Por: Ociel Mora.
En los primeros meses posteriores a la firma del Pacto por México, el periódico Reforma publicó una breve nota en la que informaba que la Secretaría de Hacienda había erogado 12 mil 500 millones de pesos para hacer un pago extraordinario a los 500 diputados de la LXII legislatura, correspondiente a la primera etapa de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. Cada uno habría recibido 25 millones de pesos.
Se trataba de un hecho inusual. Sobre el que no había antecedentes. No faltó el perspicaz que supusiera que se trataba de un guiño cautivador dirigido a los nuevos legisladores sobre cómo sería la relación entre ese órgano de gobierno y el ejecutivo.
Recordemos que el PRI regresaba con la promesa de que ellos “sí sabían cómo hacerlo”. Con Vicente Fox y Felipe Calderón el PRI se mostró renuente y no se aprobaron grandes reformas que no fueran las ordinarias. Incluso el proyecto de presupuesto siempre estuvo en riesgo.
Los priistas tan sabían cómo hacerlo que un día después de protestar el cargo de presidente se estaba firmando el Pacto por México. No en la sede del poder legislativo como manda la ley, sino en el Castillo de Chapultepec. ¿Cómo fue que tan de repente se acordó y aprobó un paquete de reformas de la mayor trascendencia nacional, que tocaba incluso la propiedad nacional de PEMEX?
La respuesta de los prohombres priistas fue que el acuerdo alcanzado entre las principales fuerzas políticas (PRI, PAN, PRD) se mantuvo en sigilo para evitar que fuera descarrilado por la vorágine de la opinión pública. Un acuerdo cupular, de espaldas a la población. Ese sigilo puede llamarse Lozoya-Videgaray.
En la euforia, se supo que Hacienda entregaba aquella partida millonaria a fondo perdido. Los representantes populares no estaban obligados a ningún tipo de fiscalización. Cada uno determinaría soberanamente el destino de sus 25 millones.
Se trataba, en resumidas cuentas, de un apoyo que el ejecutivo otorgaba directamente a los diputados para que cumplieran eventuales compromisos contraídos en sus respectivos distritos, o que ellos mismos decidieran su destino.
Conocí a varios de aquellos diputados por el estado de Puebla y, hasta donde supe, ninguno informó en sus demarcaciones sobre una bolsa de 25 millones de pesos para la población. Tampoco supe que hayan implementado o apoyado acciones de alguna especie.
Recuerdo que yo propuse a cierto diputado hacer un catálogo sobre una zona arqueológica de su jurisdicción. Se trata de la segunda más importante de la entidad. Muy sorprendido me respondió que ese dinero no se tocaba, porque ya estaba comprometido íntegramente para una exposición ganadera en la feria del pueblo. Vino la feria y no hubo nada.
Los diputados no ejecutan ni financian acciones. Lo que generalmente hacen (no sé si todos) es exigir una cuota mensual a los ayuntamientos con el fin (pretexto) de financiar “casas de gestoría” en los municipios. Las que no abren y no gestionan.
Los presidentes acceden a pagar mensualmente a su diputado a cambio de tenerlo de su lado y, llegado el caso, solicitarle su voto favorable para aprobar su cuenta pública. Lo que nunca ocurre porque la aprobación de cuentas es “facultad” del gobernador en turno.
Puebla se encuentra dividido en 217 municipios y 16 distritos federales. Cada distrito integra 14 municipios en promedio. De menos cada uno apoya con 25 mil pesos, lo que hace una bolsa mensual de 350 mil pesos para el diputado. Al cabo de un año esa cantidad se traduce en 4 millones 250 mil pesos. En la gestión de tres años se eleva a 12 millones 750 mil pesos. Por los 16 distritos, la cifra rebasa los doscientos millones de pesos. Pero luego están los diputados locales, 26.
También está “el costo” de la autoridad del gobernador sobre los diputados en la Cámara de Diputados. Es sabido que la secretaría encargada de la administración financiera paga a cada uno de los representantes populares una cantidad equivalente a la recibida a nivel federal.
El diseño de la orientación del gasto es sencillo. El ejecutivo propone, el congreso autoriza, el ejecutivo ejecuta el gasto, y finalmente el congreso aprueba su correcta aplicación. Un círculo virtuoso en el que todo queda en casa.
En la legislación de la que las hablo el PRI no alcanzó mayoría absoluta. De acuerdo con el conteo del IFE obtuvo 207 escaños, más 33 del Partido Verde. El PAN, 114; el PRD, 101; PT, 19; MC, 16; y Nueva Alianza, 10. Había que construir mayorías, y las mayorías cuestas, y cuestan mucho.
Hay por allí una antigualla que dice que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados (artículo 134 Constitucional).
La unidad de la clase política nacional no descansa en la competencia de proyectos de nación y de buen gobierno. Descansa sobre una abigarrada red de corrupción y complicidades debidamente institucionalizada. Por eso es importante que en el caso Lozoya se establezca un precedente de combate a la corrupción desde dentro, no desde afuera. Y que se ataque arriba pero también abajo.
Fuente: Sdpnoticias.com
















