Por: Javier Santiago Castillo.
El miércoles 12 de agosto de 2015 no fue buen día para la equidad en las contiendas electorales. Por mayoría de 7 votos a 4, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió que no ha lugar a la pérdida del registro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La resolución aprobada es contradictoria.
Por una parte, con buenos argumentos, valoró jurídicamente de manera integral las infracciones cometidas por el Partido Verde a lo largo de 7 meses, antes y durante el proceso electoral, distinguiendo las acciones previamente juzgadas y sancionadas en lo individual. Acreditó con suficiencia que no se le estaba juzgando dos veces por las mismas faltas, en consecuencia no se incurría en inobservancia al principio jurídico llamado non bis in ídem.
Ese documento demuestra con nitidez la sistematicidad y gravedad de los actos ilegales en que incurrió el PVEM. El partido infractor violentó el modelo constitucional de comunicación política, desplegó una ilegal y sistemática campaña de posicionamiento mediático indebido y excesivo, utilizó recursos públicos de manera indebida, afectó el voto libre e informado de numerosos electores, incurrió en, al menos, dos desacatos a mandatos de la autoridad. Lo más grave fue el menoscabo del marco democrático de convivencia política y de equidad en las contiendas electorales. Se trata de hechos que resultan de un plan preconcebido, instrumentado con la finalidad de posicionar de forma desmedida a ese partido. En suma es una conducta deliberada, orientada a un fin concreto, que contravino principios constitucionales y derechos fundamentales.
Por sorprendente que parezca, la resolución concluyó en que las faltas en materia electoral no resultaban de una “magnitud extrema”, como para afectar el sistema democrático de derecho. Fue una notable contradicción; una inconsistencia inaceptable. La conducta transgresora no necesita derruir el régimen democrático para ser considerada de gravedad extrema.
En la mesa del Consejo General se argumentó que esas infracciones no alcanzaban la categoría de “gravedad extrema” para que el PVEM fuera sancionado con la pérdida del registro legal. También se dijo que se atentaría contra el “derecho humano” de libre asociación política. Otro argumento fue el de que la sanción no sería proporcional a las faltas cometidas. Y argumentos frívolos como el de comparar este caso con la proscripción en España del partido Herri Batasuna. El último planteamiento central a favor de no sancionar al PVEM fue el de que deben ser los electores y no la autoridad administrativa quienes determinen con su voto la existencia o no de los partidos políticos.
No compartí la resolución, no puedo hacerlo. En la democracia hay reglas que todos estamos obligados a respetar. Los partidos no están exentos de esa obligación. Según esas reglas las autoridades electorales son las responsables de imponer sanciones. No hacerlo es rehusar la responsabilidad ética y legal que corresponde a la autoridad.
En el caso de México la regla es clara, según el artículo 94.1.e de la Ley General de Partidos Políticos, la pérdida de registro se puede dar por “incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto… las obligaciones que le señala la normatividad electoral”.
La resolución en su apartado conclusivo es contradictoria con varios de sus propios argumentos. Lo que la hace endeble. Es por ello que me parece que fue una decisión más política que jurídica. Lo cual sienta un precedente peligroso para la estabilidad política del país y la confianza social en el INE.
Corremos el riesgo de tender un manto de impunidad sobre una conducta ostensiblemente ilegal, con graves efectos sobre nuestra convivencia democrática. No debemos sembrar vientos, porque corremos el riesgo de cosechar tempestades.
Fuente: Reforma.
















