Por: Rafael Álvarez cordero.
Cuando estábamos haciendo nuestros pininos en democracia en la sociedad de alumnos de la preparatoria, la elección de los representantes se hacía a mano alzada y quien quería serlo hablaba con los compañeros para convencerlos de que votaran por él.
En México, las elecciones se organizaron a lo largo del tiempo,
y después de la Revolución se tuvieron colegios electorales que funcionaban precariamente; fue en 1946 cuando Manuel Ávila Camacho creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral que se convirtió en Comisión Federal Electoral en 1973.
Con el afán de legislar y legislar, en 1977 se publicó la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), y en 1990 se creó el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe), cuyo titular era el secretario de Gobernación, con seis consejeros “sin filiación partidista” (sic), dos diputados y dos senadores.
El asunto electoral siguió bajo la batuta del Ejecutivo hasta que en 1996 se independizó con la creación del Instituto Federal Electoral, cuyo primer objetivo era “fortalecer la confianza y credibilidad de los procesos electorales, regular el acceso a medios de comunicación y crear la fiscalización de los procesos electorales”; sonaba bonito, ya no dependería del Poder Ejecutivo, y hay que reconocer que cuando José Woldenberg fue consejero presidente (1997-2000) funcionó bastante bien, pero la ciudadanización fue un sueño que duró poco, porque los partidos políticos nunca dejaron de tener injerencia en todo lo que ocurría. Y lo que ocurría era importante: publicación de reglamentos y otras disposiciones, selección de los consejeros electorales, asignación de recursos para los partidos políticos y normas para la publicidad en las campañas.
Pero, además, como los mexicanos no creemos en las leyes, para “supervisar” al IFE, se creó en 1994 la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y, en 1996, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como una suprema corte para resolver las diferencias y problemas que surjan en el IFE.
Y todo eso cuesta, y así, en el año 1997, el presupuesto para financiar las campañas de los partidos políticos ascendía a 2,111,493,862.21 pesos, dos mil ciento once millones de pesos para que los partidos los utilizaran para promoción de sus campañas y una cantidad que ascendía a más de seis mil millones para infraestructura, operación, proyectos, etcétera, en tanto que para el TEPJF se asignaron un poco más de mil millones de pesos y a la Fepade otros millones más.
Pero, como siempre sucede en las burocracias, el aumento en los gastos demanda más dinero, dinero que sale de nuestras contribuciones y sirve para que los partidos políticos ensucien calles y avenidas, espectaculares, carreteras y edificios, inunden los medios con spots que no dicen nada, mientras que el propio INE “promueve el voto” con mensajes en dos mil 500 estaciones de radio, con más de 24 millones de anuncios, todo lo cual causa enorme disgusto a los ciudadanos que vemos en nuestras ciudades, los medios y el éter llenos de basura electoral, lo que no “fortalece la confianza y credibilidad en los procesos electorales”.
Pero, además, en 2014, como los legisladores no tenían nada que hacer, decidieron cambiar el nombre al IFE, ponerle una nueva letra, y ¡llamarlo INE!, Instituto Nacional Electoral, con todos los gastos que ese cambio representó, desde la fachada de las oficinas hasta la papelería que se gasta en cantidades exorbitantes. Y claro, con el nuevo nombre, los funcionarios del INE pidieron más, y más y más, y actualmente, sólo en el gasto operativo, hay más de 15 mil millones y a eso hay que añadir los más de cinco mil millones que se destinan a “prerrogativas a partidos políticos”, o sea que vamos ya hablando de 20 mil millones de pesos para las elecciones estatales que habrá este año y a éstos se deberán añadir los casi tres mil millones que solicita el TEPJF, más los que recibe la Fepade.
Pero, además, el INE se instala ahora como la Santa Inquisición y, por decisión del TEPJF, censura a los partidos, “baja” los mensajes electrónicos de todos los partidos y candidatos con argumentos cuestionables y critica acremente a los comunicadores por “abuso a la libertad de expresión”(sic) lo que tampoco contribuye a “fortalecer la confianza y credibilidad en los procesos electorales”.
Total, que en aras de la democracia, se ha construido un monstruo financieramente insaciable que chupa los recursos del país, utiliza nuestros impuestos para que los partidos políticos hagan un cochinero en todo el territorio nacional y, además, se erige en juez de los medios electrónicos, sin dejar satisfecho a nadie. Porque con todo ese monumento a la ineficiencia, las elecciones en México son de las más caras del mundo; cada voto cuesta en Estados Unidos 1.5 dólares, en Chile 1.2, en Costa Rica 1.8, en España 4, en Suecia 2, y en México cuesta 17.24 dólares. ¡Diez y siete dólares! ¿Qué le parece, estimado lector?
El INE es un instituto caro, malo, ineficiente, viola los derechos humanos y no mejora los procesos electorales, por eso vuelvo a mi pregunta: ¿para qué sirve el INE?
Fuente: Excélsior.
















