Por: Vicente Bello.
Los profesores agrupados en la CNTE llevaban tres años y medio queriendo que los recibieran y escucharan las razones por las cuales, desde un principio, se oponían a lo que dieron en llamar la reforma educativa.
Entre diciembre de 2012 y agosto de 2013 –los meses en que el Congreso aprobó la reforma constitucional en materia educativa y las leyes secundarias de esta-
realizaron 13 foros; pero los resolutivos nunca fueron tomados en cuenta por los diputados y senadores del PRI, PAN, PRD, Pvem y Panal, aprobantes de esas leyes.
Desde entonces, miles de profesores se movilizaron en las calles del país; principalmente de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Ahora se les han sumado miles más de Tabasco, Ciudad de México, Nuevo León, Zacatecas, Jalisco, Coahuila.
Y, lo que escuece terriblemente a esta clase política tan mentirosa, hipócrita y sorda como arrogante, ahora una porción muy importante de la población ha comenzado a formarse a los flancos de los profesores, apoyándoles decididamente, luego de que ya se sabe que la susodicha reforma educativa no sólo pretende acabar con los derechos laborales de los docentes, sino que también lleva la pretensión de acabar con la escuela pública.
Si esta reforma educativa continúa, las escuelas primarias y secundarias públicas terminarán siendo particulares y los padres de familia también terminarán pagando colegiaturas, disfrazadas de cuotas mensuales.
El diablo está en la figura de la Autonomía de Gestión, a través de la cual se otorgan supuestos derechos a los padres de familia de involucrarse en el área administrativa. Allí, los padres de familia se encontrarán con empresarios, que a cambio inclusive de hipotecar el edificio escolar, terminarán haciéndose de las escuelas; cuando ocurra, los padres no se podrán ir, porque tendrán, en lo individual, obligaciones jurídicas. Así lo plantea la Autonomía de Gestión.
Con pujidos, pero el Congreso de la Unión ya recibió a la CNTE este viernes 15 de julio de 2016.
No fue por supuesto un recibimiento cálido, sino evidentemente forzado. En lo que ha sido la primera Audiencia Pública para la CNTE, hablaron ocho legisladores y cinco profesores.
Por el Congreso, la senadora Angélica de la Peña (PRD), senador Héctor Menchaca, del PT; diputada Sharon Cuenca Ayala, del Pvem; diputada Evelyn Parra Álvarez, del PRD; senador Juan Carlos Romero Hicks, del PAN; senador Ismael Hernández Deras, del PRI; senadora Gabriela Cuevas Barrón, del PAN, y senador Jesús Casillas, del PRI.
Por la CNTE, Graciela Rangel Santiago, maestra de la Sección 18, de Michoacán; Ramos Reyes Guerrero, profesor de la Sección 14, de Guerrero; Francisco Bravo Herrera, maestro de la Sección Novena (dos participaciones), de Ciudad de México; maestro Juan García García, de la Sección 22, de Oaxaca, y el maestro Héctor Gutiérrez Martínez, de la Sección Siete, de Chiapas.
He aquí el primero de una y otra partes:
Senadora Angélica de la Peña Gómez: “Queremos que ustedes se sientan a gusto en el Senado de la República, que vean esta instancia parlamentaria como su casa y la disposición de todos los grupos parlamentarios, de todos los grupos parlamentarios, para escucharles. De tal manera que damos respuesta a la solicitud de audiencia que nos han pedido”.
Y la maestra Graciela Rangel Santiago: “¿Por qué el Poder Legislativo debe abrogar la reforma educativa?
“En principio, porque el Poder Legislativo es un factor de equilibrio entre las políticas que el Ejecutivo aplica a la población.
“Senadores y diputados: Deben abrogar la ley educativa porque a tres años y medio de su aprobación, decreto y promulgación, ha generado un conflicto magisterial que en los últimos meses se ha convertido en un conflicto popular.
“Derivado de la necia aplicación de la ley, los saldos hasta hoy son 20 personas asesinadas en diferentes estados de la República; esto sin contar los asesinados en Iguala y los desaparecidos esa noche trágica. Cientos de órdenes de aprehensión, más de 100 detenidos y actualmente 40 presos políticos.
“A lo anterior, se suman los ceses arbitrarios contra trabajadores, que sin ningún procedimiento fueron seleccionados para aplicarles una evaluación que no se corresponde con el trabajo académico que se desarrolla en el proceso educativo.
“La suspensión de salarios a miles de trabajadores e incluso el congelamiento de cuentas particulares de familiares de ellos, son factores de intimidación para que se acepte esta ley que, a todas luces, es totalmente injusta y represiva, discriminadora y totalmente racista.
“La militarización de los procesos de evaluación no aceptados por los trabajadores y la criminalización de la protesta social, son elementos que nos dejan claro que la ley no es un consenso entre los trabajadores de la educación.
“No sólo le corresponde a la Secretaría de Gobernación procurar la paz del país,
también el Poder Legislativo debe coadyuvar enderezando el rumbo del país con leyes acordes a las necesidades del pueblo.
“Estamos en esta lucha no sólo como trabajadores de la educación. Cientos de miles de nosotros también somos padres y madres de familia. Tenemos hijos que asisten a las escuelas públicas.
“No defendemos privilegios particulares; defendemos el derecho al trabajo digno que se invoca en las garantías individuales y sociales de nuestra Constitución.
“Defendemos la educación pública como un derecho de la población.
“Les pedimos que regresen este poder a su origen. Que observen el interés general de la población.
“Dejen de lado su propio interés y el interés particular de sus partidos.
Vuelvan a la normalidad este país.
“Creen leyes justas donde se incluya la participación de la población.
“Los miles de trabajadores de la educación en movilización, les exigimos la abrogación de la mal llamada ‘reforma educativa”.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















