Por: ISRAEL GONZÁLEZ.
La amenaza de los empresarios y hombres de negocios (no son lo mismo) de abstenerse del pago de impuestos y tomar medidas de represión económica por la falta de actuación (dicen) de los tres órdenes de gobierno para aplicarle la ley a la CNTE, dan pie al análisis de temas más interesantes que la mera coyuntura.
Por ejemplo, el hecho de que, como dice Joel Migdal, el Estado es parte de la sociedad.
Esto no es obvio. Durante décadas, siglos inclusive, se ha hablado del Estado y sus acciones asumiendo que es un agente externo a la propia sociedad, que por ello puede actuar sobre ella de manera programada e intencional, para moldearla de acuerdo con cierta idea de comunidad política. Esto valía igual para los liberales y conservadores; capitalistas y comunistas.
Este enfoque, muy distinto, coloca a la autoridad como una organización, entre varias, que intenta hacer valer sus normas de conducta frente a otras igual o más arraigadas en la sociedad que pretende regir. Si bien hemos asumido una idea normativa de Estado, donde la ley no se negocia y donde el derecho y la ley son prácticamente sinónimos, la realidad cotidiana exige explicaciones alternativas, a menos que se quiera llegar a la absurda conclusión de que todos los países, en todas las épocas, son más bien estados fallidos.
La idealizada aplicación irrestricta y draconiana de la ley frente a cualquier resistencia de particulares no admite la menor prueba empírica si analizamos la cantidad de sentencias condenatorias respecto de las denuncias presentadas de delitos de alto impacto, en los países supuestamente desarrollados e impolutos. Tampoco sirve esa imagen del Estado ultra jurídico para explicarnos la ineficacia de los españoles para controlar los movimientos beligerantes separatistas de las provincias, o la relación de los británicos con los insurgentes de Irlanda.
Lo anterior no quiere decir que se deba permitir el vandalismo, daño en propiedad ajena ni los otros delitos que constituyen los actos radicales de ciertos grupos, que han hecho de la protesta un negocio redondo en nuestro país, que tienen una infraestructura completa para movilizar contingentes y que funcionan con una división del trabajo admirable, con profesionales de logística, indignados de megáfono, coordinadores de los cantos de indignación y otros perfiles igualmente necesarios para causar impacto. Es cierto que en nuestro tiempo la protesta social debe competir con la manipulación política de masas, la victimización por encargo, y el chantaje en forma de denuncia moral. No hago una condonación ética de ninguna conducta ilegal, solamente propongo ver los problemas sociales bajo una óptica multidisciplinaria, porque el derecho sólo resuelve problemas jurídicos, y las aristas políticas y de malestar social requieren otras herramientas para su contención o solución, así sea provisional.
El berrinche de los empresarios tiene peculiaridades, pero no tantas. Es un recordatorio de que el público cautivo de las normas jurídicas siempre ha sido la clase media. Es ella a la que les retiene el impuesto el patrón, así que no depende de su buena voluntad pagar o no. Es ella la que adquiere créditos, domicilia pagos, paga IVA por su ropa y no puede deducir la gasolina ni la renta. El arreglo político mexicano siempre ha establecido vínculos de otro tipo con los estratos corporativos que representan, supuestamente, a los trabajadores (sindicatos de maestros, por ejemplo), y también con quienes, a falta de mejor término, podemos denominar voceros de los grandes capitales. Además, sirve que se quedarían con más dinero al tiempo que crean consciencia social. Bienaventurados ellos que para darle una lección al gobierno, se sacrifican a ganar más dinero.
Es también, paradójicamente, un arrebato populista de los empresarios, pues deciden pagarle al gobierno con la misma moneda que los sindicatos disidentes; es decir, si ellos no quieren cumplir la ley porque no les conviene, nosotros tampoco. Y así amenazan con no pagar impuestos. Esto provocaría, naturalmente, una serie de consecuencias financieras que terminarían por afectar, seguramente, los programas de gasto social y paradójicamente, muchos de los subsidios que el gobierno otorga a la industria. Recuerdan ustedes que muchos, muchísimos de los angelicales empresarios viven de subsidios gubernamentales, ¿verdad? Mientras tanto un señor de la CNTE les responde que mejor deberían subirles el sueldo a sus empleados. Sin palabras. Los ricos y los que abanderan a los pobres están seguros de que la ley se hace para someterlos, sólo a ellos, y que primero están sus justas necesidades particulares, así que al diablo con ella. Se descree del interés general, o se equipara con el interés particular, personalísimo, del momento. Eso me legitima a bloquear carreteras y dejar que se mueran las personas dentro de una ambulancia y que se pudra la comida. Todo sea por la educación.
Mi opinión, modesta porque sólo propone una nueva forma de preguntar, o de hacer nuevas preguntas, es que la imagen racionalizada del papel del Estado, a la gringa, nos ha puesto en una posición esquizofrénica, donde no podemos condonar ningún discurso que no sea el de la aplicación de la ley, y a la vez no podemos tolerar que el Estado utilice las herramientas naturales para imponerla, como la fuerza pública, el derecho penal o cualquier cosa que involucre algo distinto del ruego gubernamental a las personas para que dejen de poner sus intereses particulares por encima del interés público, o para que le den chance a los otros particulares, ajenos a su causa, de vivir su vida, ir a trabajar, conducir sus camiones a su destino y viajar por carretera sin retenes improvisados.
En suma, nos han enseñado a creer que la política es una mala palabra, que se opone al derecho, a la justicia y a la moral. Eso es falso. A lo primero que se opone, y por eso se inventó, es a la arbitrariedad, a la guerra. Donde se dispara un cañón, ahí deja de haber política e inicia otra cosa. Sentarse a dialogar implica aceptar ciertas reglas, como por ejemplo dejar de extorsionar, bloquear, robar y acciones similares. De lo contrario, una parte está haciendo política y la otra está haciendo la guerra, o la guerrilla. Y así no van a poder entenderse. Tenemos un Estado jaloneado, pobre fiscalmente y atado de manos por cualquier cantidad de actores políticos con la hoguera encendida cada que a un policía se le ocurre repeler una agresión con algo distinto de su propio rostro. Y si no lo vemos, tenemos un problema más grave que la crisis de la CNTE.
Fuente: Sdpnoticias.com
















