Por: CARLOS MEZA VIVEROS.
¡A todos los poblanos de esta levítica ciudad para que se enteren!
Aseveran los sabios que, sólo aquello conservado por escrito tiene posibilidades de llegar a algún día a convertirse en realidad. La figura de síndico municipal de esta capital en cuanto a sus deberes y atribuciones se encuentra plasmada en el artículo a saber:
Artículo 100. Son deberes y atribuciones del Síndico:
I.- Representar al Ayuntamiento ante toda clase de autoridades, para lo cual tendrá las facultades de un mandatario judicial;
II.- Ejercer las acciones y oponer las excepciones de que sea titular el Municipio; otorgar poderes, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas, articular posiciones, formular alegatos, en su caso rendir informes, actuar en materia civil, administrativa, mercantil, penal, laboral, de amparo y de juicios de lesividad y demás inherentes a las que tiene como mandatario judicial por sí o por conducto de los apoderados designados por él;
III.- Seguir en todos sus trámites los juicios en que esté interesado el Municipio por sí o por conducto de los apoderados designados por él;
[…]”.
El deber jurídico del Síndico representa per se la defensa del Ayuntamiento frente a las vicisitudes legales que puedan devenir durante el ejercicio de la administración. Esto es, ejercitar las acciones conducentes, oponer las excepciones debidas, mantener viva la materia de un juicio que, en definitiva, sitúa y compromete de por medio la certeza jurídica de los gobernados, de su acceso a la justicia, de estabilidad de social y la paz de un pueblo que cada vez parece más lejana. El que esto escribe, con anterioridad, ha denunciado la fatua e incompetente labor de Claudia Rivera Vivanco. No contenta con todo los problemas que tiene -generados por ella misma-, ha entrado una vez más al trapo.
En otras ocasiones he denunciado la deleznable actitud del síndico municipal que ha ocupado el cargo única y exclusivamente para tomar bebidas espirituosas en horas laborables y para calentar la silla que le viene muy grande, me refiero a la entrega a la que denominé: “Un Síndico en picota” (https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/un-sindico-en-picota/)
En aquella ocasión expresé, cito textual:
“[…]
Esperemos que, este corrupto funcionario -Gonzalo Castillo Pérez- no se escaquee ni utilice un efugio para sortear la trapisonda en la que se encuentra envuelto y justifique, de cara la sociedad, frente a los regidores que componen el ayuntamiento, las razones que lo orillaron a no defender hasta el último recurso el procedimiento de la expropiación radicado con el número de expediente 335/2016 y que, el sentimiento de indignación es lo menos que pueden sentir los poblanos desamparados, alejados de las manos del Servicio Público municipal y de las políticas públicas, que debieron haber primado antes del estratosférico negocio que perpetuó hasta girar el oficio a la tesorería del ayuntamiento para despachar el cheque por la desmesurada e ignomiosa cantidad de quince millones de pesos. El pago indemnizatorio es a todas luces catingoso.
[…]
Si bien el artículo 24 de la Ley de Expropiación establece el término de 10 días hábiles para convenir sobre el importe de la indemnización con el afectado, y dicho término ha transcurrido con exceso, esto no era óbice para el acuerdo en cita, habida cuenta que el decreto expropiatorio fue judicializado y por tanto, la expropiación se encontraba sub iudice, pudiendo legítimamente “el defensor del pueblo” acudir a la figura de la transacción para realizar el pago de manera periódica y por cantidades mensuales que de ninguna manera lesionaran los intereses del erario municipal y con ello cubrir necesidades prioritarias como las antes mencionadas en favor de la colectividad. El síndico prefirió mangarse una suma estratosférica que fue a parar a su bolsillo, si no es así no entendemos su negativa para dar una explicación coherente y satisfactoria en cabildo y quizá en una rueda de prensa, por supuesto con la presencia de los abogados que le dieron anticipadamente la solución técnico jurídica para defender el tema, el funcionario municipal de marras tiene el deber y la obligación de explicarnos de manera contundente e indubitable las razones por las cuales solicitó a Claudia Rivera ordenar a la tesorera el pago de 15 millones de pesos …
[…]”.
Podrá observar mi afable lector que, la incompetencia y tendencias cleptómanas de Gonzalo Castillo Pérez son conocidas de sobra, rayan en el cinismo. No conformes, Claudia y el obtuso Gonzalo Castillo, ante su falaz incapacidad y escudándose en una Controversia Constitucional – Institución Jurídica prevista en el artículo 105 de la Carta Querétaro y su ley reglamentaria–. Ha trascendido que esta panda de chupópteros de la plana mayor, encabezada por Claudia Rivera, recurrieron a la deshonrosa y pícara determinación de contratar a un despacho externo para defender -equívocamente- la autonomía Municipal. Relación jurídica que asciende a la cantidad de 450 mil pesos mensuales. Al ser cuestionados, de manera irrisoria, declararon que se trata de un tema de “economía”, de ahorro para una “adecuada defensa” de expertos en la materia (sic?). Impensable. ¿Y la labor jurídica del Síndico? La administración actual está rebasada. Gonzalo Castillo Pérez, en el mejor de lo casos, ha sido un incompetente; y, en el peor de los casos, ha sido un defraudador.
Habrá que recordarle a este paleto, que yo, a los 27 años, fungí como síndico; así que tengo autoridad moral, no para descalificar, sino para definir a personajes como este.
Quiero que se entere este cutre zascandil, que si bien conocemos su extrema ignorancia jurídica y cultural, que debe saber que el erario municipal pagará una millonada mensual que tardará por lo menos un año en que sus socios de despacho se embolsen el dinero de los poblanos capitalinos sin gestionar nada, salvo un nimio memorándum que en su momento entregarán a los ministros de la SCJN, y si no sabe cómo tramitar una controversia constitucional es porque nunca ha leído la constitución.
Es importante recordarle al síndico de salva que el artículo 40 de la ley reglamentaria establece la obligación de la SCJN de suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios, entonces, aun habiendo realizado un esperpento de demanda en su calidad de defensor del pueblo, en todo caso sus atrocidades jurídicas serían suplidas en queja deficiente, y ni así. Es importante que los ciudadanos poblanos se enteren de las tropelías de estos funcionarios improvisados anidados en el ayuntamiento del municipio de Puebla que preside la peor servidora pública en toda la historia, me refiero a la inefable Claudia Rivera Vivanco.
Lo digo sin acritud, ¡pero lo digo!
















