Por: Gerardo Galarza.
Le llaman “partidocracia”, un remedo de sistema político que en México ha contaminado, y casi desplazado, a la incipiente democracia que hace algunos años se prometía para el futuro.
El futuro alcanzó a los mexicanos y la brevísima primavera democrática ha tenido que ceder su lugar al poder de los partidos políticos, mejor dicho, al poder de los dirigentes en turno de esos partidos políticos.
Hoy, los partidos y sus dirigentes legislan, chantajean, quitan e intentan imponer fiscales, exigen cuotas políticas en cargos públicos, en la designación de las autoridades electorales, de los ministros de la Corte, de las medallas y reconocimientos que entrega el Congreso de la Unión, reciben enormes cantidades de dinero público (más de siete mil millones de pesos les serán entregados en 2018, sin contar las prerrogativas de los estados) y no entregan resultados a nadie. Vamos, ahora sabemos que son evasores fiscales y que no cubren con las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Infonavit, a la que están obligados a cubrir en favor de sus empleados.
Durante la semana que hoy termina, trabajos periodísticos de la acuciosa reportera Aurora Zepeda, publicados en estas páginas, han mostrado que los nueve partidos políticos con registro arrastran una deuda de 405.3 millones de pesos por concepto de multas de los años 2015, 2016 y lo que va de 2017. Además, el próximo miércoles 22 de noviembre, el Instituto Nacional Electoral determinará nuevas sanciones por 536.5 millones de pesos por irregularidades en los informes de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio fiscal de 2016. El PRI, PT y Morena serán los más multados.
Pero ahí no acaban los chanchullos, en este caso, delitos de los partidos políticos. La revisión de la periodista Zepeda de los documentos oficiales que analizará el INE muestra que los partidos políticos deben impuestos y cuotas del IMSS e Infonavit por al menos 363 millones de pesos, acumulados en los ejercicios fiscales de 2014, 2015 y 2016. No hay partido que se salve. El evasor más grande es el PRD, con 236.1 millones de pesos: el que menos es el PVEM, con 4.1 millones de pesos. Y sí, aunque muchos no lo crean, también Morena está en la lista con 22.4 millones de pesos. (Las cifras completas las puede usted leer en las ediciones impresas de Excélsior, correspondientes al miércoles 15 y sábado 18 de noviembre).
¿Imagina usted con qué deberían pagar sus multas y sus impuestos los partidos políticos? Tiene razón: con el dinero público que reciben como financiamiento de los gobiernos federal y estatales, es decir, con el dinero de los contribuyentes, pero no las pagan. Y buscarán no pagarlas: “Argumentarán” politización en las sanciones y persecución política por el no pago de impuestos, chantajearán con alguna decisión que se deba tomar en el Congreso de la Unión y, seguramente, les concederán, al menos, descuentos…
En México, el financiamiento público, constitucional, de los partidos políticos ha sido pervertido absolutamente. En la década de los años 80 del siglo pasado, sonaba bien: partidos políticos con dinero público para competir democráticamente. Había una razón histórica: el aprovechamiento y derroche de los recursos públicos del PRI-Gobierno en las campañas electorales de sus candidatos a cualquier puesto de elección popular y la cuasi pobreza de los partidos de la real oposición.
La oposición, la real, esencialmente el PAN y el PCM, se autofinanciaba: uno, con rifas de autos, cuotas y donativos de sus militantes y candidatos se pagaban sus propias campañas; otro, con las ganancias de las empresas que eran de su propiedad (una imprenta, editoriales, librerías, restaurantes). La maledicencia política asegura que el primero recibía dinero de los grandes empresarios y de la Iglesia católica; y el segundo, de secuestros, “expropiaciones” y de empresarios que pagan “cuotas” de seguridad; maledicencia que nunca puedo demostrar su sustento. Los dirigentes y candidatos de esos partidos vivían de sus despachos profesionales (abogados, arquitectos, ingenieros, médicos, etcétera), de sus empleos, de la academia y hasta de las regalías de sus inventos (Heberto Castillofue un ejemplo de ello). Pocos, muy pocos dirigentes y trabajadores de esos partidos tenían salarios (magros, por cierto) por su actividad política.
Y también hubo quienes advirtieron sobre las tentaciones del dinero público. En el PAN hubo un debate interno. Quienes rechazaban el financiamiento público terminaron, entre muchas razones, fuera de ese partido.
¿El financiamiento público es esencialmente incorrecto? No. El problema es su derroche, su falta de transparencia y rendición de cuentas, la falta de sanciones reales (pérdida de registro, retiro de reconocimientos a triunfos electorales, por ejemplo). Aunque sí, tal vez, el financiamiento público tenga efectos perversos… que nadie quiere evitar.
Fuente: Excélsior.
















