Por: Jorge Alcocer V.
Consigna la nota de Reforma del día de ayer (p.4) que el INE ya entregó a los 22 candidatos independientes a diputados federales el financiamiento público que por ley les corresponde, que asciende a 1 millón 100 mil pesos para cada uno. El INE gastó por este concepto 24.2 millones de pesos.
Es un trato de privilegio el que la ley otorga a esos candidatos ya que con el dinero que el INE les otorga pueden gastar el 91.6 por ciento del tope permitido, que es de 1 millón 200 mil pesos; con obtener de sus amigos, o poner de su bolsa, 100 mil pesos, cada uno de los 22 registrados podría alcanzar el tope. Tal privilegio provoca inequidad respecto de los candidatos de partidos al mismo cargo.
Recordemos que el financiamiento público de campaña tiene como beneficiarios a los partidos políticos, no a sus candidatos; en un extremo -que ocurre- un partido puede decidir no dar un solo centavo a sus candidatos a diputados federales, o a cualquier otro cargo, dejando que se rasquen con sus propias uñas.
Si cada partido decidiera repartir de manera igualitaria entre sus 300 candidatos a diputados federales el financiamiento público de campaña la inequidad quedaría de manifiesto. En efecto, los del PRI recibirían -cada uno- 1 millón 22 mil pesos, el 93% de lo que recibe un independiente; los del PAN, 859 mil pesos (78%); los del PRD, 655 mil pesos (60%); a los que compiten por los tres partidos de nuevo registro les tocaría, per cápita, 78 mil 200 pesos, el 7 por ciento de lo que recibe un independiente.
Se dirá que los candidatos de partido cuentan con apoyos en especie, con la estructura partidista para el desarrollo de sus campañas y la cobertura de casillas el día de la jornada electoral. Se cree que cada candidato partidista puede obtener cuantiosos fondos de patrocinadores anónimos y hasta se afirma que todos gastan millonadas que superan el tope permitido. Nada más falso.
La mayoría de los candidatos partidistas, incluyendo muchos de los que compiten para gobernador, disponen de magros recursos que deben obtener con su propio esfuerzo. No es igual ser candidato a gobernador de uno de los tres mayores partidos (o del PVEM), que serlo por alguno de los partidos menores. Incluso los candidatos del PRI, PAN o PRD que carecen de posibilidad de triunfo viven la misma situación.
No encuentro razón jurídica ni argumento ciudadano para privilegiar a los candidatos independientes a diputados federales otorgándoles, con cargo al erario, el 91.6% del tope de gastos de campaña.
La reforma electoral de 2014 arroja, en este tema, otro más de sus malos resultados; queriendo corregir lo incorregible, el miércoles pasado el Consejo General del INE aprobó los lineamientos aplicables a los ingresos privados que pueden recibir candidatos independientes a cargos locales. Tuvo razón el titular de primera plana de Reforma del pasado jueves: “Se lava manos INE”. Para colmo, el acuerdo de marras no había sido publicado, hasta ayer, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que carece de efectividad ante sus destinatarios, que son los independientes en cada estado y el DF.
El acuerdo del INE no resuelve nada, agrega confusión y más litigios. Las buenas intenciones de algunos consejeros han sembrado, otra vez, el camino del infierno, que en su momento tendrá que desbrozar el TEPJF.
El sistema de financiamiento público en materia electoral tiene como destinatarios a los partidos políticos; emparejar el piso de competencia entre ellos fue el objetivo. Adaptar las normas diseñadas para partidos a candidatos sin partido es otro de los dislates en que incurrieron los redactores del mazacote de leyes electorales aprobadas en 2014.
Reitero mi pronóstico: si gana El Bronco, algún partido lo impugnará por supuesto rebase al límite de financiamiento privado autorizado en la ley electoral estatal y pedirá anular la elección. Curándose en salud, el independiente declaró que no gastará en su campaña más de 5 millones de pesos (Reforma, p.8, 25/05/15).
Y si El Bronco no gana… a otra cosa.
Fuente: Reforma.
















