Por: RUBÉN ISLAS.
@RubenIslas3
En una democracia representativa con dominancia de partidos políticos, no se puede hablar de combatir la corrupción sólo viendo a las instituciones de Gobierno y a los servidores públicos. Este es el error de nuestra legislación actual y de las propuestas que circulan por las Cámaras del Congreso.
La razón no formal de la existencia de los partidos políticos es la administración de las relaciones de poder que se dan entre la Sociedad Civil y la Sociedad Política. Fuera de todo misticismo político o utopía idealista, los partidos son cofradías de políticos, y los políticos somos sujetos altamente peligrosos pero necesarios. De ahí el apotegma de que la democracia es la menos mala de las formas de gobierno.
Nuestra legislación en materia de responsabilidades de servidores públicos, ha excluido a los dirigentes y funcionarios de los partidos políticos bajo la regla de que se trata de entidades interés público, pero constituidas bajo el imperio del derecho humano a la libre asociación. Esta mentira política y jurídica, generó una casta de intocables que administran recursos públicos y con ellos establecen relaciones de compromiso e interés con sectores de la economía y la sociedad, realizan negocios al amparo de su actividad partidaria, venden candidaturas entre sus militantes y personajes ligados a la política y los negocios, realizan negocios personales y utilizan clientelarmente los recursos del presupuesto de egresos de la federación y de los estados para cobrar comisiones a cargo de la gestión (los famosos moches).
En una de las brillantes ocurrencias de la modernización legislativa de México, se creó esa aberración jurídica y contraria a la codificación, como regresando al siglo XIX, la de Partidos Políticos. Dirigentes de partidos que tiraron línea a sus diputados y senadores, e impusieron esta Ley cuyo único objeto era la de darle más poder al centro y carcomer más al tan vilipendiado federalismo, con una Ley que dice casi lo mismo que el capítulo correspondiente del ya muerto Código Electoral Federal, pero que no se atrevió a regular las entrañas de los partidos políticos: sus dirigentes.
La ley de marras se limita a darle atribuciones al Instituto Nacional Electoral (nacional porque el federalismo apesta) sólo en lo formal superficial: registro de los partidos políticos nacionales; reconocimiento de los derechos y el acceso a prerrogativas; organización de la elección de sus dirigentes (cuando éstos lo soliciten, no sea que se viole su sagrada autonomía); y fiscalización de ingresos y egresos; pero ignora olímpicamente a sus dirigentes, que deberían ser considerados como servidores públicos en razón del carácter público de los partidos.
Los partidos están obligados por Ley a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático (lo que sea que esto signifique), respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos. Deben abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno.
Se les obliga a rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; así mismo, deben abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos; garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales; elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere la Ley; y cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a la información.
¿Y los dirigentes y administradores de los partidos? ¿En dónde y cómo se regulan sus actividades monetarias y financieras? ¿Qué pasa con el conflicto de intereses y con el enriquecimiento patrimonial de los dirigentes de los partidos, obtenido como consecuencia de su actividad política? ¿De qué manera influyen las instrucciones partidarias en legisladores, munícipes, gobernadores y servidores públicos con afiliación partidaria, en la toma de decisiones que afectan al patrimonio público de la Federación, los estados y los municipios?
Preguntas que no tienen respuesta, habida cuenta de que no existe en México un régimen jurídico que norme a las personas que forman parte de la nomenclatura partidista. Punto de partida para solucionar este defecto institucional de nuestro régimen de responsabilidades públicas, es determinar que la burocracia partidista está constituida por servidores públicos, en razón de que su función es de orden público. Dice la Constitución y lo refrenda la patética Ley de Partidos Políticos: “Los partidos políticos son entidades de interés público”, así no hay excusa alguna para sujetar a está burocracia a las mismas responsabilidades de los servidores públicos del Estado. En contrario, de seguir como hasta el día de hoy, considerándolos como sujetos impolutos, autónomos e independientes, una casta divina e intocable, el huevo de la serpiente de la corrupción seguirá en incubación permanente en el nido partidario.
Fuente: Sdpnoticias.com
















