Por: Rogelio Gómez Hermosillo*.
Los videos de mujeres dando a luz en el patio o en el piso de sendos hospitales públicos son una alerta. La atención del parto, fuente de la vida, debiera ser de las mayores prioridades de los servicios de salud. Por desgracia, estos no son hechos aislados. Muestran la incapacidad para reducir la mortalidad materna. Revelan el potencial de fraude de los servicios estatales de salud.
Gracias a las redes sociales conocemos casos de negligencia de los servicios de salud. Más allá de la responsabilidad específica, estos hechos llaman la atención sobre la realidad de la atención en salud reproductiva en todo el país.
Hay casi mil muertes maternas en México al año (971 en 2011). Nuestro país no cumplirá la meta del milenio de reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes para 2015, como se comprometió en la ONU en 2000. El objetivo es bajar a 22.5 por cada 100 mil nacidos vivos. Para 2011, el indicador está casi al doble: 43.2 (Datos del Observatorio de Mortalidad Materna en México en bit.ly/1gEURG2).
La muerte materna es un escándalo porque su atención es un tratamiento médico de rutina. No se requiere ciencia de avanzada. El protocolo de atención, incluso para casos de riesgo, es norma bien establecida en la salud pública de nuestro país. Hay planes recientes, muy bien diseñados, que han sido contradichos por estos videos.
El problema tampoco es de recursos. Primero porque no se requieren inversiones cuantiosas para la salud materna y reproductiva. Pero sobre todo, por el incremento sustancial al presupuesto de Salud en estos 10 años. El presupuesto del Seguro Popular ha pasado de dos mil millones de pesos (mdp) en 2004 a casi 70 mil millones en 2013. O sea 35 veces más en diez años.
El Seguro Popular requiere una revisión a fondo en su ejecución. Es un mecanismo para financiar el acceso a servicios de salud para población sin seguridad social. El Seguro Popular no tiene hospitales o médicos propios, canaliza presupuesto. La prestación de servicios de salud es responsabilidad de los gobiernos estatales.
El diseño original del Seguro Popular se basa en a) un esquema de aseguramiento financiado con recursos públicos para población sin seguridad social y b) la canalización de esos recursos al prestador del servicio, con base en servicios efectivamente prestados.
En la práctica el Sistema de Protección Social en Salud (nombre formal del Seguro Popular) no funciona así. Los gobiernos estatales reciben recursos con base en el número de afiliados. Los prestadores de servicio (hospitales) reciben recursos con base en presupuesto asignado. En ningún caso cuentan los servicios prestados. Los incentivos están “al revés”: Los gobernadores reciben más recursos por entregar papeles (“afiliaciones”) y “ahorran” al no gastar en los servicios.
Además, el Seguro Popular tiene amplio margen de fraude. Reportes de la Auditoría Superior de la Federación y otros estudios muestran graves problemas en la gestión de los recursos, como ahora lo evidenciaron los videos.
Los gobiernos estatales pueden desviar los recursos. Las Tesorerías estatales —por ser gobiernos soberanos— no están obligadas a entregar todos los recursos a las Secretarías de Salud. Las desviaciones de Granier en Tabasco y varias más muestran además el margen. En tiempos de deuda estatal creciente, estos recursos frescos son demasiado apetitosos.
También hay amplio margen al mal uso de los recursos. Por todo el país se sabe de gastos onerosos e ineficaces, grandes inversiones en hospitales y equipamientos con bajo o nulo uso, o de compra de insumos con sobreprecio. Se incrementa la burocracia, no las plazas médicas o de enfermeras.
La afiliación no garantiza recibir la atención. Encuestas serias muestran que el gasto de bolsillo no se ha reducido. La indígena de Oaxaca relata que además tuvo que pagar 400 pesos. Para mejorar la salud reproductiva hay que mejorar el conjunto de la prestación de servicios de salud.
El Congreso debe actuar. Hay que legislar el reordenamiento de la prestación y financiamiento a la salud. No se trata de centralizar nuevamente. Al contrario, hay que reforzar las responsabilidades de los servicios estatales de salud. Ni hablar sobre “seguridad social universal” sin antes arreglar el pantano de ineficacia y corrupción en los servicios estatales de salud.
La Cámara de Diputados puede actuar de inmediato. Hay que ampliar las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas previstas en el art. 35 del Decreto del PEF 2014. Se deben incluir entre otras, las siguientes obligaciones: 1. Generar un tablero de indicadores de atención efectiva en salud, bajo responsabilidad de la Comisión Nacional y los regímenes estatales (los REPSS). 2. Crear un observatorio ciudadano del Sistema de protección social en salud que exija y valide los indicadores. 3. Ordenar a CONEVAL la evaluación de usuarios para que represente a toda la población afiliada e indague sobre las variables de la atención efectiva. (La actual evaluación de usuarios es una burla. Se aplica a egresados de atención hospitalaria, con un grado de satisfacción cercano al 99%). Además se debe evaluar la cobertura. Hay indicios de una preocupante subcobertura que no corresponde a lo que reporta el padrón de afiliados.
Estamos frente a una gran oportunidad. Con o sin Pacto, puede haber consenso. En la mejora de la atención en salud, el problema no es la disponibilidad de recursos, sino su ejercicio eficaz y transparente. Los beneficios pueden ser múltiples y de gran alcance.
*Consultor de organismos internacionales y experto en programas sociales
Fuente: Excélsior.
















