Por: Diego Valadés.
La principal función de las normas es regular conductas actuales, pero en materia constitucional se acepta que, sin demérito de su eficacia, también pueden tener un papel orientador en cuanto a las políticas del Estado. A estas reglas se las conoce como programáticas.
El mayor inconveniente de ese tipo de enunciados es que pueden ser una vía para eludir las obligaciones que impone el ejercicio del poder, e incluso para que la sociedad confíe en lo que de antemano se sabe que tal vez no ocurra. Muchas veces, para no darse a la tarea de satisfacer las expectativas sociales mediante acciones concretas, se toma la vía fácil y rápida de reformar o adicionar una serie de disposiciones y con esto se pretende dar por atendidas las exigencias de la comunidad. Cuando esto sucede se pervierte el sentido del derecho y se auspician actitudes escépticas entre los gobernados.
En 1917 la Constitución generó grandes ilusiones entre los mexicanos en cuanto a reivindicaciones sociales. Conforme a lo dispuesto, millones de campesinos y trabajadores recibieron respuestas que no por modestas dejaron de ser alentadoras. Fue lo suficiente para generar un ambiente de confianza en la ley y en la autoridad.
Pero eso no podía durar para siempre y llegó un momento en el que ya no hubo cómo alimentar la esperanza porque no quedaban tierras por repartir ni prestaciones laborales por añadir. Entonces los artículos 27 y 123 cedieron su primacía ante el artículo 4o., que devino en un nuevo repertorio de deseos transformados en derechos: agua suficiente, alimento bastante, ambiente sano, bienestar infantil, cultura general, salud atendida, vivienda digna.
En algunos casos se legisló con prudencia, pero en otros el Estado se impuso a sí mismo los compromisos de garantizar agua para consumo personal y doméstico “en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, “alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, y “alimentación, salud, educación y sano esparcimiento” para la niñez. Ni siquiera se advirtió la redundancia de “garantizar” a los menores lo que hipotéticamente está asegurado para todos.
El “derecho programático” es cuestionable como concepto porque su obligatoriedad se diluye al atribuirle una simple intención, y se vuelve fantasía cuando además adquiere la apariencia de “garantía”. Una garantía no es una promesa indeterminada para hacer algo cuando se pueda; es el medio que permite exigir de inmediato lo preceptuado. Hablar de garantías a sabiendas de que se carece de los mecanismos para que lo prescrito sea realizable, es engañarse y engañar.
El lenguaje grandilocuente con el que se ha reformado la Constitución en las últimas décadas tiene por objeto aplacar la inconformidad social y hacer creer que los problemas quedan resueltos por arte de la ley. Es una de las tantas deformaciones que afectan la adhesión social a la carta suprema del país y que la han convertido en un catálogo de ficciones formuladas con un propósito diversivo. Se olvida que el contraste con la normalidad es veneno para la norma.
Esa es una estrategia contraproducente porque ahora el drama social de la pobreza significa también un conflicto constitucional, en tanto que cada persona a la que no se provean agua y alimento, y cada niño sin salud, escuela ni esparcimiento, representan nada menos que una violación a la letra expresa de la Constitución.
El Coneval, institución prestigiada, indica que 11.5 millones de mexicanos no tienen agua potable ni comida a su alcance y que, por añadidura, en su mayoría son indígenas. Con esto se infringen asimismo otras “garantías” dadas por el Estado mexicano, en este caso para el “desarrollo integral” de los indígenas y para prohibir “toda discriminación”, incluida la “motivada por el origen étnico”.
No sugiero que el Estado retracte sus normas, porque hacerlo sería aún más regresivo; sólo recomiendo que se abstenga de presentar como un éxito lo que conforme a la Constitución es indefendible. Conviene, asimismo, que la dependencia encargada de las acciones de bienestar social deje de ser una dependencia gubernamental, con potenciales sesgos clientelares, para convertirse en un órgano de relevancia constitucional con gestión autónoma.
Si existen órganos de ese género para defender los derechos humanos y para acceder a la información, por ejemplo, es tiempo de hacer algo semejante a efecto de disponer de los medios para cumplir con las garantías que la Constitución otorga a los pobres.
@dvalades
Fuente: Reforma.
















