Por: Jorge A. Bustamante.
La ausencia de una política integral de migración en México es una responsabilidad de Estado cuyo reclamo no es bandera de partido político alguno ni es prioridad en las agendas de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de nuestro país. Los principales afectados por tal ausencia son los migrantes,
tanto los mexicanos que emigran desde todo el país rumbo a Estados Unidos, como los ciudadanos mexicanos que ya residen allá. A esos se suman los inmigrantes, que son aquellos que entran a México con el propósito de llegar a Estados Unidos, a quienes llamamos transmigrantes, como los que entran al país con el propósito de quedarse en él. Ninguno de estos grupos tiene el poder para imponer algún costo político a quienes son responsables de esa ausencia. Los que en teoría podrían reclamar, y de hecho algunos lo hacen, son los ciudadanos mexicanos involucrados en los movimientos poblacionales internos o internacionales.
Lo anterior alude a una explicación que me han pedido mis estudiantes, tanto del Colegio de la Frontera Norte como de la Universidad de Notre Dame. Me preguntan, por qué no ha habido cambio, aunque abunden las reclamaciones internas y externas al Estado y al gobierno por esa ausencia. Resulta que a las internas les falta el apoyo político de un factor de poder que pueda imponer algún costo político a los responsables de tal ausencia por no hacer algo significativo para evitarla. A las reclamaciones del exterior, que las ha habido, les ha faltado el uso de los mecanismos permitidos por el Derecho Internacional para presionar al Estado mexicano por tal ausencia.
Cuando uno se pregunta por dónde actuar en contra de la inamovilidad del esquema anterior, es imperativo reconocer el factor de poder que está detrás. Sin afán de ser exhaustivo, se podría empezar por analizar las causas de la inefectividad de los ciudadanos mexicanos para tratar de cambiar esa ausencia. No es que no tengan derecho a hacerlo. Es que su poder para ejercitar ese derecho está limitado por una indiferencia generalizada de los mexicanos sobre lo que les pasa a los migrantes y a su ignorancia sobre el acervo de los derechos que los protegen. Tal indiferencia queda ilustrada con el hecho de que jamás se ha visto una manifestación pública de protesta colectiva contra las violaciones de los derechos de los migrantes en las calles de alguna de las grandes ciudades de los Estados de donde son originarios los migrantes mexicanos, no obstante que esas violaciones son cubiertas casi todos los días por alguno de los medios de comunicación masiva. Los derechos humanos de los migrantes fueron fortalecidos por las reformas constitucionales del año pasado, sobre todo por el artículo primero que ahora se refiere a los derechos humanos consagrados en todas las normatividades internacionales ratificadas por el Senado mexicano. Lo que ha hecho falta es la acción tutelar de esos derechos por el Estado. Como se ha visto en las recientes ejecuciones de la pena de muerte de ciudadanos mexicanos, el estado de Texas, según su gobernador, no está obligado a cumplir los acuerdos internacionales firmados por el gobierno federal de Estados Unidos que no han sido ratificados por el Congreso estatal que detenta la “soberanía estatal” de Texas. Por supuesto que tal posición es contraria a las reglas más elementales del Derecho Internacional, lo cual es sostenido aun por el Poder Ejecutivo de Estados Unidos. Con la salvedad de que la Suprema Corte de Justicia de ese país se ha pronunciado en favor de la posición del gobierno de Texas. Esta ha sido vista como “ilegal” por los órganos judiciales de la ONU. Un factor de poder que apenas se atisba en el futuro es el que se pueda derivar del papel que jueguen las comunidades de mexicanos en Estados Unidos. Hará difícil juzgar su actuación el hecho de que están integradas por ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos como tales, que no siempre coincidirán con las decisiones que se tomen en México por gobierno o por instituciones cobijadas por la soberanía nacional. El conflicto surgirá cuando la defensa que ellos hagan de los migrantes no coincida con los criterios sostenidos por el gobierno de México o por sus instituciones y, los de allá busquen el apoyo a sus demandas del gobierno de Estados Unidos, a lo que tendrían derecho como ciudadanos de ese país por nacimiento o por su doble ciudadanía.
Fuente: Reforma.
















