda, para dirimir un conflicto laboral, para lidiar con la corrupción de las autoridades o para sancionar un robo. La productividad requiere intercambios y cooperación constante entre personas. Es así como se genera valor y se produce riqueza. Estos intercambios se entorpecen o se inhiben si no existe una forma accesible, efectiva y justa de dirimir nuestras inevitables diferencias.
Por ello, las políticas para incentivar la productividad necesitan como telón de fondo un sistema de justicia accesible y confiable. Sin este sistema, se fractura nuestro deseo de cooperar, se acentúan las asimetrías sociales, se desarticula el tejido social y, en el extremo, se dispara la violencia.
La reforma penal en concreto y la reforma a la justicia en términos más amplios son ingredientes centrales para construir un México próspero e incluyente. No podemos dejar la reforma penal en la periferia, tampoco podemos seguir haciendo invisibles los graves problemas de acceso a la justicia que vive la inmensa mayoría de los mexicanos. Nuestro país tiene que crecer y crecimiento y justicia van de la mano.
Fuente: Reforma.
















