Por: Ana Laura Magaloni Kerpe.
*El penal de Islas Marías reproduce todos y cada uno de los vicios y problemas de nuestro sistema penitenciario, con algunos agravantes propios de un penal situado en una isla
El pasado 1o. de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó en audiencia temática, a petición de un grupo de académicos y defensores de derechos humanos,
la situación que padecen los internos del penal federal de Islas Marías.
En el sexenio pasado, este centro de readaptación social pasó de ser una cárcel con un régimen de mínima seguridad, en donde los internos vivían con sus familias, a un penal de alta seguridad. ¿Cuál fue el resultado de ello? Según se expuso en la audiencia ante la CIDH, el penal de Islas Marías reproduce todos y cada uno de los vicios y problemas de nuestro sistema penitenciario, con algunos agravantes propios de un penal situado en una isla.
Los viejos vicios del sistema penitenciario están presentes en Islas Marías. Por ejemplo, según señala el escrito de solicitud de audiencia ante la CIDH, la comida es escasa, frecuentemente está descompuesta y provoca enfermedades a los internos. Lo mismo sucede con el servicio médico: existen sólo un médico y un ginecólogo para atender a una población de más de 8000 internos; no existe un cuadro básico de medicamentos, ni mucho menos capacidad para llevar a cabo estudios básicos de laboratorio. Asimismo, como sucede en otros penales del país, en Islas Marías hay un grave problema de sobrepoblación. Según señala el escrito de referencia, “la población penitenciaria en el lugar pasó de alrededor de 800 internos a cerca de 8000. Algunos dormitorios albergan hasta 200 internos”.
Es cierto que muchos de estos problemas son propios del sistema penitenciario mexicano, no sólo de Islas Marías. Sin embargo, en Islas Marías se agravan o magnifican por el aislamiento. Cuando los internos compurgan su pena en un lugar cercano a sus domicilios, generalmente la familia suple algunas deficiencias del sistema. Por ejemplo, la familia provee comida, artículos de limpieza, medicinas, ropa, cobijas, etcétera. Para los internos de Islas Marías no existe esa opción, por lo tanto, las carencias del sistema se notan y se sufren mucho más.
Con respecto al trato a los internos, Islas Marías es un escándalo en violaciones a los derechos humanos. Para empezar, según señala el escrito de solicitud de audiencia ante la CIDH, “el grueso de los internos e internas fueron llevados al archipiélago sin su consentimiento, obligados a firmar un falso consentimiento o bien mediante intimidaciones, a altas horas de la noche, sin que mediara una notificación, sin enterar a sus familiares”. Ello viola el artículo 18 de la Constitución, que establece que es un derecho humano de los internos cumplir sus sentencias en un lugar cercano a sus domicilios y familias. Además, la Suprema Corte ha establecido que ello es central para cumplir con el objetivo constitucional de la reinserción social de los internos.
De hecho, y a propósito de lo que ha dicho la Corte, una de las realidades más difíciles que enfrenta la población de Islas Marías es la imposibilidad fáctica de tener contacto con sus familiares. El uso de teléfono es restringido y complicado. Una visita de la CNDH advirtió que la fila del teléfono era como de 200 personas. Las visitas familiares son prácticamente incosteables para la mayoría de las familias, pero por si ello no fuese suficiente, en Islas Marías las autoridades decidieron, contrario a lo que establece la Constitución, limitar las visitas a cada seis meses y no más de tres visitantes por interno. En la práctica, 90% de los internos nunca ha tenido una visita familiar desde que fueron trasladados al penal.
Finalmente, los malos tratos y las violaciones a la integridad personal son muy frecuentes. Según señalan los peticionarios de la audiencia, “el castigo más común es el aislamiento, el cual ha sido impuesto a cerca del 30% de las personas privadas de la libertad”. Este castigo puede ser de “20 días a 2 meses”. “Durante el aislamiento los internos son golpeados y en ocasiones lo cumplen sin camisa y sin zapatos”.
Islas Marías nos recuerdan, una vez más, el desastre de nuestra política penitenciaria. Los penales, lejos de ser ejemplo de orden y legalidad, son el paradigma del abuso, la corrupción, la impunidad y la violación sistemática de derechos humanos. ¿Qué se pretende lograr con ello? Después de ese régimen de abusos y de corrupción, ¿qué esperamos que haga un interno al ser puesto en libertad? ¿Cómo esperamos que se relacione con la autoridad, la ley, con los otros? El deseo social de venganza o retribución que ha regido nuestra política penitenciaria -“que paguen por lo que hicieron”- nos ha hecho un país menos civilizado, más primitivo, más violento. Dicho de forma opuesta, para reducir la violencia en México, hay que comenzar por establecer una política penitenciaria no violenta, respetuosa de la dignidad de los internos y muy selectiva respecto de a quién se le aplica ese castigo y por qué. Ojalá que la intervención de la CIDH en el caso de Islas Marías nos permita comenzar a caminar en la dirección correcta (y opuesta).
Fuente: Reforma.
















