Por: Aurelio Ramos Méndez.
Si las reformas electorales fueran indicio de la calidad de la democracia, en México estaríamos, en el terreno político, mejor que en Suiza. No nos digamos mentiras, sin embargo. En nuestro medio –está ampliamente demostrado— el problema no es de leyes sino de practicas y de hacer cumplir la legislación ya existente.
Esta sencilla observación –más bien, obviedad— viene de nuevo a cuento porque la reforma político-electoral conseguida a golpes de chantajes por el PAN y el PRD fue validada el miércoles pasado por el Congreso de la Unión y está a sólo unas horas de ser promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto.
La legislación secundaria de dicha modificación, entretanto, se halla a punto de entrar al horno, aunque –según todas las señales— sin el carácter prioritario de las concernientes a las reformas energética y de telecomunicaciones. Que bueno. Contra lo que afirman sus promotores, ningún desastre sobrevendría si tal reglamentación política se quedase enredada entre las curules.
Y en el IFE, se ha consumado el reparto de un pastel de 4 mil millones de pesos para este año entre los siete partidos registrados, mientras se alista la entrada a la arena electoral de nuevas formaciones, incluida una desafiantemente confesional, la cual, por lo visto, se propone confirmar la religión como un negocio multimillonario.
Como si no fueran abrumadoras las pruebas de que el problema de nuestro régimen político no es de reglamentos, leyes y disposiciones constitucionales, sino de prácticas, ya está en la antesala del precario sistema de partidos el ultraderechista Encuentro Social.
Se trata de un partido de inspiración evangélica que no vendría a enriquecer un saludable ecumenismo dentro del Legislativo, sino a consolidar el creciente clientelismo religioso y darle carta de naturalización a la aberrante mezcla de dos negocios muy rentables, el de la religión y el de la política.
A despecho del laicismo consagrado en la Carta Magna y de las ya incontables reformas acometidas desde finales de los años 70, ha sido creciente la presencia en la vida pública —en altos puestos administrativos, gubernaturas y alcaldías, o en escaños y curules— de personajes de distintas denominaciones religiosas y diversos partidos, que aplican la impronta de su fe a las funciones de gobierno que desempeñan, sin la tolerancia recomendada por una saludable pluralidad.
Así hemos visto no sólo campañas fundamentalistas contra el aborto, la drogadicción, la homosexualidad y otros temas polémicos, o a favor del “respeto a la moral, el pudor, la decencia y las buenas costumbres”. O, peor aún, prohibiciones de uso de la minifalda, censuras a exposiciones artísticas y hasta retadores oficios religiosos en sitios públicos.
No son pocos quienes, amparados en sus creencias religiosas, también han engordado indecentemente sus caudales.
¿Botón de muestra? Es cosa nada más de repasar por encimita la vasta documentación periodística sobre los incontables y jugosos negocios –inmobiliarias, editoriales, asociaciones civiles, fundaciones—, la inmensa riqueza amasada por la ex diputada panista Rosi Orozco y su esposo Alejandro Orozco, con base en la organización evangélica la Casa sobre la Roca, que cobró caro su aporte a la base de sustentación electoral de Felipe Calderón.
Si a Rosi Orozco la presentó con Calderón el dirigente de Encuentro Social, Hugo Eric Flores Cervantes, y si no estamos ante el caso del alumno que supera al maestro, ya podemos anticipar el desempeño del inminente nuevo partido, el valioso aporte que hará a la democracia gracias a las reformas electorales: el uso y la manipulación religiosa, con fines de lucro, aun de los problemas sociales más acuciantes tales como la trata de blancas y la inseguridad pública.
La agrupación del pastor evangélico Flores Cervantes y Morena, del también evangélico Andrés Manuel López Obrador, son las únicas organizaciones que han cumplido con los primeros requisitos legales rumbo a su constitución en partidos. Su documentación empezará a ser analizada por el anoréxico IFE a partir del próximo 31 de enero.
No es indebido y hasta resulta conveniente que la actividad política sea desarrollada por personas de las más distintas denominaciones religiosas, desde católicos, musulmanes y judíos, hasta evangélicos de todo signo, bautistas, presbiterianos, mormones, adventistas, pentecosteses, o de cualesquiera otras sectas, iglesias o creencias, incluidos agnósticos y ateos. A condición de que se respete el laicismo del Estado y nadie pretenda imponer sus creencias.
No es tolerancia, ni separación entre religión y negocios, sin embargo, lo que Encuentro Social aportaría a la vida política del país, si los consejeros electorales por ahora encabezados por Lorenzo Córdova le concedieran registro.
En una década y con autoridades electorales omisas, depositarias quien sabe para qué de las declaraciones de principios de los partidos –letra muerta a la hora de las alianzas— aquella agrupación cercana a Provida ha dado prueba de codicia, coligándose con formaciones de todo pelambre, del PAN al PRD y el PRI o quien se deje o la necesite.
No es fenómeno privativo de México, sino que se da en todo el mundo la indeseable mezcla de religión y política. Por estos días en Colombia están ante la justicia —acusados de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, secuestro, discriminación y hasta asesinato— personajes cercanos a mexicanos que, como Rosi Orozco y Flores Cervantes, combinan ambos negocios.
En aquel país está en el banquillo Luisa María Piraquive, fundadora y pastora del consorcio denominado Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y del partido político Movimiento de Renovación Absoluta (Mira). Personaje conocido en círculos mexicanos. Apenas en agosto pasado fue recipiendaria del primer título de doctorado honoris causa que otorga la YMCA, la asociación cristiana de jóvenes.
Le entregaron la distinción Manuel A. Camarena Ocampo, Ernesto Gaona Sánchez, Juan Baqué González y Ángela Oviedo Rincón, entre otros.
Pese a las copiosas reformas las prácticas políticas se resisten al cambio. Díganlo si no los ciudadanos de Nayarit, quienes también esta semana tuvieron prueba de ello.
Por aquellos lares los líderes locales del PRD se pasaron por la faja las prohibiciones de Jesús Zambrano y la Comisión Política Nacional de su partido, y acordaron resucitar las inverosímiles alianzas ¡con el PAN!
El 6 de julio próximo serán renovadas 20 presidencias municipales y la Cámara de Diputados del estado que mal gobierna Roberto Sandoval, proceso frente al cual la dirigencia de Gustavo Madero les dio luz verde a sus copartidarios nayaritas para coaligarse con la izquierda.
La cúpula nacional del PRD, en cambio —con el único voto en contra de Sonia Ibarra, esposa de Guadalupe Acosta Naranjo—, rechazó la propuesta de coalición con un PAN que ahora le parece repugnante porque respaldó la reforma energética; pero al cual hasta hace poco servía de mamporrero para ultrajar al PRI.
Hasta ahí va la película. Pero todo indica que, con reforma política o sin ella, en la tierra del Nayar el PRD y el PAN ya reanudaron su concubinato. Tal como en 1999 una alianza PRD, PAN, PT y PRS atornilló en la silla del poder, ya como orgulloso panista, al hasta entonces priista Antonio Echevarría Domínguez, uno de los peores gobernantes de aquel estado.
Bienvenida, pues, la enésima e inútil reforma.
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Fuente: Crónica.
















