Por: Diego Valadés.
2015 es un año de prueba para los partidos políticos. No es remoto que muchos electores anulen su voto, como ya ha ocurrido. La confusión generada por alianzas oportunistas con la consiguiente pérdida de identidad ideológica y programática, las fracturas internas, la corrupción y la débil configuración del sistema representativo,
han afectado la percepción social de los partidos. Además, su régimen jurídico está diseñado para servir al interés de los dirigentes en perjuicio de su interacción con los ciudadanos.
El artículo 9° constitucional es categórico: “No se podrá coartar el derecho de asociarse”. Esto significa que no es posible limitar o restringir el derecho de asociación en tanto se cumpla, como es obvio, con los requerimientos para formalizar cualquier acuerdo de voluntades. Sin embargo, en el caso de los partidos políticos, el anterior Código electoral introdujo una limitación inconstitucional conforme a la cual sólo podían integrarse nuevos partidos después de cada elección presidencial. Esta restricción se reiteró, aunque con peor redacción, en la Ley de Partidos Políticos de 2014.
Los requisitos formales sirven para salvaguardar la situación jurídica de los asociados y para resguardar los derechos de la comunidad. Todo asociado es titular de derechos y de obligaciones ante los demás miembros de una corporación y es necesario proteger asimismo los intereses colectivos. En este caso la Constitución prescribe que sólo los ciudadanos mexicanos pueden tomar parte en los asuntos políticos del país.
Hay diferencia entre las formalidades para integrar un partido y el condicionamiento temporal introducido en la legislación reciente. Hasta antes de 1977 la existencia de los partidos dependía de su registro en la Secretaría de Gobernación. Con motivo de la reforma política de ese año la facultad se transfirió a la Comisión Federal Electoral, a la que se atribuyó cierta autonomía. Luego, el Código electoral de 1990 determinó que las agrupaciones políticas podían organizarse en enero del año anterior a la elección y constituirse como partidos a partir del enero posterior a los comicios.
Esa condición resultaba aceptable en tanto que los ciudadanos tenemos derecho a conocer con anticipación suficiente las posiciones y propuestas políticas por las que vamos a votar, y esto podría dificultarse si se formaran partidos cuando el proceso electoral ya está en curso; pero la restricción ahora vigente, que sólo permite constituirlos cada seis años, es una fórmula por medio de la cual las organizaciones dominantes evitan que haya mayor competencia en los comicios. La justificación se basa en que la abundancia de partidos propicia la dispersión del voto, con los efectos correspondientes en la composición del Congreso.
Esa tesis no considera que en una democracia la fragmentación del voto no impide la gobernabilidad porque existe la posibilidad de gobiernos de coalición, que además reducen la concentración del poder y auspician la cooperación entre Congreso y gobierno. En cambio al dificultar la aparición de partidos se producen efectos como el transfuguismo, que diluye los compromisos ideológicos e imprime un tono de oportunismo a la política electoral. Otra consecuencia es la que se observa en los partidos cuyos miembros se ven enfrascados en luchas fratricidas porque el marco jurídico les impide integrar una fuerza distinta. Hay extremos de mayor gravedad pues al evitar que la inconformidad social se encauce a través de vías institucionales, la protesta pública tiende a hacerse permanente.
La unidad de los partidos es muy importante, pero debe promoverse con incentivos, no con limitaciones inconstitucionales. Un sistema plural debe mantener abiertos los canales para que todas las tendencias políticas encuentren acomodo y se expresen a través de las instituciones representativas. Al actuar contra esa lógica se desajusta la vida interna de los partidos y muchos ciudadanos comienzan a actuar al margen de ellos. Por eso en el ámbito político se está generando un fenómeno semejante a la informalidad del mercado. Hay una creciente tendencia a la informalidad de la actividad política, que también ocupa la calle porque el espacio institucional se ha vuelto muy restrictivo.
No hay democracia sin partidos. Cuando las multitudes y las individualidades se alejan de los partidos, y cuando el aprecio público por ellos desciende al punto en el que hoy se encuentra, aumenta el riesgo de la quiebra de la democracia.
@dvalades
Fuente: Reforma.
















