Por: Diego Valadés.
En la mayor parte de los Estados constitucionales la definición de los presupuestos se hace mediante ley. Así sucede, por sólo mencionar algunos casos, en Alemania (Ley de presupuestos generales), Austria (Ley de Presupuestos Federales), Brasil (Ley Presupuestaria), Costa Rica y Perú (Ley de Presupuesto),
España, Italia y Portugal (Ley de Presupuestos) y Holanda (Ley de Presupuestos de Ingresos y Gastos del Reino). En Estados Unidos el presupuesto es un acto legislativo de extrema complejidad porque, además de los aspectos económicos, se ha convertido en uno de los elementos más polémicos de la política nacional. El tamaño del gasto funciona allí como un indicador de qué tan conservador o progresista es el gobierno.
Por otra parte, las cuestiones relacionadas con los ingresos y gastos del Estado se sitúan en el origen del constitucionalismo. Hace ochocientos años fue adoptada la Carta Magna, uno de cuyos objetivos fue condicionar las facultades tributarias de la corona inglesa. Siglos después, en 1689, también en Inglaterra, la célebre ley de derechos fundamentales conocida como Bill of Rights reguló el gasto público. Luego, con la Revolución Francesa, en 1791 apareció el control del gasto.
La explicación teórica que asocia las funciones fiscales y presupuestarias con el constitucionalismo radica en el derecho de propiedad, pues los impuestos se consideran una aportación para satisfacer necesidades colectivas, no para que los funcionarios se apropien de esos recursos más allá de lo que les corresponda como el salario que paga la comunidad por sus servicios.
En México existe ahora el problema del llamado presupuesto de base cero. Como medida para racionalizar el gasto, es inobjetable. La experiencia muestra que los presupuestos generan inercias que se traducen en dispendio. Revisar programas y partidas como si fueran a ser aprobados por primera vez permite identificar muchas distorsiones. Sin embargo, aquí aparece un escollo pues entre las disposiciones de gasto acumuladas en el tiempo hay muchas que figuran en leyes federales que, por lo mismo, no pueden ser modificadas mediante actos administrativos. Otro tanto sucede en el ámbito de los estados.
Eso explica que la mayor parte de las erogaciones anuales está comprometida antes de que el presupuesto sea elaborado, por lo cual los márgenes con que cuenta la Cámara de Diputados son más estrechos de lo que se supone. Esta rigidez la muestra el gasto corriente, o sea el destinado al pago de nóminas y a la adquisición de insumos para la administración pública, que en 2015 representa el 77% del presupuesto.
Una depuración de la magnitud que supone un presupuesto de base cero requiere de una reforma constitucional para establecer que el presupuesto constará en una ley, por lo que su aprobación dejaría de ser facultad exclusiva de los diputados y también intervendría el Senado. Esto presentaría la dificultad política de contar con mayoría en ambas Cámaras, pero asimismo supondría la coherencia de que los senadores intervinieran en la definición de las inversiones destinadas a los estados.
Debe tenerse presente, además, que según la Constitución a partir de 2018 podrá haber gobiernos de coalición. Llegado este caso el convenio de coalición y el correspondiente programa de gobierno deberán ser aprobados por el Senado. Esos acuerdos vincularán el programa con las leyes que lo hagan viable y, por ende, facilitarán la aprobación presupuestaria.
Pero con independencia que cuanto suceda en 2018, transformar el presupuesto de acto administrativo en acto legislativo permitirá el mejor funcionamiento de cualquier modalidad de gobierno y hará posible el presupuesto de base cero.
Las posibles dificultades para aprobar la ley de presupuesto serían compensadas por las ventajas que ofrecería. Si el presupuesto fuera ley, sus disposiciones anuales modificarían lo previsto por otras leyes, en tanto que la norma posterior deroga las normas anteriores en todo lo que se le opongan. En los estados se tendría que hacer otro tanto.
La ley de presupuesto permitiría alcanzar varios objetivos: liberar al presupuesto de lastres e inercias; formar una mayoría congresual de apoyo al programa de gobierno; involucrar al Senado en la inversión federal en los estados, y justificar el veto presidencial en materia de presupuesto, que ahora se basa en una discutible interpretación de la Suprema Corte de Justicia. Todo eso contribuiría a racionalizar el gasto y también el régimen de gobierno.
@dvalades
Fuente: Reforma.
















