Por: Roberto Fuentes Vivar.
Este lunes comienzan las clases para casi 25 millones de estudiantes y por primera vez en la historia contemporánea, el Poder Judicial, por su antipatía con el Poder Ejecutivo, atenta contra el artículo tercero de la Constitución y uno de cada tres niños se quedará sin libros de texto gratuitos.
El inicio del ciclo escolar será especialmente interesante en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se presentarán en vivo los reportes de la situación en el país, luego de que el domingo marcharon unas 10 mil personas (¿o habrán sido menos?) en una veintena de ciudades de la República Mexicana.
Lo grave de la situación es que, por decisiones del Poder Judicial, especialmente del ministro de la Suprema Corte de Justicia Luis María Aguilar, presumiblemente no se entregará el material didáctico a alrededor de ocho millones de estudiantes que representan 32.4 por ciento del total de inscritos, de acuerdo con un reporte publicado el domingo en La Jornada.
De acuerdo con el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva”.
Lamentablemente, el Poder Judicial y los gobiernos de algunas entidades, anteponiendo los intereses de grupos ultracatólicos a los derechos de los niños, han otorgado amparos contra la distribución de libros de texto o han prohibido que estos materiales didácticos lleguen a los estudiantes.
En entidades como Estado de México, Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, las fuerzas políticas y el Poder Judicial por intereses políticos (también -¿Por qué no?- mezquinos) se han opuesto a los Libros de Texto Gratuitos, elaborados por el actual gobierno, aduciendo argumentos que se encuentran fuera de la realidad actual o definitivamente son mentiras difundidas en medios y redes sociales en los más recientes dos meses.
Es, como lo cito en el primer párrafo, la primera vez en la historia en que el Poder Judicial y algunos gobiernos estatales han hecho caso a organismos ultracatólicos como la Unión Nacional de Padres de Familia y han provocado una división en la sociedad, motivando que la laicidad en a educación se encuentre en peligro.
Esta Unión -asociada a organismos como El Yunque- protestó en 1960 contra los Libros de Texto cuando nacieron porque supuestamente “eran comunistas”, pero también protestó contra los libros de Texto de Luis Echeverría y hasta de Enrique Peña Nieto.
Todos los presidentes (desde que tengo uso de memoria periodística, es decir desde Luis Echeverría) han cambiado los libros de texto y les han impuesto un sello personal. En todas las ocasiones la Unión Nacional de Padres de Familia ha protestado.
Pero nunca el Poder Judicial y algunos gobernadores la habían tomado en cuenta, hasta ahora que existe una antipatía personal y grupal en contra del actual presidente de la República y de todo lo que representa. Los detalles y los argumentos son lo de menos, lo que les importa es actuar contra Andrés Manuel López Obrador, sin tomar en cuenta a quienes pueden perjudicar.
En este caso se calcula que tres millones de estudiantes del Estado de México no recibirán los libros (porque así lo determinó el gobierno saliente del priista Alfredo Del Mazo, quien dejará el poder en unas semanas), otros 3.9 millones de alumnos de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, tampoco los tendrán porque así lo han dispuesto magistrados de la Suprema Corte, jueces o autoridades estatales.
No se trata de algo menor, es una violación al artículo tercero constitucional, incluso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha otorgado amparos para que no se distribuyan los materiales educativos, sin tomar en cuenta que la educación debe ser obligatoria, gratuita y laica.
Personalmente no estuve de acuerdo, por ejemplo, con los libros de texto y la reforma educativa de Enrique Peña que pretendía brindar a los niños “una una educación integral, incluyente y de calidad que les proporcione herramientas para triunfar en un mundo globalizado” y privilegiaba la enseñanza pro empresarial.
Pero esas desavenencias las publiqué y las externé en pláticas, pero nunca me hubiera atrevido, como lo hace la oposición de hoy, a censurar, quemar o bloquear la educación. Eso es ignominia o mezquindad, por lo menos.
Estamos sin duda ante una oposición, conformada no solo por partidos sino por gobernadores y por el Poder Judicial, que demuestra su intolerancia de manera cotidiana con hechos no con palabras, con actitudes inquisitoriales como la prohibición.
Dice el filósofo del metro: la mala educación comienza con la prohibición.
Fuente: Índice Político.
















