Por: Adriana Delgado.
No se veía un desastre de esa magnitud desde 1999. Hoy, la gente repudia al alcalde, Fernando Luis Remes Garza.
La tragedia era prevenible y en toda la cadena de responsabilidad hubo negligencia y responsabilidad, a pesar de que el Servicio Meteorológico Nacional alertó diariamente desde el lunes, que el viernes llegaría la catástrofe.
En Veracruz, Hidalgo y Puebla, 111 municipios no fueron prevenidos por alcaldes ni gobernadores. El resultado en vidas: 80 muertos y 200 desaparecidos.
La CFE no emitió una alerta de que la presa Necaxa estaba a punto de desbordarse, a pesar de que lo sabían 30 horas antes. Abrió las compuertas de las presas cercanas sin que el aviso llegara hasta Poza Rica, a donde el agua de por sí contaminada del río Cazones tardó apenas 40 minutos en llegar con furia, además con lo que había encontrado a su paso: escombros y hasta animales vivos y muertos. Solo dio tiempo de subir a las azoteas.
En esa ciudad, enclavada en medio de pozos y ductos, únicamente funcionó el silbato de vapor del Sistema de Comando de Incidentes de Pemex, accionado por el trabajador Jesús Armando Mercado Escamilla. Había que resguardar instalaciones y ponerlas en modo seguro. Las mil familias petroleras afectadas y los trabajadores petroleros, después del desastre, han apoyado con maquinaria y equipo para mitigar los daños.
No se veía un desastre de esa magnitud desde 1999. Hoy, la gente repudia al alcalde, Fernando Luis Remes Garza, por la negligencia de no haber alertado. Ahora también admite cínicamente que en el municipio hubo un desvío de 14 millones de pesos que eran para construir un muro de contención en el río. El dragado constante, necesario para mantener el flujo correcto del agua, ni siquiera lo consideró su director de Protección Civil, Carlos Agustín Escudero Alarcón, un estudiante de derecho, si acaso, con el bachillerato terminado.
A nivel estatal no es distinto. La gobernadora, Rocío Nahle minimizó la situación como un “ligero desbordamiento” y su secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, lejos de ser una especialista, es licenciada en Antropología Social y maestra en Literatura Mexicana. Sí, ocupar un cargo para el que no se está preparado también es corrupción criminal.
Ninguno de ellos acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien sí se hizo presente y se comprometió a atender a todos los afectados con la partida presupuestal de 19 mil millones de pesos que hay en el Paquete Económico de este año y con otros recursos en caso de que sea necesario.
También en eso hay diferencia. El gobierno veracruzano dejó de tener la cobertura del seguro catastrófico por fenómenos meteorológicos desde el primero de junio porque no renovó la póliza. En vez de eso, creó por decreto la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (AVSI) que no está fondeada ni ha entrado formalmente en operación. La seguridad de la población convertida en negocio. ¿Y el Congreso del Estado?
En el ámbito federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien alertó sobre el huracán Otis, en 2023, solo con un posteo en X, lo que dejó a miles de acapulqueños indefensos, también desmanteló el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) con el argumento la corrupción, señalamiento que hasta ahora no está traducido en procesos judiciales. Más aún, su director durante el gobierno peñanietista, José María Tapia Franco, fue candidato de Morena a la alcaldía de Querétaro en 2024.
El manejo de la tragedia entre ocurrencias y negligencias. La receta para el desastre.
POR ADRIANA DELGADO RUIZ
COLABORADOR
@AdriDelgadoRuiz
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
















