Por: Vicente Bello.
Fue una quita histórica la que ayer hicieron a la Constitución tirios y troyanos en la Cámara de Diputados. Pero absolutamente interesada y convenenciera por parte del PRI. De súbito, la Comisión de Puntos Constitucionales se sacó de la chistera el dictamen de reforma a los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 11, 112 y 114 constitucionales y ha propuesto al Senado quitar el fuero, para que se pueda procesar –para efectos penales o políticos,
según lo ameriten sus ilícitos- a todos los servidores públicos del país, incluido el presidente de
la República.
Más allá de la estrategia política del PRI, con aprobar una reforma que históricamente se lo exigían los opositores desde hace sexenios, esta decisión del todavía partido en el gobierno es la significación absoluta de que estaría dando por perdida la elección del 1 de julio próximo. Y de que da por sentado que el candidato ganador será Andrés Manuel López Obrador, a quien los priístas ven como su enemigo número Uno.
El fuero ha sido uno de los estamentos del sistema político priísta. Y, al parecer, ahora que siente que se va de la presidencia de la República otra vez, el PRI agarra el mazo que le ha puesto a la mano la oposición y él mismo se ha puesto a demoler una de las columnas fundamentales del sistema político mexicano, caracterizado por la impunidad con que ha ejercido la presidencia de la República.
Votación unánime. Prácticamente todos votaron en pro de quitar el fuero incluso al presidente de la República. Pero, torcidos y mañosos hasta las cachas que son, los priístas telegrafiaron desde el pasillerío el trazo del camino a seguir: si en el Senado no la frenan, y si a la hora del refrendo por parte de los congresos estatales, se logra la mayoría absoluta requerida (17 Legislativos locales en pro), van a procurar que esta reforma entre en vigor a partir del próximo sexenio, para librar a Enrique Peña Nieto de la quemazón que le esperaría: un hipotético enjuiciamiento por corrupto. Aunque, temerían, que no librase el enjuiciamiento por traidor a la Patria porque esta última posibilidad sí está considerada actualmente por la Constitución.
“El fuero tuvo razón de ser en tanto existían los riesgos de que caudillos y déspotas pudieran llegar a ocupar la silla presidencial y decidieran ejercer un poder autocrático sobre el Parlamento (Congreso) para callar las voces críticas y esfuerzos por limitar sus actos”, argumentó Daniel Ordóñez, diputado perredista, presidente de la comisión de marras.
Acaso sin querer, Ordóñez hacía un retrato de varios presidentes de la República emanados del PRI, como Enrique Peña Nieto, que se apropió del espíritu del Congreso mexicano arrodillando a partidos como el del que hablaba, el PRD.
Apostillaba Ordóñez: “Con el pasar del tiempo, el Congreso de la Unión terminó por ser controlado por el presidente de la República, que durante años se mantuvo como la figura central de la esfera pública en México.
Desafortunadamente el fuero que debió usarse como instrumento de protección de la independencia del Poder Legislativo, quedó a consideración de las necesidades políticas y negociaciones entre los bloques parlamentarios y los grupos gobernantes.
“En más de una ocasión, con las pruebas en la mano se solicitó sin éxito el desafuero de algunos legisladores y servidores públicos para que respondieran por señalamientos diversos que iban desde actos de corrupción, hasta la vinculación con el crimen organizado.
Y remachaba: “El abuso del fuero es uno de los elementos que contribuyen a la pésima imagen que la sociedad mexicana tiene de sus legisladores y de sus servidores públicos. Para muchos habitantes de este país, el fuero es una especie de patente de corso de la clase política”.
Diez oradores, en tribuna. Pero uno era el esperado: Virgilio Caballero, diputado de Morena, quien decía: “La izquierda mexicana por fin ve el cumplimiento de una demanda histórica. La supresión del fuero o inmunidad constitucional a los funcionarios públicos, hace por fin a un lado la posibilidad de evadir la acción de la justicia al amparo de un cargo público.
“La idea del Constituyente de 1917 cambió de manera sustantiva, pues en un inicio la idea era proteger a los legisladores que a partir de la expresión de sus ideas o manifestaciones ideológicas en el trabajo para a formulación de leyes en el Congreso, herían la susceptibilidad del presidente de la República o de sus afines.
“No obstante la protección constitucional se dieron casos de legisladores que fueron sujetos a procesos penales bajo criterios de juzgadores que consideraban una amenaza la manifestación de las ideas en contra del gobierno.
“El presidente Plutarco Elías Calles promulgó una reforma al artículo 111 para amparar también al Poder Judicial, considerando que la decisión de un juez podría oponerse a las opiniones del Poder Ejecutivo, razón por la cual fue necesario otorgarles la protección constitucional.
“En 1982, paradójicamente al principio de renovación moral de la sociedad, el presidente Miguel de la Madrid amplió la inmunidad constitucional a los altos funcionarios, lo cual se tradujo en impunidad, protegiendo a los ladrones del erario de la acción de la justicia. Esta legislatura pasará a la historia al atender una demanda social que pone fin a esos privilegios”.
El comienzo apenas, de unos posicionamientos que topaban, indefectibles, con la sospecha de que el PRI, si lograse hacer que AMLO no ganase la presidencia, terminaría congelando la minuta, atorándola ya sea en el Senado o en los Congresos estatales. Así de sucio ven al PRI.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















