Por: José Miguel Calderón.
Los vergonzantes casos de corrupción como el de Javier Duarte en Veracruz hacen imperante una renovación de la vida pública de México.
El revuelo político y mediático provocado por las revelaciones del ex director general de PEMEX, los vídeos que involucran a individuos ligados a senadores panistas
y aquel en el que aparece el hermano del presidente López Obrador ponen nuevamente de manifiesto el régimen de corrupción que impera en el sistema política mexicano.
La corrupción no es patrimonio exclusivo de México. Actos de corrupción tienen lugar alrededor del mundo, mismo en países donde existe una firme cultura de la legalidad y leyes que sancionan severamente a políticos que utilizan su posición para el enriquecimiento personal. Sin embargo, los casos de corrupción en Estados donde impera la ley suelen ser eventos aislados donde uno o dos legisladores reciben prebendas a cambio de promover leyes o decretos que favorezcan intereses privados. Estos individuos son eventualmente procesados y transferidos frente a un juez.
Desafortunadamente la corrupción rampante en México es sistémica. Es decir, existe un entramado perverso donde el dinero público y el conflicto de interés pervierten al Estado y subvierten los procesos democráticos. Lo anterior, aunado a un régimen de impunidad, da lugar a incentivos que promueven la propia corrupción. En este contexto, sugiero ampliamente la lectura de Why nations fail de los estadounidenses Acemoglu y Robinson. Los autores ilustran casos de países donde prevalecen -lo que ellos llaman- sistemas extractivos que crean círculos nocivos que ralentizan –u obstaculizan- el abatimiento de la pobreza y la conducción al desarrollo.
Los vergonzantes casos de corrupción como el de Javier Duarte en Veracruz hacen imperante una renovación de la vida pública de México. Un colega de la Universidad Veracruzana me expresó alguna vez la indignación sin precedente provocada por la corrupción del gobernador, y el daño irreparable que había provocado a la máxima casa de estudios de la entidad.
La corrupción en México parece invadir todas las esferas de la vida pública, desde presidentes, senadores, diputados y secretarios de Estado hasta funcionarios de mediano nivel que gozan de cierto poder de discrecionalidad en la asignación de los recursos públicos.
La corrupción no se limita exclusivamente a ser objeto de sobornos o a recibir fajos de billetes en ligas o bolsas de plástico, sino al aprovechamiento de un cargo público para obtener eventualmente un beneficio o favor personal; desde la adjudicación directa de contratos, la obtención de créditos hipotecarios favorables (casa blanca) el favoritismo hacia un puñado de empresarios, o el uso de mobiliario o vehículos oficiales para uso personal.
A manera de ejemplo en el ámbito de la educación pública, un funcionario puede quizá no recibir dinero en un maletín, pero sí aceptar servicios de una universidad pública, tales como un chofer o la obtención de un título universitario “a distancia” sin haber cursado un módulo, a cambio de beneficios al momento de asignar recursos extraordinarios para la puesta en marcha de un proyecto en un campus.
El porqué de la corrupción responde a razones de índole moral e institucional. Por un lado, el funcionario –en una ausencia absoluta de vocación por el servicio público- busca satisfacer sus ambiciones personales al interior de un régimen que le exige prestarse a actos ilícitos para el desarrollo de su carrera política; y por el otro, la incapacidad o miopía de las autoridades para castigar los actos de corrupción.
Sin embargo, a pesar de las malas noticias que nos acechan diariamente, conviene resaltar que a pesar del régimen corrupto, México cuenta aún con funcionarios competentes de altísima calidad moral e intelectual quienes ostentan destacados cargos públicos como resultado de una limpia trayectoria al servicio del Estado. Ellos son quienes deben dirigir el destino de los mexicanos.
Fuente: Sdpnoticias.com
















